- Fundamental, que corporaciones policiacas tengan personal capacitado
María de la Luz Domínguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), dijo que se debe revisar casos como el ocurrido en el pueblo de Palmarito, Puebla, donde se acusa al Ejército de una ejecución extrajudicial contra un civil de los llamados “huachicoleros”, nombre que se le da a quienes hurtan combustible, para el caso de la ley interna de seguridad que se propone desde la Federación.
Señaló que el problema que se dio en Palmarito ha trascendido a nivel nacional e internacional, pues existe una situación donde se registra un delito en el que se presume, participan grupos de la delincuencia organizada.
Y en este conflicto se han dado confrontaciones entre población civil y elementos del Ejército Mexicano, quienes han hecho labores de seguridad pública, lo que corresponde a las corporaciones de policía y seguridad.
El Ejército en las calles asume la responsabilidad de atender la seguridad pública, lo cual no le corresponde. Y esto pone a discusión de dicha ley que pretende dar facultades al Ejército para ejercer estas responsabilidades.
Por ello consideró que debe discutirse esta propuesta, con base en lo que se vive en México. Y sobre todo, fortalecer a los elementos policiacos, pues la formación de los militares es diferente.
“Y que se vaya retirando paulatinamente el Ejército de las calles, en lugar de otorgarle nuevas facultades para intervenir en temas de seguridad pública y prevención del delito”, opinó Luz Domínguez.
Apuntó que en el tema de seguridad pública es fundamental que las corporaciones policiacas cuenten con personal capacitado. Y que se den las depuraciones correspondientes de malos elementos con base en los exámenes de control de confianza.
Y es que los policías al ser primeros respondientes, deben hacer su labor conforme a derecho, y respetando los derechos humanos, pues si no se lleva a cabo una detención con los protocolos de ley, esto puede repercutir en su situación legal.
Ya que si se aplican torturas o hay violaciones a los derechos humanos, se puede invalidar el proceso penal, y generar impunidad. Pero si un policía cumple con su obligación, y pone al detenido a disposición del Ministerio Público, contribuyen a que existe justicia penal, y justicia para las víctimas.
Respecto a la protesta de elementos de la Policía Estatal, la semana pasada, comentó que en la Comisión no se ha recibido queja de algún elemento.
Sobre lo ocurrido en el municipio de Nochistlán, donde se registró un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, recordó que se solicitó a las autoridades de seguridad que se implemente una estrategia que lleve al estado a una situación de paz.
Informó que el año pasado se recibieron 42 quejas en contra de elementos de la Policía Estatal. Y dos más en contra de agentes de la Policía Metropolitana. Y en lo que va de este año se tienen 12 quejas en contra de personal de la Policía Estatal, y una en contra de la Policía Metropolitana. Las principales voces violatorias, son por abuso de autoridad, detenciones arbitrarias y lesiones, puntualizó la ombudsman.
