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La corrupción pone al sistema político mexicano en peligro de muerte

La corrupción pone al sistema político mexicano en peligro de muerte

En México se ha destapado la coladera que encubría la corrupción impulsada desde los escenarios del poder políticos generando olas de denuncias de políticos y funcionarios corruptos que fomentan una relación activa entre economía ilegal y legal, que fortalecen redes de corrupción que se organizan desde y en el Estado; y, finalmente, redes que se constituyen al margen de este, pero que tienen la intención de capturar alguno de sus sectores.

Hoy nos enfrentamos al destape del estrategias cínicas y delincuenciales del diseño de organizaciones de grupos complejos de miembros de la mal llamada “clase política” en grandes redes de funcionarios con familiares, amigos y empresarios y la creación de sinergias múltiples entre privados y sectores del Estado, mismos que trabajan en pos de un constructo social que apuesta a premiar a los corruptos con puestos de gobierno y un lugar privilegiado en la sociedad

La desvergüenza del sistema político mexicano la ejemplifica el propio jefe del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto quien, al inaugurar la Semana Nacional de Transparencia 2016 dijo “Si hablamos de corrupción, no hay nadie que pueda aventar la primera piedra”.

México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado por Transparencia Internacional.

El año pasado el país se ubicó en el lugar 95, y en 2016 pasó al sitio 123, entre 176 países analizados. Según Transparencia Mexicana “El país obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. La calificación actual es cinco puntos, menor que la de la medición anterior”.

Mientras el índice de impunidad se encuentre alrededor del 95% la corrupción continuará. La relación riesgo/beneficio es tan favorable a los sinvergüenzas, que difícilmente cambiarán su forma de actuar. Reducir la impunidad a través de fortalecer el sistema judicial, es uno de los grandes retos que enfrenta nuestro país.

Según el estudio México: Anatomía de la Corrupción; la percepción sobre la corrupción, sobre todo en el sector público, crece año con año; que este fenómeno se ha posicionado como una de las principales preocupaciones, por encima de la pobreza, y que la impunidad que siempre acompaña a la corrupción se ha mantenido constante, ya que el porcentaje de delitos asociados a la corrupción cometidos pero no castigados alcanza 95%.

En Zacatecas, el priista Miguel Alonso Reyes, ganó las elecciones de 2010 por el rechazo y los reclamos de corrupción que los ciudadanos manifestaron en contra de la Gobernadora perredista Amalia García Medina. Hoy, es la misma que hace seis años, lo que llevó al ex gobernador a ocupar los espacios noticiosos nacionales, decenas de acusaciones contra Alonso y su familia por corrupción, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.

De acuerdo con el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a los 34 países más desarrollados del mundo, titulado “Midiendo el Bienestar en los Estado Mexicano”, Zacatecas presenta indicadores deficientes en dimensiones de ingresos y de empleo que, afirma el documento, “son causados por una alta desigualdad de ingresos y pobreza”.

La entidad tiene la tercera tasa de empleo más baja del país y una tasa de informalidad superior a la del promedio nacional. Después de cinco años en el cargo, son pocos los avances del Gobernador. Con un millón 500 mil habitantes, Zacatecas sigue teniendo 800 mil personas en la pobreza, y 300 mil zacatecanos en hambre.

La deuda pública en Zacatecas ha aumentado 900 por ciento. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Finanzas de la entidad, Alonso Reyes recibió el Gobierno con una deuda de 650 millones de pesos, y cinco años después ésta sumó 5 mil 804 millones de pesos.

Y con todo esto, Miguel Alonso ha incrementado exponencialmente sus propiedades en menos de seis años, también sus hermanos Juan Manuel y Lucía, así como su cuñado Eleazar Ávila Márquez, han sido denunciados penalmente por la probable comisión en los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero. La fortuna del gobernador ha crecido por su desempeño como funcionario público, especialmente en su sexenio.

Hoy el Periódico Reforma denunció que “La Administración de Miguel Alonso Reyes en Zacatecas (2010-2016) presumió austeridad en los salarios de sus funcionarios, pero en realidad se despachó con la cuchara grande en el pago de bonos, de acuerdo con información oficial”.

Según datos de la partida 1711 “Pago de Estímulos a Servidores Públicos”, abierta vía el Instituto de Transparencia de Zacatecas, durante los últimos cuatro años de su sexenio, el Gobierno de Alonso Reyes destinó 2 mil 93.9 millones de pesos en bonos a servidores públicos.

Estas remuneraciones permanecieron ocultas durante toda la Administración del priista, debido a que la Secretaría de Finanzas obstaculizó el acceso a la información detallada de cómo se utilizaba la partida.

La corrupción gubernamental en Zacatecas denunciada hoy en medios nacionales se ha convertido en parte de la cotidianidad. Es común que los altos funcionarios del gobierno amasen grandes fortunas durante su gestión. A nadie sorprenderá que los nuevos titulares hayan empezado su proceso de enriquecimiento con la construcción de sus redes de amigos, familiares y empresarios donde todos incrementarán sus fortunas.

Tráfico de influencias, contrabando, soborno, peculado, uso privado de bienes públicos, castigo al inocente, premio al que no lo merece, todo ello forma parte del universo de la lamentable corrupción zacatecana.

Estamos cansados de los gobernantes que traicionan al pueblo durante decenios, poniendo sus intereses por encima de los de los zacatecanos. Tenemos que castigar a quienes han empobrecido a nuestros hermanos para enriquecerse de formas delictivas, pero, sobre todo, tenemos que construir un sistema político y social que genere circunstancias que motiven la solidaridad, donde los gobernantes trabajen por el bien común.

 

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