En un primer momento, una proporción significativa de la sociedad que se expresa en medios y en redes sociales, manifestó su aprobación a la denuncia de las “nóminas secretas” de la administración anterior. Se apreció la acción como un paso significativo en la recuperación de una de las funciones más importantes de la oposición política en un régimen democrático: la denuncia de la administración fraudulenta de recursos públicos. Incluso, la descalificación casi inmediata de la parte actora de la denuncia, por medio de escrito signado por varios de los presuntos operadores, propició una mayor credibilidad a la parte denunciante. Sin embargo, pasados algunos días se fue abriendo paso la versión de que efectivamente un cierto número de servidores públicos había recibido bonos de desempeño, tal como fue denunciado, pero que los montos realmente comunicados por la Secretaría de Finanzas, por cierto a regañadientes, habían sido groseramente modificados al alza por la parte denunciante, es de suponer que para hacer más escandalosa la denuncia.
El episodio permite reflexionar sobre la necesidad de que la oposición entienda que no puede criticar la falta de transparencia gubernamental, difundiendo información falsa, aunque con ello logre el aplauso de los correligionarios más aguerridos. También llama la atención que no se haya hecho esfuerzo alguno por lograr la participación de los grupos parlamentarios afines, en virtud de que en el diseño republicano vigente la separación del poder público en tres ramas tiene como propósito que el poder controle al poder, por lo que la rama legislativa tiene la obligación de fiscalizar el ejercicio del gasto por las otras dos ramas del poder: Ejecutivo y Judicial. Ya hemos señalado antes que el manejo inescrupuloso que se hace del presupuesto del Poder Legislativo, lo inhabilita para asumir a plenitud una función clave: la de fiscalización.
El lamentable triunfo cultural que ha logrado el vicio del clientelismo, expresado en la creencia generalizada de que la principal función de los legisladores es la gestión ante dependencias del Ejecutivo, es otro factor que inhibe a los legisladores y a los partidos de oposición en el desempeño riguroso de su función fiscalizadora. Se ha desvirtuado totalmente la separación de poderes convirtiendo a los legisladores en auxiliares muy secundarios en la administración de recursos públicos, atribución que no les corresponde, además de que al ser mayor el número de legisladores oficialistas, se admite como normal que la gestión beneficie en mayor medida a esas clientelas. Está en manos de los legisladores, sobre todo de la oposición, iniciar la regeneración de las instituciones republicanas con un desempeño de sus importantes atribuciones, y con su firme negativa a cualquier manejo inescrupuloso de los recursos del erario a su disposición.
La sociedad civil también tiene el reto de vigilar de cerca el funcionamiento de las instituciones y convertirse en el motor clave de la regeneración integral del aparato gubernamental. En ello nos va la convivencia civilizada. No es exageración.
