¿De la nómina secreta al peculado confeso?

¿De la nómina secreta al peculado confeso?

La semana pasada, un error ortográfico en una moneda conmemorativa, que además ya había sido corregido con cargo al proveedor que cometió el traspié, mereció 14 minutos del más apasionado discurso en tribuna de una legisladora, cuya iniciativa más conocida es la prohibición de ponerle nombres feos a los bebés, y 40 minutos de inusitada indignación de sus aliados, quienes antes decían que los plagios en textos académicos y artículos de opinión son “errores metodológicos” y mal menor.

Esta discusión se dio en el Congreso del Estado apenas dos días después de que Soledad Luévano Cantú diera a conocer que se habían otorgado dos mil millones de pesos por concepto de “estímulo a servidores públicos” entre 2013 y 2016, y de que recordara que para ese mismo fin, el gobernador actual había destinado 678 millones de pesos.

Con esta revelación, la atención se centró en los altos ingresos de los funcionarios de primer nivel, que según la información correspondiente sólo al periodo enero-septiembre 2016 entregada por la Secretaría de Finanzas al Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Izai) que obra en mi poder, y que puede consultarse en este enlace http://ow.ly/GQjm30btjm0 es la siguiente:

Miguel Alonso Reyes, ex mandatario estatal, recibió un bono mensual de 49 mil 316 pesos (a lo que hay que restar impuestos) de enero a julio, exceptuando abril. Recibió dos en el mes de junio.

Esteban Herrera Ugarte, titular de la Unidad Estatal de Planeación en la administración pasada, recibió varios bonos de 60 mil pesos al mes, menos impuestos. Tres de ellos entre el 4 y el 7 de junio, un día antes, y dos después, de la elección estatal.  Actualmente es Coordinador general de asesores del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) que dirige el exgobernador.

Quizá el caso más destacado es el de Guillermo Huizar Carranza, que recibió 85 mil pesos en marzo, que se convierten en 67 mil pesos una vez que se han descontado los impuestos; en abril recibió 155 mil pesos en cuatro bonos; en mayo obtuvo seis bonos que sumaron 190 mil pesos sin descontar impuestos; un estímulo de 60 mil pesos en junio; tres más en julio que sumaron 95 mil pesos, igual cantidad en agosto, y en septiembre sumó 148 mil pesos en gratificaciones adicionales a su salario.

No obstante la aparición de estos funcionarios, las baterías se concentraron en la secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz, porque de acuerdo a lo informado, esta servidora habría recibido 48 mil pesos al mes, sin embargo según los documentos entregados al IZAI, fueron solo 20 mil pesos en el mes de septiembre, tal como Ortiz lo dijo en un vídeo que subió a redes sociales.

Los documentos emitidos por la Secretaría de Finanzas contradicen también a su titular, quien hasta ahora ha dicho en entrevistas que la mayor parte los estímulos servían para compensar la nómina magisterial que desde hace años provocan el déficit en el presupuesto estatal, sin embargo, es esa dependencia una de las que más gratificaciones otorga, y también la que lo hace con los montos más elevados.  Por ejemplo: la asistente del secretario tiene bonos de 22 mil pesos mensuales, el subsecretario de Ingresos recibió de febrero a septiembre 477 mil pesos, un asesor, quien también se reporta como secretario particular recibía bonos mensuales de 30 mil pesos, y en ocasiones tenía más de uno, como en el mes de septiembre que recibió cuatro.

De acuerdo al equipo de Soledad Luévano, esto constituye una violación al artículo 127 constitucional, que ordena que los servidores públicos no puedan recibir más ingreso que el del Presidente de la República, y tampoco más que su superior jerárquico. Asimismo, se establece que “Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.” Por lo que el no tener esta información agregada a los tabuladores oficiales sí violaría la ley.

No obstante, todos los hasta ahora mencionados tenían una relación laboral con Gobierno del Estado por lo que el asunto podría parecer hasta aquí como un descuido administrativo; una inmoralidad que no llega a ilegalidad, etcétera. Sin embargo, la información remitida por Sefin también da cuenta de pagos que obligan a varias interrogantes:

El ex diputado y ex alcalde Arnoldo Rodríguez Reyes, -o improbable homónimo- recibió cuatro bonos de 25 mil pesos cada uno (sin que se le retuvieran impuestos). Este personaje dejó de ser delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Zacatecas el 3 de mayo, pero el primer bono llegó apenas el día 5 del mismo mes, cuando, hasta donde se sabe, no tenía relación laboral con Gobierno del Estado, y si se concede que se incorporó silenciosamente en algún cargo del que no se supiera, no puedo uno evitar preguntarse ¿Se ganó su primer bono a los dos días de obtener el empleo?

Caso Elio Bocanegra, ¿es el diputado federal perredista por el estado de Tabasco? ¿O en calidad de qué alguien con este nombre recibió 50 mil pesos mensuales de febrero a junio sin que le redujeran los impuestos?

Aarón Casillas Noyola –o un homónimo de éste- zacatecano y actual secretario en el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que ha cubierto diversas plazas en el Poder Judicial, ¿Por qué recibía un bono mensual de 60 mil pesos sin deducción de impuestos? ¿Por qué en septiembre, apenas tres días antes del cambio de gobierno recibió otro bono de 210 mil pesos?

¿Por qué Edgar Guerrero Ortega, a quien no se ha podido ubicar como trabajador de Gobierno del Estado recibía 60 mil pesos al mes libres de impuestos? ¿Es homónimo, o se trata del hijo del ex diputado federal priista, hidalguense Joel Guerrero Juárez quien también ha sido delegado del PRI en Zacatecas? ¿Es ese mismo Joel Guerrero quien se rumora podría ser el nuevo delegado de la Secretaría de Gobernación en Zacatecas?

¿Por qué razón se le otorgaba a Héctor Lie Verduzco – o a improbable homónimo- director de Comunicación Social de la Fracción del PRI en el Senado de la República, un bono mensual de 35 mil pesos mensuales de febrero a junio libre de impuestos?

De febrero a junio de 2016, en época preelectoral, un tal Humberto Rincón García, recibió 30 mil pesos al mes de acuerdo a la información entregada por el secretario de Finanzas. ¿Es un homónimo, o se trata del actual alcalde del municipio de Ojocaliente quien entonces estaba en campaña?

¿Cuál es la razón por la que Wendy Valdez Organista, síndica del municipio de Zacatecas en el trienio pasado –o improbable homónimo- recibió 15 mil al mes de febrero a junio?

¿Por qué razón Julio César Chávez Padilla, -o improbable homónimo- actual subsecretario de Gobierno recibió 18 mil pesos el 5 de mayo, un mes antes de las elecciones, y otra cantidad igual dos días antes de la elección si, -hasta donde la memoria no nos falla- estaba dedicado a coordinar la campaña del actual gobernador en Guadalupe Zacatecas y no a trabajar en el servicio público?

¿Quién es Arantxa Gabriela Bañuelos Luévano y por qué recibió cinco bonos mensuales de 35 mil pesos, sin deducción de ISR, y uno de 105 mil pesos (ya sin impuestos) tres días antes de que el sexenio anterior terminara?

¿Quiénes son, los beneficiarios de los más de dos mil millones de pesos en estímulos? ¿Qué relación tienen cada uno de ellos con Gobierno del Estado? ¿Por qué a unos sí, y a otros no se les hacía retenciones de impuestos? ¿Por qué se buscó por más de dos años resistir a los 43 recursos legales para abrir esta información?

Y las preguntas que quedan, ¿Qué se está haciendo con la partida de 678 millones de pesos para estímulos de servidores públicos aprobada en el presupuesto de Egresos de 2017? ¿Qué se hará con toda esta información, justicia o simplemente esperar a que pase el temblor? n

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