Chocan diputados locales por tema de compensaciones económicas a funcionarios

Chocan diputados locales por tema de  compensaciones económicas a funcionarios
Salón de plenos de la Legislatura ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Morena plantea que debe comparecer Raúl Brito, titular de la Auditoría Superior del Estado

■ Acusan al PRI de intentar desviar la atención, al abordar la falta de ortografía en monedas conmemorativas acuñadas por el centenario de la Constitución del 1917

Mientras que los morenistas Omar Carrera Pérez y Luis Medina Lizalde, y la petista Geovanna Bañuelos quisieron generar desde la tribuna de la Legislatura el debate sobre la denuncia publicada en el diario Reforma respecto a la presunta existencia de una “nómina secreta”, que habría implicado una erogación de más de 2 mil millones de pesos durante tan sólo tres años del sexenio de Miguel Alonso Reyes; los diputados del PRI, Verde y Panal hicieron todo lo posible por desviar la atención del asunto.

“Ustedes acaban de darle un severo golpe a la credibilidad del gobierno en el tema de la nómina secreta”, acuso el líder de la fracción parlamentaria de Morena, cuando expuso como una táctica, el que la priísta Isadora Santivañez usara el asunto de una falta de ortografía aparecida en las monedas conmemorativas acuñadas por el centenario de la Constitución del 1917, para generar distracción. Pero dijo, “están equivocados, la gente sí piensa”.

El morenista también señaló al presidente de la mesa, de manipular el orden de los oradores, para alargar la sesión de manera que la audiencia, entre otros, conformada por elementos de la prensa, fuera abandonando el recinto.

El tema de las monedas mal acuñadas fue expuesto como de suma gravedad, pues ponía en entredicho según sus críticos, a la Legislatura del estado.

Mereció la atención de entre otras intervenciones, la de Carlos Peña Badillo, quien propuso a Geovanna Bañuelos, presidenta de la comisión especial encargada, una postura “autocrítica”, e hizo un llamado a la reflexión, dijo, preocupado por “la dignificación” de Congreso local, antes de convocar a una necesaria revisión de “en qué estamos fallando”.

Bañuelos de la Torre reviró a los señalamientos de Isadora Santivañez (por la emisión de 200 monedas conmemorativas con la palabra “livertad” y no “libertad” en su leyenda), con un listado de temas que dijo no han merecido más de “15 minutos de su tiempo” en la máxima tribuna del estado, y acusó que la priísta no había sostenido un debate igual de vehemente y con tal interés y detalle.

“Entiendo que a lo que a usted le ofende son este tipo de descuidos que dejan en mal a la Legislatura, ¿con qué medidor ustedes sacan las actividades que exhiben al Poder Legislativo?, ahí se ve la importancia que se les da”.

Entre los asuntos a comparar con el error ortográfico trajo a colación el vencimiento de plazos perentorios, la aprobación de paquetes fiscales, motivo de controversias por el titular del Ejecutivo federal, la votación de deudas públicas, entre otros para rematar: “eso no les parece grave”.

El tema de la “nómina secreta” con que se habría favorecido discrecionalmente a ex funcionarios de Alonso Reyes, algunos aún funcionarios de Tello Cristerna, apareció en un primer momento en la voz de Carrera Pérez, quien propuso un punto de acuerdo para citar a Raúl Brito Berúmen, titular de la Auditoría Superior del Estado, pues dijo, debió haber conocido este asunto “en tiempo real”, pero además, existen “un sinfín” de temas que justificarían la convocatoria a comparecer del funcionario.

La presencia del auditor fue reforzada más tarde en la intervención de Luis Medina Lizalde, quien sin adelantar conclusiones sobre el asunto, sí conminó a sus pares a cumplir con sus “deberes” al señalar que “el auditor que depende de esta cámara es el que tiene las facultades” para acusar al Poder Ejecutivo en caso de que se actualicen delitos por los citados pagos de bonos y estímulos.

“Es importante que el auditor explique muchas cosas ante la sociedad. Y dejemos de seguir propiciando vacíos autodestructivos que revuelven inocentes con culpables”, expuso.

El líder de la fracción parlamentaria de Morena invitó a los priístas a enfrentar las cosas tal como son, pues dijo que “no hay manera de evadir la realidad ¿cómo se podrá justificar que un delegado federal aparezca recibiendo estímulos de Gobierno del eEstado? No hay modo, ahí hay delitos”.

Así señaló también los casos de personas que no trabajan en la administración pública y fueron beneficiados y otros que laboraban en gobiernos municipales.

En esta lógica insto reiteradamente a los legisladores a entrarle al toro por los cuernos “por primera vez”.

Geovanna Bañuelos había desechado el argumento de que la información expuesta públicamente sobre la “nómina secreta” fuera falsa, “ya que de ser así estaríamos aceptando el hecho de que los sistemas de transparencia son un fraude y que el IZAI es comparsa de una estrategia mediática” con la finalidad de afectar la honorabilidad de las personas involucradas.

El escándalo no deberá quedar en una lucha de declaraciones, acotó, pues luego de haber sido reconocida por la secretaria de la Función Pública la existencia de esos bonos, Paula Rey deberá comprobar entonces, “de cuánto eran” y justificar su entrega, más en el caso de personas que no eran funcionarios, puntualizó.

Dijo que “los defensores a ultranza de las corruptelas” del gobierno de Alonso Reyes siempre convocan a acudir a las instancias correspondientes, pero recordó que suman ya cinco las denuncias interpuestas contra el ex mandatario y sus funcionarios, cuatro de ellas ante la PGR y una, esta última, ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Zacatecas, por lo que exigió la instancia “avance en las investigaciones y se hagan públicas”.

Entre las tareas dejadas sobre la mesa para aclarar el asunto, Luis Medina Lizalde propuso dilucidar si los ingresos “son legales o no” en todos los casos y si han sido declarados fiscalmente e informados en declaraciones patrimoniales de los funcionarios.

Instó a la Comisión de Justicia de la Legislatura a ejercer “un marcaje sobre el Procurador en la denuncia que se acaba de presentar” y a la Comisión de Vigilancia a darle seguimiento permanente al tratamiento de toda denuncia, entre ellas, a la que motivo la polémica.

Por su parte, Omar Carrera Pérez reiteró su exigencia para que la secretaria de la Función Pública, y otros personajes que fueron beneficiarios de los bonos en la administración anterior y son funcionarios actualmente, sean separados de su cargo en tanto se realiza la investigación del asunto. A Paula Rey la acusó asimismo de informar de manera falsa sus ingresos en su declaración patrimonial.

El morenista invitó a las fracciones parlamentarias a denunciar en conjunto ante la PGJE, el SAT y la SHCP, “a fin de aclarar cómo está el uso de estos 2 mil millones de pesos”.

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