La Función Pública busca “poner candados a la corrupción” e impunidad: Paula Rey

La Función Pública busca “poner candados  a la corrupción” e impunidad: Paula Rey
La Secretaría de la Función Pública desarrolló este lunes el curso taller denominado Procedimiento de Responsabilidades Administrativas ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Revisan varias leyes estatales susceptibles de ser inconstitucionales, explica

“Las experiencias que hemos vivido nos tienen que servir para ir actuando y poniendo candados e ir viendo cómo sí le hacemos frente a la corrupción”, aseguró la secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, al recordar los centenares de casos que quedaron en la impunidad por la inconstitucionalidad de la antigua Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

Esto lo expuso tras señalar que ya trabajan en la actualización de otras leyes que actualmente también adolecen de la misma situación por la que se echó abajo la Ley de Responsabilidades, y que se trata de la ausencia de una de las firmas obligatorias para dar validez al texto legal.

Mencionó, por ejemplo, la Ley de Adquisiciones y la de Obra Pública. No obstante, este problema ya había señalado anteriormente por el diputado Luis Medina Lizalde, quien en una sesión ordinaria de la 62 Legislatura local informó que a la fecha hay 38 leyes susceptibles de ser declaradas anticonstitucionales porque no tienen el refrendo de la firma del secretario del ramo.

Entre los ordenamientos jurídicos en estas circunstancias que destacó el legislador se encuentran las leyes de Salud, de Patrimonio del Estado y sus Municipios, la de Administración y Finanzas Públicas, la de Fomento para el Desarrollo Económico, de Deuda Pública para el Estado y sus Municipios, la de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, de Asistencia Social, la ley de Desarrollo Social y hasta la de Protección Civil.

La gravedad de estos hechos se demuestra con las implicaciones que tuvo la falta de firma del Oficial Mayor de 2001 en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Debido a la declaratoria de esta legislación como inconstitucional, todos los procedimientos que se juzgaron hasta 2012 en cuanto a posibles irregularidades cometidas por servidores públicos “no desembocaron en ninguna sanción porque no iban a prosperar y las que se realizaron fueron eliminadas por los tribunales correspondientes por provenir de sanciones con base en una ley anticonstitucional”, expuso la secretaria de la Función Pública.

Además de la imposibilidad de sancionar, la funcionaria precisó que también se recibió la dependencia con un rezago de “cientos” de expedientes que pese a corresponder a ejercicios anteriores no había sido iniciada su revisión.

“Sí son cientos de expedientes que habrán de salir todos como corresponda y si están con base en una ley que fue decretada inconstitucional, en base a ello también tendremos que actuar, pero tenemos que cerrar esos expedientes”, sostuvo.

La funcionaria agregó que “aquellos donde sí podamos entrar al análisis con base en una ley distinta y también si ya fueron sustanciados por una instancia anterior o la propia Auditoría Superior del Estado y tengan elementos que nos permitan llegar a una sanción, así lo habremos de hacer”.

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