■ Centro de Justicia para las Mujeres permanece acéfalo desde el pasado 4 de abril
■ “Estamos atrapados en un tema discursivo donde se argumenta que se tienen compromisos para solucionarlo, pero en los hechos se está haciendo lo contrario”
La violencia contra las mujeres no es una prioridad para el Gobierno Federal y tampoco lo es para Gobierno del Estado, sostiene Mara Muñoz Galván, quien reprochó al último estar en espera de las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) sin implementar acciones contundentes, mientras ve “desde la barrera cómo matan a las mujeres de manera extremadamente violenta, sin hacer nada”.
La ex directora del Centro de Justicia para Mujeres y actual integrante de la organización de la sociedad civil Lunas de Hypatia, ofreció estas observaciones respecto de la comisión de dos feminicidios recientes en la entidad.
Uno de los ataques ocurrió en Mazapil el 29 de abril y tuvo como víctima a Sarahí, mujer de 28 años, quien perdió la vida a consecuencia del ataque a tubazos emprendido por tres hombres ocurrido en un lugar público.
Y otra más, Jacqueline, de 17 años, fue llevada con múltiples contusiones por su pareja de 30 años a la Unidad de Emergencias Médicas (Uneme) de Guadalupe, la madrugada del viernes 5 de mayo, ya sin signos vitales. Ambas murieron por traumatismo craneoencefálico.
Muñoz Galván dijo que el problema de la violencia de género que culmina en feminicidios, es que “estamos atrapados en un tema discursivo” donde se argumenta que se tienen compromisos para solucionarlo, pero “en los hechos se está haciendo lo contrario”.
En sustento mencionó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), tiene tan sólo dos personas encargadas de “manejar todas las alertas de violencia de género en el país”.
El estado de Zacatecas, a partir de la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Coordinadora Feminista Olimpia de Gouges, se encuentra inmerso en un procedimiento que podría determinar si se emite recomendaciones al Gobierno del Estado para luego de un periodo de seis meses de su implementación exitosa o no, se determine si se decreta la Alerta de Violencia de Género para algunos de sus municipios.
“Mi cuestionamiento es, ¿por qué esperar hasta que surjan esas recomendaciones? ¿Por qué no actuar? ¿Por qué no llevar a cabo las acciones que son necesarias en términos de prevención, atención y sanción de la violencia de género?”.
Mencionó en su recuento de las omisiones desde el Estado para atender esta problemática, que localmente la instancia encargada para atender la violencia feminicida, la fiscalía especial de la PGJE, cuenta con una fiscal, dos asistentes y tres policías para atender los casos generados en los 58 municipios del estado.
Cabe recordar que el propio Centro de Justicia para las Mujeres, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado permanece acéfalo desde el pasado 4 de abril, cuando la propia Muñoz Galván renunció a su Dirección.
En esta ocasión denunció que el organismo está siendo desmantelado en su plantilla laboral, que ya señalaba en su misiva de dimisión, era insuficiente para las tareas encomendadas.
“Ya despidieron a un trabajador social y una de las abogadas, son sólo cinco las asesoras legales, fue comisionada para otro encargo dentro de la Procuraduría. Sin duda eso debilita a la institución”, expuso.
Dijo asimismo, que es necesario que se anuncien acciones contundentes desde la Secretaría de las Mujeres, dependencia encargada de articular los esfuerzos para prevenir, atender y erradicar la violencia de género. En esta coyuntura comentó, “yo esperaría un pronunciamiento” por parte de su titular, Adriana Rivero Garza.
“No se ha visto que así sea y en ese sentido creo que sería la demanda ciudadana, para que la secretaría de manera pública ejerza las funciones para las cuales fue creada”, agregó.
Mencionó sobre la omisión a la atención de la violencia de género, que el feminicidio, su última expresión, “nos enfrenta con las formas más brutales de violencia contra las mujeres, con un uso su cuerpo como un estandarte, donde se plasma toda esa misoginia, ese odio. Eso lo pone en una categoría de delito muy específico”.
Su prevención tendría que ver con el involucramiento de especialista sociólogos, antropólogos sociales, que efectivamente diseñen una política pública eficaz en el tema, puntualizó.
En ese sentido cuestionó el programa piloto de prevención de la violencia implementado desde el Gobierno del Estado en la colonia capitalina Lázaro Cárdenas, que dijo, no cuenta con perspectiva de género. Y observó que “no solamente se previene yendo a pintar fachadas o haciendo eventos comunitarios. Hay que precisamente incidir en las comunidades para cambiar toda esa idiosincrasia y esa cultura patriarcal que al final de cuentas es la que reproduce de manera sistémica la violencia contra las mujeres”.
Mara Muñoz Galván comentó a colación de la atención de la violencia de género, que la investigación que el gobernador Alejandro Tello Cristerna dijo que haría por el caso de un comandante que se vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en un caso de abuso sexual contra una de sus subordinadas, también integrante de la corporación, no ha tenido algún seguimiento.
“No hay nada de eso, al respecto quiero ser muy enfática”. Este fue el último asunto que atendió en la titularidad del Centro de Justicia para las Mujeres, enfatizó.
Recordó que le pidió por escrito al procurador Francisco Murillo Ruiseco, “que suspendiera a este comandante para que se hiciera una investigación objetiva como lo manda la ley, y lejos de ejercer su autoridad lo que hizo fue mandarme llamar el órgano interno de control de la Procuraduría para que yo en lo personal hiciera esa solicitud en el expediente, lo cual a me dejaba expuesta ante este presunto delincuente como la promovente de su destitución. Entonces esas son la garantías entre comillas, que ofrece la Procuraduría a la denuncia ciudadana”.
