■ Contralores y Legislatura deben revisar los casos, dice
El legislador panista, Arturo López de Lara, informó en rueda de prensa que hay cerca de mil funcionarios a quienes no se les han dictaminado supuestas irregularidades en diferentes administraciones.
Y corresponderá a los contralores y a la Comisión de Vigilancia de la Legislatura hacer las revisiones correspondientes y se finquen las responsabilidades administrativas.
Recordó que en el 2001, el entonces gobernador Ricardo Monreal Ávila impulsó la Ley de Servidores Públicos del Estado. Hasta febrero de 2013, “aparentemente estuvo vigente, pero debía ser ratificada por el Gobierno estatal”.
Comentó que quien no lo ratificó en ese entonces fue Jorge Hiriartt Estrada, secretario de Gobierno en ese año, en la administración de la perredista Amalia García Medina. Es decir, que desde que se presentó la ley, se presentaron 729 promociones, en las que estaban involucrados 2 mil 844 funcionarios quienes no fueron por diferentes errores.
“No tenemos a nadie sancionado en la historia de Zacatecas. La ley no se ratificó por dolo, cochupo, omisión o desconocimiento, y todo el trabajo que se hizo en ese tiempo no sirvió para nada. Todo este trabajo en cuanto a fincar de responsabilidades administrativas se fue a la basura”, explicó el legislador.
A la fecha, hay 52 promociones presentadas, que involucran a 715 funcionarios, y hasta el momento la Auditoría Superior del Estado no ha sido notificada por la Legislatura, si fueron sancionados o procesados dichos funcionarios.
Señaló que el responsable en este sentido, sería el órgano jurisdiccional, que preside la legisladora Guadalupe Flores. Aclaró que no se dicen nombres de los funcionarios porque son presuntos responsables y jurídicamente no se pueden dar a conocer las identidades de los involucrados.
En cuanto a las contralorías municipales, se han presentado 42 promociones. Y ahí se involucra a 148 funcionarios involucrados. Mientras que en la Secretaría de la Función Pública se ha registrado una promoción con cinco funcionarios involucrados. Y si los contralores y diputados no dictaminan, serán objeto de señalamientos por parte de la Auditoría Superior del Estado.
