■ Única alternativa, convocar a partidos, diputados y a Gobierno Federal para consensuar una solución, dice
■ Yo no puedo hacer culpables a las personas, sino a la negligencia y poca capacidad de planeación del rector en el periodo 2008-2012, opina el candidato a la dirigencia del Spauaz
Pedro Martínez Arteaga, candidato de la planilla Consolidación Sindical Universitaria a la secretaría general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), afirmó que los responsables de la crisis institucional tienen nombre, apellido y temporalidad y ahora la única alternativa es convocar a todos los partidos políticos, legisladores y a dependencias del Gobierno Federal para consensuar una solución.
Según expuso, la problemática de la seguridad social hace años se resolvió en el rectorado de Rogelio Cárdenas Hernández en conjunto con Amalia García Medina, quien en ese momento, como senadora, reunió a funcionarios y autoridades de varias instancias con una representación del Consejo Universitario.
A partir de ese encuentro, la institución quedó en buenas condiciones y durante la administración de Alfredo Femat “hubo toda la viabilidad histórica e institucional para haber tomado otro rumbo, porque solamente se quedó un adeudo de 180 millones de pesos”.
Sin embargo, el problema es lo que ocurrió después, porque “yo no puedo hacer culpables a las personas, sino a la negligencia y poca capacidad de planeación del rector en el periodo 2008-2012, cuando entraron cerca de mil docentes sin rigurosidad alguna, sin justificación, y luego algunos más en el periodo 2012-2016. Mil 174 personas no nos hacen viable el contrato”.
Cuestionó que se haya abierto el programa de Enfermería en Juan Aldama, donde no hay hospitales y los alumnos deben trasladarse a Fresnillo a realizar las prácticas, o Nutrición en Tlaltenango, cuando hay varias instituciones que la ofrecen y no había demanda. O Desarrollo Sustentable en Valparaíso, cuyos egresados de cuatro generaciones no tienen empleo.
Toda esa situación derivó en que no haya la capacidad para enterar al ISSSTE el recurso de la seguridad social, porque además, para abrir las cuentas individuales de esos mil 774 profesores se requieren 700 millones de pesos que solamente es el comienzo, porque habrá que empezar a enterar el recurso que aportan por ese concepto.
Para atender esa problemática, manifestó la necesidad de buscar apertura con el Gobierno Federal, acercamiento con todos los legisladores y también presionar al gobierno del estado, porque “la Universidad necesita una reforma estructural, pero hay responsables y tienen nombres y temporalidad”.
Martínez Arteaga se refirió al Programa de Sustitución de Prestaciones en el cual él participó y explicó que consistió en una iniciativa del Gobierno Federal para atender los pasivos en varias universidades del país.
“Los universitarios somos muy calculadores, porque se hizo en tres años, se publicó en la prensa y con eso, cuando nosotros nos vayamos, no cobraremos a la institución la jubilación dinámica”, expuso.
“¿Hasta qué punto nosotros fuimos conejillos de indias en ese experimento que ha sido muy cuestionado? Hay una planilla que ya me demandó cuando no se han tomado la molestia de ver el 48 transitorio que dice: la gestión sindical y la gestión de la administración central tiene que buscar, para disminuir pasivos laborales, a través del Programa de Sustitución de Prestaciones, justamente lo que se hizo con nosotros”, agregó.
Señaló que este proceso electoral se trata de ofrecer soluciones a los profesores y decirles la verdad, que no tienen garantizada una base, porque prometerles cosas sería mentirles y eso no es válido.
Reiteró en la necesidad de buscar una alianza con todos los partidos políticos, los legisladores federales y la Secretaría de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público y el ISSSTE, porque de lo contrario no se podrá subsanar la crisis institucional.
Para los próximos años previó una revisión contractual muy complicada el próximo año, pues será el efecto y reflejo de lo que ocurra en la elección de gobernador en el Estado de México en junio próximo.
“Será una revisión donde habrá mucha indiferencia del Estado mexicano a las universidades. Supongamos que vamos a la revisión 2019-2019, será el doble de conflictiva porque en junio se estará definiendo la sucesión presidencial”, agregó.
Martínez Arteaga indicó entonces que está consciente que la única alternativa que hay “para salir menos raspados es la revisión 2019-2020, cuando ya se encuentre instalado un nuevo presidente, del partido que sea, y que haya implementado una política contra la educación superior o a favor”.
Recordó que en el rectorado de Alfredo Femat se incluyó en el Contrato Colectivo la creación de un fideicomiso que serviría para atender asuntos laborales y la administración central depositó 86 millones de pesos, pero el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y el Spauaz nunca aportaron su parte. Si todas las partes hubiesen cumplido, habría un fondo de 300 millones de pesos cada año y los jubilados no estarían amenazados con quitarles su jubilación dinámica.
Por otra parte, señaló que varios universitarios que han abusado de la institución, especialmente los directores en el periodo anterior que llegó al grado de aplicar sanciones a Rubén del Pozo, Sergio Hugo Sánchez y Ernesto Pesci, “porque metían a cuates y hacían evaluaciones totalmente pervertidas, incluso con falsificación”,
