- Esta información yo no la inventé, es oficial: Soledad Luévano
- Entrega de estímulos fue selectiva y rompió principio de equidad: ex procurador
- No hay nómina secreta, sólo estímulos que da el gobernador a través de la Sefin: SAD
El Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IZAI) aseguró, en un comunicado, que el Gobierno del Estado se negó en dos ocasiones a entregar la información relativa a los sueldos, bonos y estímulos otorgados en la administración pasada.
Esta obstrucción al derecho de acceso a la información, de acuerdo con la exposición de los hechos realizada por el instituto, se produjo en el gobierno anterior encabezado por el ex mandatario Miguel Alonso Reyes y también por la actual administración, en concreto, por la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Cabe señalar que al final de la gestión de Miguel Alonso, Guillermo Huizar ocupó la titularidad de la Sefin y durante la administración de Ricardo Monreal estuvo en ese cargo.
Asimismo, se advierte que la información que se entregó finalmente por parte de la dependencia estaba “sin títulos, sin membrete, sin desagregar datos y sin especificar la periodicidad de los pagos”.
Esta postura la emitió el IZAI después de que se señalara la tardanza en el proceso de entrega de la información relativa a remuneraciones y compensaciones de la pasada administración, que fue difundida esta semana a nivel nacional y local.
El instituto comenzó refiriendo que fue el 20 de febrero de 2015 cuando se presentó la primera solicitud destinada a la Sefin del Gobierno estatal, en la que se solicitaban los datos de “bonos, compensaciones y estímulos que se pagó a servidores públicos”.
Ese mismo año, se ingresaron otras tres solicitudes el 24 de marzo, el 10 de abril y el 29 de junio a través de la Ley de Transparencia, con el mismo objetivo de obtener la información antes referida.
Estas cuatro solicitudes, sostuvo el comunicado, derivaron “en un procedimiento de responsabilidad administrativa debido a que la autoridad no proporcionó los formatos requeridos”. En este sentido, se concluyó que la sanción fue una multa establecida el 27 de enero de 2016.
Posteriormente, el 30 de septiembre del año pasado, “por quinta ocasión” se solicitó la misma información a la Secretaría de Finanzas y esta petición fue respondida con copias simples de los datos requeridos.
El IZAI apuntó que el primero de diciembre de 2016 nuevamente se presentaron 42 solicitudes en el mismo sentido y “la información solicitada (…) no fue entregada por la Secretaría de Finanzas”, por lo que el solicitante interpuso el mismo número de inconformidades ante el instituto el 31 de enero ya de este 2017.
La resolución de estos procesos por parte del pleno de esta instancia de transparencia fue la de ordenar a la dependencia estatal que entregara los formatos solicitados, “debido a que es información pública”.
Fue el 6 de abril de este año cuando la Sefin respondió con un disco compacto en el que se incluía un archivo denominado “Respuestas solicitudes transparencia”.
No obstante, el organismo informó en el comunicado que “en dicho disco encontraron 42 hojas de cálculo de archivo Excel, con diversos folios y en cada folio, la información se presentó sin títulos, sin membretes, sin descargar datos y sin especificar la periodicidad de los pagos”.
Al día siguiente, el 7 de abril de 2017 a las 14:54 horas, el IZAI envió al solicitante por correo electrónico la información remitida por la secretaría, “tal cual como se recibió”.
En la conclusión del documento enviado este miércoles se expone que “ante esta situación, el Pleno del Instituto considera que la participación de la sociedad, a través del uso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es parte fundamental de la rendición de cuentas del quehacer de cualquier dependencia pública; no obstante, el uso y el giro de los datos obtenidos son responsabilidad del solicitante. El instituto sólo es el puente que garantiza la entrega de la información, la cual se cumplió, y seguirá trabajando para que la información se garantice el derecho a saber”.
