- Emitir mecanismos para promocionar la “cultura ética” entre servidores públicos, una meta
- Se busca “establecer la integración, organización y funcionamiento del Sistema y los mecanismos de coordinación entre sus integrantes”, según el gobernador
Este jueves en la sesión ordinaria de la 62 Legislatura local fue leída la iniciativa de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción que esta semana envió el Poder Ejecutivo al Congreso del estado.
El gobernador Alejandro Tello Cristerna, firmante del documento, asegura que el objetivo de esta normativa es “establecer la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y los mecanismos de coordinación entre sus integrantes”.
También tiene como meta emitir los mecanismos para promocionar la “cultura ética” entre los servidores públicos, que se enfoca a los ámbitos de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización.
Otra de las finalidades de la iniciativa, se expone en el texto, es la de sistematizar la información que generen los integrantes del sistema tanto a nivel municipal como estatal, así como la de instaurar el Sistema Estatal de Fiscalización.
El planteamiento del Gobierno del Estado se encuentra estructurado en nueve capítulos que son: Objeto de la ley, Principios que rigen el servicio público, Objeto del Sistema Estatal Anticorrupción, Comité Coordinador, Informe anual y recomendaciones del Comité Coordinador, Comité de Participación Ciudadana, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Sistema de Fiscalización y Plataforma Digital Estatal.
El Comité Coordinador es el encargado de marcar las pautas por las que se diseñarán las políticas públicas en materia de esta ley y estará integrado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el órgano de control del Poder Ejecutivo, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
También lo conformarán los presidentes del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), del Comité Ciudadano y un representante del Tribunal Superior de Justicia de la entidad (TSJEZ).
Este organismo, según el planteamiento del gobierno, tendrá la facultad de emitir recomendaciones “no vinculantes” a los entes públicos, enfocadas al fortalecimiento institucional y al mejoramiento del desempeño de control interno.
En cuanto al Comité de Participación Ciudadana, la iniciativa propone que deberá ser el vínculo entre el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y las organizaciones de la sociedad civil.
Lo integrarán cinco ciudadanos, “de probidad y prestigio (…), destacados en transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción”, que se renovarán de manera escalonada y no podrán ser reelectos.
Asimismo, se establece que habrá la posibilidad de que éstos sean removidos por falta administrativas y para garantizar su imparcialidad “no podrán tener ningún otro empleo que les impida el libre ejercicio de sus funciones”.
Otro de los aspectos que norma la ley es el del Sistema Estatal de Fiscalización que estará conformado por la ASE, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y los órganos internos de control tanto de los municipios como de los organismos autónomos.
De igual forma, se refiere la creación de la Plataforma Digital Estatal que es un sistema electrónico que servirá para nutrir de información al Comité Coordinador, a fin de que ésta pueda ser la base para el diseño de las políticas públicas.
En concreto, se contemplan seis sistemas que con el de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, el de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones y el de servidores públicos y particulares sancionados.
También están los sistemas de información y comunicación del Sistema Estatal Anticorrupción y del Sistema Estatal de Fiscalización, el de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción y el de información pública de contrataciones.
