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martes, 19 marzo, 2024
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Asesinato de líder wixárica, prueba del sometimiento en que están los indígenas

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Por: ALMA RÍOS •

  • Miguel Ángel Torres Vázquez fue asesinado a tiros el sábado 20 de mayo
  • El crimen tendría que ver con la función social del dirigente y los conflictos que representaría para los poderes externos a los pueblos huicholes: investigador

Miguel Ángel Torres Vázquez “era un funcionario de una gran importancia para su sociedad porque tenía el cargo de custodiar lo más importante para la vida de un indígena huichol, que es la tierra”. Su cargo lo haría asimismo, equivalente a un representante del servicio diplomático, expuso Leobardo Villegas Mariscal, docente investigador en la Unidad Académica de Filosofía de la UAZ y estudioso de la cultura wixárica.

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El asesinato a balazos, el pasado sábado 20 de mayo, del hasta hace unos meses presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán, uno de los cinco grandes pueblos huicholes, “es una prueba más del sojuzgamiento en que se encuentran los indígenas de este país y que delata el vacío de poder en que nos encontramos”.

Dijo que si en las sociedades urbanas se cometen crímenes que no se solucionan, en un lugar como Tuxpan de Bolaños, municipio donde se encuentra la localidad en que fue atacado el líder comunitario, misma que está a cuatro horas por caminos de terracería desde Colotlán, Jalisco, “te pueden matar y no pasa nada”.

La nota periodística que circuló con motivo del asesinato de Miguel Ángel Torres Vázquez  y su hermano Agustín, este último que fue muerto a su salida del hospital de Mezquitic, Jalisco, a donde había sido trasladado el primero, presume que los atacantes, en ambos casos, eran las mismas personas.

Según versión de la Fiscalía General de Jalisco los responsables habrían sido integrantes de “una célula criminal que opera entre los límites de Jalisco y Zacatecas”, así lo refiere el periódico La Jornada.

En otra nota, esta de Reverso, recuperada en el sitio https://cronicadesociales.org, se señala Miguel Ángel Torres Vázquez fue “miembro activo de la defensa de los lugares sagrados del Pueblo Wixárica, uno de los fundadores del Consejo Regional Wixárica por la Defensa de Wirikuta (en 2010) e integrante de la Mesa jurídica”.

Torres Vázquez litigó y encabezó protestas en la ciudad de Guadalajara para demandar la restitución de tierras al territorio huichol.

“En su mandato, la comunidad de San Sebastián logró la recuperación de 184 hectáreas de los predios de Piedra Bola y Bola Negra, el 22 de septiembre de 2016, este era sólo uno de los 12 juicios a favor de la comunidad, pues hay en proceso la recuperación de 10 mil hectáreas por invasión histórica”.

Ambos, Miguel Ángel y Agustín, su hermano, eran promotores y defensores de los derechos indígenas.

El crimen, en opinión de Leobardo Villegas Mariscal, tendría que ver con la función social de Miguel Ángel y los conflictos que representaría para los poderes externos a los pueblos huicholes, pues la amenaza permanente al territorio wixárica desde los años 50 del siglo pasado ha generado reiteradas reyertas con poblaciones mestizas.

“Es una situación compleja” la que enfrentan los pueblos huicholes con el gobierno y gentes de grandes recursos económicos que acumulan tierras y negocios en la sierra, dijo.

“Nosotros tenemos situaciones más ventajosas porque vivimos en las ciudades” y aun así se padece la falta de justicia, observó. “En la sierra es más complicada la situación de inseguridad. Ahí puede ser más grave porque te pueden matar y simple y sencillamente no va a pasar nada”.

Para los pueblos wixaritari, la tierra no es una pertenencia. Los 4 mil kilómetros de extensión de su territorio en la sierra es una propiedad comunal y no una mercancía, porque “no puede venderse a alguien a quien uno le debe todo, ¿cómo puede venderse a una madre? La tierra es una madre” en su lógica, explicó el académico.

A los huicholes “se les asigna un predio que tienen que cuidar, vivir en él, sembrar su cultivo y estar al tanto de pagar las contribuciones”, que son administradas por el Comisariado de Bienes Comunales quien se encarga de reportarlas al catastro de los pueblos mestizos.

Esta es una concepción muy diferente a la que tienen las sociedades mestizas. No obstante para las poblaciones de este tipo que colindan con el territorio wixárica o se han insertado en él, a través de invasiones como el caso de Amoles (que se encuentra cerca de otro de los grandes pueblos wixaritari, San Sebastián), siendo gente de campo sienten gran aprecio por la tierra pues les representa riqueza, dijo.

“Y el hecho de que les quiten unas hectáreas, implica que la gente como esos huicholes que acaban de matar, se someta a gente que está armada y tiene mucho poder económico”.

Villegas Mariscal refirió que en Puente de Camotlán y Huajimic, éste último referido periodísticamente como un punto de conflicto entre ganaderos y litigios interpuestos por Miguel Ángel Torres Vázquez, desde los años 50 del siglo pasado se han presentado invasiones de tierras por parte de mestizos.

En los años 60, Pedro de Haro, un líder wixárica de origen mestizo que fue adoptado en la comunidad y llegó ser chamán, comandó un movimiento semiarmado en contra de los ganaderos de Puente de Camotlán, “porque había invasiones como las hay ahora”.

“Él estuvo recluido en la cárcel. Los huicholes de ahora han corrido peor suerte porque los han matado, pero esa pugna por invasiones se remonta por lo menos a los últimos 50 años, la documentación habla de invasiones de gente de Huajimic, de Puente de Camotlán al territorio huichol”.

El problema llegó tener tal intensidad refirió, que durante la presidencia de Vicente Fox Quesada, el Gobierno Federal concretó acuerdos “para sacar” a la gente de Puente de Camotlán que invadía los territorios wixáricas.

“Y ahí se liberaron algunos terrenos que habían estado en pugna, pero eso no arregló la cuestión, la amenaza de invasión de la tierra huichol siempre ha sido actual. No solamente en esa región sino en todas las áreas que rodean al territorio” de los cinco grandes pueblos huicholes.

Las muertes de Miguel Ángel y Agustín Torres Vázquez, “son un acontecimiento de una gran injusticia social y que delata el vacío de poder en que nos encontramos en este país (…)  va a ir alguien a hacer un trámite burocrático y se va a cerrar el caso. La prensa va a dar nota uno o dos días y esto va a pasar como una estadística más. Y hay que luchar contra ello, porque finalmente el asesinato de estos huicholes que no eran cualesquiera, es como si nos matasen alguien del servicio diplomático, eran funcionarios de una gran importancia para su sociedad”.

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