- Gobierno Federal busca el desmantelamiento de la educación pública y de los sindicatos
En el actual contexto de crisis universitaria, el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) tiene una capacidad de acción muy limitada, pero pagar la seguridad social es una obligación de la parte patronal y por lo tanto es necesario “hacer cumplir a cabalidad ese derecho”, afirmó Jesús Tenorio Herrera, candidato a la secretaría general de ese gremio por la planilla Sindicalismo Democrático Universitario.
Propuso entonces, de ganar la contienda electoral, coadyuvar con las autoridades universitarias para generar convenios con las instancias que sean necesarias para resolver el problema de la deuda con el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“También propongo tocar puertas de forma personal con las diferentes autoridades, con la personalidad que ostenta el secretario general del sindicato, para lograr al menos algún avance que pueda aliviar a la Universidad”, indicó.
Una de las mayores demandas que ha recogido a su paso por las diversas unidades académicas durante su campaña, es que en lugar que la parte patronal retenga las cuotas de los agremiados, sea el propio sindicato el que lo haga y que sea el responsable de enterar el recurso a esos institutos.
Sin embargo, explicó que ese planteamiento no es posible por cuestiones fiscales, puesto que el patrón es el que debe retener los recursos y enterarlos, y de lo contrario comete un agravio en perjuicio de los trabajadores, como ha ocurrido en los últimos periodos en la Universidad.
Se refirió a la situación financiera en que se encuentra la Máxima Casa de Estudios de la entidad, en la que la Rectoría debe elegir entre pagar prestaciones o pagar la seguridad social y comentó que se trata de una decisión complicada, pero debe definirse una prioridad, porque “retener el salario o las prestaciones de un trabajador puede ser un delito, mientras que retener las cuotas obrero-patronales también es un delito y entonces el patrón se encuentra en una encrucijada que deberá resolver”.
De acuerdo con Tenorio Herrera, en los últimos rectorados hubo una mala planeación, lo que derivó en el aumento de personal y ello generó automáticamente una diferencia importante entre el subsidio ordinario y la erogación de recursos para ello.
Ante esa situación, la retención de la seguridad social, de los impuestos y de las cuotas del Fovissste, es lo que ha permitido a la Rectoría solventar otras prestaciones que además se otorgan a los docentes que han ingresado recientemente.
Dijo que el argumento de abrir más programas y aumentar la cobertura, mediante la cual se justificó la contratación de cientos de docentes, es válido, pero es evidente que la planeación no se hizo adecuadamente, puesto que no se tomó en cuenta que el Gobierno Federal no establecería el techo financiero para soportarlo.
Para atender esa problemática, reiteró que el sindicato no debe limitarse a exigir a la parte patronal que cumpla con sus obligaciones contractuales, sino que también se involucre en la gestión y en la búsqueda de soluciones.
Por otra parte, comentó que en la actualidad el Gobierno Federal busca el desmantelamiento de la educación pública y de los sindicatos, por lo que la responsabilidad del próximo comité ejecutivo del Spauaz será muy grande.
“Las universidades en este momento reciben un menor presupuesto y es por eso, porque el Gobierno Federal está jugando en contra de la educación pública, pero ganamos más con ir a tocar puertas que quedarnos cruzados de brazos”, agregó.
Además, aseguró que muchos de los problemas que hay con los docentes pueden atenderse y solucionarse sólo con procesos de transparencia, y para ello la cartera de Admisión, Adscripción y Promoción debe otorgar lo que corresponde a cada uno de ellos, según sus derechos.
Por el contrario, Tenorio Herrera dijo que es común observar que hay docentes que no cumplen su trabajo en la UAZ por cumplir en otros compromisos laborales, lo que ocurre porque no hay regulación alguna.
Asimismo, manifestó su desacuerdo en algunas propuestas emitidas por otros candidatos, como asignar bases de 10 horas a los maestros que en este momento se encuentran en una condición más desfavorable, porque ello generaría más problemas, porque implicaría un mayor gasto en prestaciones.
“Si se puede otorgar una base de tiempo completo, pero si se prefiere suplir por bases de 10 horas, entonces tendríamos que tener cuatro maestros y eso implica el pago de cuatro aguinaldos, cuatro vacaciones, cuatro primas de antigüedad, etcétera”, explicó.
Por último, mencionó la venta de prestaciones, tema que ha causado polémica en los últimos años, y dijo que desconoce los convenios suscritos por los beneficiarios, pero si estos “van en contra de la ley o del patrimonio de la Universidad, deberá sancionarse y quien las haya vendido, que sea castigado conforme a la normatividad”.
