■ Morena insiste en la necesidad de destituir a Froylán Carlos Cruz, titular de la SSP
■ Diputados aprueban exhorto a municipio de Fresnillo para que se analice problema de robo y vandalismo a planteles educativos
En materia de seguridad, el grupo aliado al interior de la 62 Legislatura PRI-Nueva Alianza-Verde Ecologista, consideró de “urgente y obvia resolución” el punto de acuerdo para atender el tema del vandalismo y robo en las escuelas públicas de Fresnillo, y no así las solicitudes al gobernador para que entregue “a la brevedad posible” a los legisladores el Programa de Seguridad Pública y Prevención del Delito del Estado de Zacatecas, y otro que solicitaba ejerciera su facultad de remover del cargo a Froylán Carlos Cruz y nombrar a un sucesor.
Mientras que la diputada perredista María Elena Ortega Cortés y el coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional, Luis Medina Lizalde, expusieron el problema de la seguridad pública en la entidad como el principal y dijo éste último, que “va en aumento de manera exponencial y estamos en riesgo inminente del colapso” de la Policía Estatal, desde la bancada del tricolor para dar voz pública a lo ya determinado por la mayoría al interior de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), Carlos Peña Badillo sostuvo que “el tema ya está atendido” y calificó de “necedad” de sus pares de oposición llevarlo a la tribuna.
María Elena Cortés expuso las tres posturas ayer esgrimidas en materia de seguridad pública en Zacatecas de forma simplificada: Una en la que se cree “que no pasa nada”, otra que propone que “cambiando a personas que han demostrado no tener perfil para el cargo” en la titularidad de la SSP “será garantizado nuestro derecho”, y otra más que busca encontrar diagnósticos y elementos, y “por lo menos conocer el Programa de Seguridad Pública” para abordar la problemática, que dijo, es multifactorial.
En tanto que fue rechazada la solicitud de considerar de obvia y urgente resolución los dos puntos de acuerdo que solicitaban tanto el Programa en la materia como el exhorto a que el gobernador Alejandro Tello ejerza su la facultad constitucional de destituir a Froylán Carlos Cruz en la titularidad de la SSP, y los asuntos fueron remitidos a comisiones para su discusión, la legisladora preguntó: “¿Y mientras quién le va a garantizar la seguridad pública a Zacatecas?”.
La circunstancia que determina lo que pasa o no pasa en el congreso local como punto de obvia y urgente resolución, ya había intentado salvarse por la diputada priísta Isadora Santivañez, al revirarle a Ortega Cortés: “no tenemos la culpa de ser mayoría. Somos la mayoría porque la gente así lo decidió”.
En réplica la perredista hizo un llamado a la población para que a través de una consulta ciudadana “se pueda sensibilizar a la legisladora para que vea qué dice la real, real mayoría –subrayó con la voz- del tema de seguridad pública” en Zacatecas.
La solicitud del Programa de Seguridad Pública y Prevención del Delito que hizo Ortega Cortés al Ejecutivo del estado, fue acompañada de 13 planteamientos para mejorarlo y que se aleja del planteamiento de solución solo con “balas y chalecos”.
Ante la falta de respaldo de sus pares para obtener este documento que las bases policiacas han denunciado de inexistente (con base en lo cual han manifestado en parte su solicitud de remoción del cargo de Froylán Carlos Cruz), la perredista llamó a las exposiciones en tribuna de la 62 Legislatura, “el área de llamados a misa”.
Los argumentos de Luis Medina Lizalde hablaron de una espiral de violencia en la entidad “como no se había visto en más de 100 años”, el fracaso de la estrategia de seguridad implementada por los tres niveles de gobierno que insiste en atacar las consecuencias y no las causas del problema.
La orientación al tema de miles de millones de pesos, sólo en 2017, más de mil 570, y no obstante, el que Zacatecas siga ocupando los primeros lugares nacionales en homicidios, ejecuciones, secuestros y extorsiones.
Sostuvo que el secretario de Seguridad Pública “vive alejado e insensible a esta problemática” y desatiende el tema con los medios de comunicación o bien se muestra agresivo en su trato con ellos.
Dijo entender el uso político de la CRICP, “pero no le demos el mensaje al general Froylán de que aquí tiene guaruras políticos porque en lugar de ayudar a quien quieren ayudar lo van a afectar”.
Sostuvo que la designación del militar en retiro para la titularidad de la SSP fue un error de Alejandro Tello, y que la dificultad para su destitución obedece a que fue recomendado por el secretario de la Defensa Nacional; observó que el exhorto desde el Pleno de la Legislatura al Ejecutivo del estado le daría al gobernador un “argumento decoroso para decirle al general Cienfuegos, pues ya no lo pude sostener en el puesto”.
La remoción del secretario está siendo solicitada por diferentes actores sociales refirió, y destacó entre ellos a las propias bases de la Policía Estatal, la corporación policiaca más numerosa del estado (970 elementos).
“Los propios policías no creen en el mando, no está legitimado, no confían en él. No están convencidos; hay una relación crítica. No creo ser el único diputado que recibe testimonio del personal de Seguridad Pública”.
Dijo entonces que Tello se hará un favor a sí mismo si abandona su “actitud indecisa y reconoce que hizo una designación equivocada”, ya que el Poder Legislativo se negó a darle sustento para la remoción del cargo de Froylán Carlos Cruz, cuya permanencia, si se sustenta en “cuidar la imagen”, se traduce no obstante “en sufrimiento para la población de Zacatecas”.
El legislador priísta Carlos Peña consideró que el derecho asiste a los diputados para hacer exhortos desde la tribuna, “pero tampoco se trata de darle gusto a nadie” y que referirse al tema es excederse en la “necedad” pues “ya se ha atendido”, toda vez que se le han hecho señalamientos puntuales al secretario y se le ha ofrecido la solidaridad de acompañarlo “en mejores condiciones para acompañar su trabajo”.
El ex alcalde de la capital negó que los diputados de su bancada fueran “guaruras de nadie” y dijo que el exhorto propuesto por Medina Lizalde al Ejecutivo, invadía la competencia de poderes.
El punto de acuerdo propuesto “como de obvia y urgente resolución” por la diputada Guadalupe Flores Escobedo, del Partido Verde Ecologista de México, en que exhortó a las autoridades del ayuntamiento de Fresnillo, la Secretaría de Educación del estado y la de Seguridad Pública para que inicien “una serie de mesas de análisis y trabajo en torno al problema de robo y vandalismo a los planteles públicos educativos del municipio”, fue respaldado por todas las bancadas partidistas con 22 votos a favor, cero abstenciones y cero votos en contra.
