La polémica alrededor de la partida 1711 del presupuesto de egresos estatal 2016, mediáticamente conocida como “nómina secreta” y donde se contemplaba el “Pago de Estímulos a Servidores Públicos” en el último año de la administración alonsista, previene un nuevo intercambio de posturas políticas.
La LXII Legislatura del estado ha llamado a comparecer a la titular del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública mediante un exhorto con carácter de urgente resolución, aprobado por la totalidad de los legisladores presentes en la pasada sesión ordinaria.
Propuesta por la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en la voz del diputado Omar Carrera Pérez, la comparecencia busca refrescar la controversia de declaraciones terciadas entre Gobierno del Estado, el organismo garante del acceso a la información y la promotora de la investigación de los estímulos salariales, la ex diputada Soledad Luévano Cantú.
Sin embargo, la ronda de preguntas de los legisladores carecerá de un elemento de vital importancia para clarificar el proceso de apertura de la información, y es que dentro del contexto en que se realizará este ejercicio legislativo permanecen ausentes las pruebas que presentaría el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, para respaldar la versión que dio a los medios de comunicación el pasado 3 de mayo en donde aseguraba que el Instituto de Acceso a la Información y/o la ex candidata de Morena habrían alterado las datos presentados en la plataforma del organismo garante.
En un primer encuentro con medios locales el pasado 2 de mayo, el secretario de Finanzas defendió la legalidad de la “nómina secreta” en virtud de que eran pagos contemplados en el presupuesto de egresos. Además los datos, según esa versión, no fueron ocultados sino que fueron entregados más tarde al interponer una prórroga para su presentación.
Dos días después, vía telefónica Jorge Miranda aseguró a La Jornada Zacatecas que presentaría íntegramente, en un par de semanas, la percepción de los funcionarios públicos envueltos en el enredo mediático. Al día de hoy la Secretaría de Finanzas no ha emitido nuevas informaciones al respecto a la controversia por la partida presupuestal 1711.
En el inter, medios de comunicación local aseguraron tener en su poder “documentos que precisaban los salarios y compensaciones de los diferentes niveles de puesto de los trabajadores del Gobierno estatal” (Imagen de Zacatecas, 3 de mayo), así como recibos de “algunos ex funcionarios… por este concepto [bono de productividad] donde se especifica que la transacción se realizaba una vez al mes” (La Jornada Zacatecas, 8 de mayo), y no quincenalmente como lo asegura la organización Soledad Ciudadana.
Por cierto, la información publicada por ambos medios sin su sustento definitivo – los datos que supuestamente daría a conocer Finanzas mediados de mayo- tampoco cuadró en las cifras de los pagos de salarios y compensaciones que buscaban clarificar en sus investigaciones, con lo que las editoriales propiciaron el ambiente de confusión.
Por ejemplo, Imagen de Zacatecas aseguró que las compensaciones que recibieron los secretarios de Estado del sexenio pasado rondaba los 22,013 pesos, mientras que La Jornada Zacatecas basó su investigación en un talón de pago por concepto 1, con una supuesta compensación (el concepto no se relacionaba inmediatamente con el pago de estímulos) de 47 mil pesos con siete centavos a nombre de Jaime Santoyo Castro, secretario de Gobierno.
Los medios ingresaron a la coyuntura para intentar depurar la información que, asumieron, debía estar contaminada con fines políticos de parte de Soledad Luévano. Con ello se deslindaron de su principal responsabilidad: ir al fondo del asunto. Antes que solicitar los datos pendientes de publicitar y con los cuales Finanzas probaría que el IZAI y Soledad efectivamente alteraron la información, presentaron listas de pagos igualmente ambiguas y talones de pago que no especificaban el concepto que se estaba remunerando.
¿Qué podemos esperar entonces de una comparecencia al respecto de un tema no acabado, cuando los mismos partidos también han permanecido ausentes en la agenda para clarificar definitivamente la bomba mediática propiciada por la “nómina secreta”? Previo a la comparecencia de Julieta del Río, la Legislatura debió insistir en que Finanzas presentara esos datos y pruebas con los que podría dar solidez a un conflicto político ambiguo.
El escenario legislativo más bien ahora le daría rentabilidad al Instituto de Acceso a la Información si aprovecha la ocasión para confirmar su imparcialidad como organismo garante de la transparencia. El episodio además lo obliga a que en próximos ejercicios presupuestales coadyuve a que los sujetos obligados desarrollen prólijamente sus criterios informativos.
El gran ausente volverá a ser Gobierno del Estado, vía la Secretaría de Finanzas, al no presentar ni los datos ni las pruebas con que construyó su argumento de defensa. Aún está a tiempo de ofrecer los documentos apalabrados.
Los deudores: los medios de comunicación al intentar clarificar los intereses antes que informaciones. ■
Twitter: @GabrielConV
