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La minería siempre estará por encima de todo, incluso del patrimonio: Santoyo

La minería siempre estará por encima de todo, incluso del patrimonio: Santoyo
Leonardo Santoyo Alonso, director de la Unidad Académica de Antropología de la UAZ n foto: alma ríos
  • Hay “una especie de derrota” de la preservación patrimonial ante el extractivismo, dice

La minería está considerada como actividad prioritaria en la legislación mexicana, y por tanto, “siempre estará encima de todo, incluso de la –conservación y preservación- del patrimonio llámese arqueológico o histórico, incluso inmaterial, porque las mineras son capaces de desplazar poblaciones acabando con esto que de pronto no se ve, las tradiciones, las costumbres de un lugar”, expuso Leonardo Santoyo Alonso.

El director de la Unidad Académica de Antropología de la Universidad Autónoma de Zacatecas fue entrevistado por este medio sobre el tema de las jerarquías legales en la normativa del país y su capacidad para la protección del patrimonio cultural de los mexicanos e incluso universal, con motivo de la reciente noticia del daño a un tramo del Camino Real de Tierra Adentro (CRTA) ubicado en el municipio de Vetagrande.

“En parte sí hay una especie de derrota” de la preservación y conservación patrimonial ante el extractivismo, dijo, pues sólo algunos mecanismos han servido para frenarlo cuando se involucran vestigios arqueológicos o monumentos históricos, la existencia de expedientes formales de los mismos; pero no siempre se generan, expuso.

Cabe recordar que de la vía que corre desde el centro del país hasta el estado de Texas, se integraron en 2010 algunos de sus puntos a la lista de patrimonio mundial de la Unesco en calidad de itinerario cultural.

Este procedimiento, observó el académico, tuvo que ver más con el tema turístico y dejó fuera algunos de sus tramos, como es el caso de Vetagrande.

Esta protección discrecional y el desconocimiento que prevalece de algunos de sus segmentos y su dinámica al paso de los años, pues no todos fueron originados en el siglo 16 y 17, ha producido que algunas partes “pueden ser sacrificables”, un hecho que el estudioso contrastó con el caso de los templos, y que propuso como una dualidad respecto de la protección que otorga en cada caso la Ley Federal sobre Monumentos.

“Entonces esta ambigüedad de la ley es la que ha hecho que las mineras y cualquier compañía incluso la CFE, no hablemos de las famosas empresas que crean los gasoductos, hagan y deshagan”.

Recordó a colación de este último caso, una experiencia ya vivida en su carrera profesional en que le tocó atestiguar la desaparición de estructuras de origen maya de entre 15 a 16 metros de alto “en media hora, literalmente”, destruidas por uno de estos consorcios.

“Y supuestamente estas empresas habían realizado ya un primer diagnóstico. El asunto es que ningún arqueólogo estuvo presente para poder decir qué había, cómo era. No se hicieron los rescates”.

En el caso del tramo del Camino Real de Tierra Adentro es la minera Santacruz, de capital canadiense, a quien se señala como causante de los daños –que podrían derivar en el colapso del vestigio- y que fueron ya admitidos por autoridades municipales y estatales y atestiguados por el Colegio de Arquitectos de Zacatecas y la Apazac.

Respecto del tema legal, en la conversación con el académico se observó que en el año 2011 se hizo una reforma a la Constitución en materia de derechos humanos, y han sido incluidos en su artículo primero los respectivos a la cultura.

Comentó sobre la jerarquía que refiere esta protección con respecto a leyes generales y federales, que el tema sigue siendo “complicado” porque la voracidad hace pasar por encima “de todos estos supuestos derechos” que contempla la Carta Magna.

“Si nos paran en cada esquina para interrogarnos porque supuestamente somos unos malandrines cuando la Constitución ampara que podemos circular libremente sin ninguna restricción, y no se nos tiene que detener por ningún motivo, salvo que cuando haya una orden expresa… si esto sucede a nivel diario, obviamente –la protección a- lo cultural se ha perdido”.

Santoyo Alonso reiteró que existe un problema con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos que data de 1972, pues normalmente no contempla este tipo de vestigios –caminos-, la parte histórica ya queda muy ambigua, lo prehispánico tiene un relativo cobijo, pero a partir de 1850 hacia acá literalmente están a la vera de Dios”.

Dijo que existe el interés entre los arqueólogos y antropólogos de actualizar las leyes en la materia, de manera que entre los elementos integrados en la denominada planilla naranja con miras a renovar el Comité Ejecutivo del Sindicato de Investigadores y Profesores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hay gente involucrada “en este proceso, sangre nueva que intenta darle un giro a esto”, pues la Ley Federal sobre Monumentos “ha sido demasiado flexible”.

Opinó que uno de los puntos que deben integrarse a la normativa, sería al modo como se intentó con el denominado impuesto minero, incluir un apartado que establezca que las compañías extractivistas se hagan responsables “de cubrir los gastos necesarios para que uno, dos, tres arqueólogos o arquitectos, gente que tenga que ir a hacer los rescates –de vestigios arqueológicos o monumentos históricos o artísticos”.

Comentó que normalmente se hacen acuerdos o convenios con los consorcios, que unos sí cumplen, pero en otros “se hacen de la vista gorda”.

“Sabemos que no es posible conservarlo todo, es muy complicado. Ese es el problema que tiene la arqueología, convivimos con los muertos pero también están los vivos, que obviamente, cuentan”.

Refirió el caso de la construcción de las obras del Metro en la Ciudad de México en las que se destruyeron “cualquier cantidad” de vestigios, “pero ahí por lo menos sí estaban arqueólogos presentes” y quedó registro de los elementos patrimoniales, además, fueron las compañías desarrolladoras quienes pagaron sus salarios.

“Es lo que debería de hacerse porque ahora se habla de que todas las instituciones de este país están en crisis económicas, pero curiosamente todas las empresas privadas derrochan dinero a lo grande. Entonces si tienen tanto, una manera de la Federación de hacerse de estos recursos seria obviamente obligándolas a pagar todo el material que sea necesario: recursos humanos, incluso materiales para llevar a buen término esto”.

 

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