Asociaciones internacionales piden clausurar “ciclo letal de violencia e impunidad” contra periodistas

Asociaciones internacionales piden clausurar “ciclo  letal de violencia e impunidad” contra periodistas
La CIDH, en su informe de 2016 sobre la “Situación de Derechos Humanos en México”, expuso en el apartado dedicado a periodistas, que los profesionales que denuncian “corrupción administrativa, narcotráfico y delincuencia organizada son asesinados, desaparecidos, amenazados, secuestrados y agredidos” ■ FOTO: PROCESO

■ México, “el país más mortífero del mundo” para el gremio: Reporteros Sin Fronteras

■ Impunidad, elemento que permite la reiteración de los ataques contra comunicadores y defensores de derechos humanos en México, advierte la ONU

■ Amnistía Internacional equipara el ejercicio del periodismo en el país como “una sentencia de muerte”

Apenas el 4 de mayo pasado Enrique Peña Nieto se comprometió con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) a garantizar el ejercicio de las libertades de expresión y prensa. El mandatario celebró entonces que en México se debatían “libremente las ideas y opiniones” y no obstante los altos índices de impunidad que prevalecen en los casos de ataques mortales y desaparición de periodistas, ostentó a su gobierno como uno en el que se ha reforzado el Estado de Derecho y que trabaja para “consolidar” el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El discurso no alcanzó a Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y fundador de Ríodoce, quien pocos días antes de morir estuvo en la Ciudad de México sondeando posibilidades para su protección luego de recibir otra amenaza, pero “de un calibre diferente al acostumbrado”, según refiere Blanche Petrich en su nota del 16 de mayo aparecida en el periódico La Jornada.

Este 16 de mayo, un día después de la muerte del escritor y periodista especializado en temas de narcotráfico, que fuera asesinado por cuatro encapuchados en Sinaloa, el fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez, admitió que la violencia contra periodistas “nos está rebasando como fiscalía”.

Organismos y organizaciones nacionales e internacionales defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión en particular, e incluso el Parlamento Europeo, han hecho llamados reiterados al Estado Mexicano para que intervenga a fin de clausurar “el ciclo letal de violencia e impunidad” en que se realiza el trabajo periodístico en el país.

Así lo exponía Reporteros Sin Fronteras (RSF) el pasado 2 de febrero en su informe “Veracruz: los periodistas frente al Estado del miedo”, donde exponía además de la situación de este que se manifiesta como el estado más peligroso para ejercer el periodismo, la puntualización de que México es “el país más mortífero del mundo” para el gremio.

Luego de dos días recientes (entre el sábado 13 de mayo y el 15 del mismo mes) en que se registraron tres ataques más a periodistas, en Guerrero, Sinaloa y Jalisco, entre ellos el que dejó sin vida a Valdez Cárdenas, la organización reiteró su petición a las autoridades para que “detengan lo antes posible a los responsables” del que calificaron como acto odioso que “evidencia el estado de emergencia en que se encuentran los periodistas mexicanos, sobre todo los que cubren temas delicados como el narcotráfico y el crimen organizado”.

Con este motivo, su director de Despacho en América Latina, Emmanuel Colombié, instó al gobierno mexicano a “actuar de manera proporcional a la gravedad de la situación y reforzar cuanto antes los mecanismos de protección de periodistas”.

En mismo tono se expresó también ayer el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien focalizó en la impunidad el elemento que permite la reiteración de los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos en México.

El funcionario expuso que la investigación, persecución y emisión de sentencias a los perpetradores “sería la mejor prevención” para que no se repitan los ataques, y llamó al Gobierno Federal a fortalecer los mecanismos de protección elevando la asignación de presupuesto para ello.

A las convocatorias se han sumado Amnistía Internacional (AI), quien equipara el ejercicio de la profesión periodística en México con “una sentencia de muerte” y exhibe el caso omiso que hacen las autoridades como un profundo vacío que además del derramamiento de sangre “afecta el ejercicio de la libertad de expresión”.

“El asesinato de Javier pone de manifiesto que ningún periodista, sin importar el alcance de su medio, está a salvo”, expresó Tania Reneaum, directora de AI México.

Contra el discurso que normaliza la violencia en el país esgrimido desde las más altas autoridades, la comunidad internacional se ha expresado preocupada por el tema de la vulneración de los derechos humanos.

Así lo hizo también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), quien en otro informe del 2016, “Situación de Derechos Humanos en México”, expuso en el apartado dedicado a periodistas, que los profesionales que denuncian “corrupción administrativa, narcotráfico y delincuencia organizada son asesinados, desaparecidos, amenazados, secuestrados y agredidos”.

Reiteró que el país a pesar de los avances producidos por las reformas constitucionales y legislativas para su protección, es uno de los  más peligrosos para ejercer el periodismo, y que la violencia va en aumento.

Aun dentro del Parlamento Europeo se ha solicitado “la congelación” de relaciones comerciales con el país, sustentada en la preocupación por su situación en materia de derechos humanos, según lo manifestó mediante una carta dirigida a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad el pasado mes de abril y con motivo del asesinato de otra corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach, ocurrido en marzo, el grupo parlamentario de Podemos.

Aquí mismo Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), manifestó en el contexto del foro Libertad de Expresión en México, convocado por la Cámara de Diputados en abril de este año, que el país no podrá consolidar su democracia mientras continúen ocurriendo asesinatos de periodistas y atentados contra los medios de comunicación.

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