- Hay condiciones de inseguridad ante las que el Estado “parece un simple espectador”, opinan
- ASE señala más de 6.8 mdp de responsabilidades resarcitorias en 7 municipios y un sistema de agua potable
Este martes, los diputados de la 62 Legislatura local subieron a tribuna en la parte de asuntos generales de la sesión ordinaria para expresar su solidaridad con el fotoperiodista Ricardo Reyes, por el asesinato de su hijo así como con todos los familiares de las víctimas de la violencia en el estado.
La legisladora Geovanna Bañuelos fue la primera en intervenir y aseguró que “hoy otra familia más está de luto” y cuestionó: “¿cuántas víctimas más debemos poner para revertir la situación?”; unas condiciones de inseguridad, añadió, ante las que el Estado “parece un simple espectador”.
Al igual que la mayoría de los diputados que intervinieron para abordar este tema, señaló que esta problemática no debe politizarse; “no podemos ni debemos usar estas tragedias para sacar raja política”.
Bañuelos de la Torre aseguró que es imperante que se informe de manera puntual sobre el número de víctimas de homicidio a las que no se les ha encontrado algún vínculo con grupos de la delincuencia organizada y que se aclare en cuántos de estos casos se ha hecho justicia.
Reiteró la exigencia de renuncia del secretario de Seguridad Pública, pero también de todos los funcionarios del gabinete de seguridad que no estén actuando para revertir las condiciones de violencia que vive el estado, incluyendo al propio gobernador Alejandro Tello Cristerna.
Asimismo, apuntó que desde el Poder Legislativo deben coadyuvar con la elaboración de leyes “más justas”, con la orientación del presupuesto a los sectores más vulnerable y con la fiscalización del manejo del recurso público.
El diputado Carlos Peña Badillo habló en representación de las fracciones parlamentarias del PRI, del PVEM y del Panal para expresar su solidaridad y enviar condolencias al fotorreportero zacatecano y a su familia.
Asimismo, recalcó la exigencia de que se trabaje para advertir los errores que se están cometiendo y proponer así cambios y soluciones no se realiza como representantes populares sino como ciudadanos, “por ser hermanos, padres, hijos, abuelos, familiares de personas que han enfrentado el dolor”.
Insistió igualmente en que este tema no debe polarizarse porque “nos atañe a todos como sociedad. Se trata de reconocer lo que hemos hecho mal” y añadió que no se trata de buscar culpables, sino de “asumir la parte que nos corresponde” a cada uno como sociedad, legisladores y gobierno.
El legislador Omar Carrera sostuvo que se debe pasar del discurso a la acción, pues consideró que es momento de preguntarle al gobernador “en qué podemos ayudar” para conjuntar esfuerzos que conlleven un cambio en el clima de violencia que azota el estado.
Por otra parte, José maría González Nava indicó que “tenemos que implementar acciones que nos lleven a generar resultados positivos en esta lucha contra la delincuencia” y el diputado Luis Medina Lizalde consideró que las autoridades del estado están “actuando para salir del paso”, pero no existe una verdadera estrategia de seguridad.
Otro de los comentarios que se hizo de manera reiterada fue el de cuestionar si se actuará por parte de los actores políticos cuando los afectados sean familiares de algún diputado o funcionario y una petición más que se realizó, ahora por parte de la legisladora María Elena Ortega Cortés, es que se solicite directamente la comparecencia del mandatario estatal Tello Cristerna.
Pinos y Villa Hidalgo, zona de desastre por lluvias
El diputado Gustavo Uribe hizo uso de la voz para exponer que en días pasados en los municipios de Pinos y Villa Hidalgo se registraron lluvias fuertes que provocaron daños materiales e inclusive la muerte de una persona.
Mencionó, en su intervención, que hay 530 viviendas afectadas en techos, muros, pisos y enseres domésticos, además de que aún se están contabilizando las afectaciones agrícolas y ganaderas.
Debido a esta situación, informó que en la legislatura local se instalará un centro de acopio de alimentos y agua embotellada para apoyar a las personas afectadas, por lo que hizo un llamado a la sociedad a solidarizarse con los habitantes de aquella región.
6.8 millones de responsabilidades resarcitorias
Un total de 6 millones 841 mil 365.61 pesos es el monto de responsabilidades resarcitorias que señaló la Auditoría Superior del Estado (ASE), y que se respaldó en los dictámenes elaborados por los legisladores locales, en siete municipios y un sistema de agua potable y alcantarillado.
Esta cifra se deriva de la revisión realizada a las cuentas públicas de 2015 de los municipios de Calera, con 513 mil 507.34 pesos; Juchipila, con un millón 582 mil 794.09 pesos observados; Tabasco, con un monto de 440 mil 886.24 pesos; Tepechitlán, con 38 mil 407.18 pesos; Villa de Cos, con 606 mil 877.18 pesos; Francisco R. Murguía, con un millón 748 mil 382.11 pesos y Genaro Codina, con un millón 880 mil 210.16 pesos, así como al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Calera, con 30 mil 301.31 pesos de responsabilidades resarcitorias.
