Las luchas campesinas de las últimas décadas en México se encuentran marcadas por los nuevos rumbos que el imperialismo capitalista ha tomado, para entrar en una nueva fase económica que diversos analistas denominan acumulación por desposesión.
Una vertiente importante del capital se está enfocando en despojar a los pueblos de sus riquezas naturales. Aguas, bosques, minas, recursos naturales y los saberes ancestrales y conocimientos asociados a su uso común están perdiendo el carácter de bienes comunes que por siglos han mantenido para beneficio de la humanidad, convirtiéndose en propiedad privada y, por lo mismo, en mercancía. Los pueblos lo saben; por eso lo resisten y luchan por liberarse de él.
El despojo de tierras se ha convertido en una constante de los gobiernos federal, estatal y municipales en la entidad para facilitar a los empresarios la construcción y desarrollo de obras de infraestructura que ofrecen como públicas pero que en realidad son concesionadas.
Diversas organizaciones del campo y movimientos indígenas reclamaron al gobierno federal su incumplimiento en torno a las recomendaciones que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó a México desde 2003 en materia de los derechos de los pueblos originarios.
La indiferencia, abandono y marginación gubernamental que padecen los pueblos y comunidades indígenas se confirma con la drástica reducción del presupuesto a este sector.
Hablamos de 26 millones de personas que viven en zonas rurales o “rururbanas”, que incluyen a más de 120,000 pequeñas localidades, medianas poblaciones, pueblos y barrios, distribuidos a lo largo y ancho del país, donde habitan pueblos originarios y campesinos Asimismo, tienen el resguardo de 105 millones de hectáreas de tierras ejidales y de comunidades agrarias que abarcan la mitad del territorio nacional y donde laboran 3 millones de ejidatarios y comuneros.
Desde siempre, el modelo urbano e industrial del capitalismo privilegió la formación de grandes ciudades que centralizan y concentran la producción, servicios, mercados y fuerza laboral. Con la implantación de políticas neoliberales se incentivó el crecimiento de ciudades que han sido incorporadas como nodos de la globalización.
Este modelo de crecimiento urbano va generando contradicciones, pues concentra servicios y fuentes de empleo que resultan una atracción permanente para la población rural en condiciones de pobreza, así que esa migración (más el crecimiento natural de la población urbana) acrecientan las necesidades de vivienda.
En nuestro país se conformó la Zona Metropolitana de la Valle de México (ZMVM), una de las más grandes del mundo, que concentra a 22 millones de habitantes. Alrededor de ella se fue formando una red de ciudades metropolitanas (Puebla-Tlaxcala-San Martín Texmelucan, Pachuca-Tula, Querétaro, Toluca, Cuernavaca-Cuautla) que están en creciente expansión. También hay otros polos importantes como las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, y en menor medida, el sistema de ciudades fronterizas (Ciudad Juárez, Tijuana) el cinturón industrial del Bajío (León, Irapuato, Silao, Guanajuato), la zona metropolitana de La Laguna, el corredor turístico de la Riviera Maya (Cancún-Playa del Carmen), entre otros. En total, el Sistema Urbano nacional tiene definido una megaciudad, 10 grandes ciudades y 21 ciudades metropolitanas intermedias.
Lamentablemente, ahora como hace cinco siglos, los indígenas del país siguen padeciendo el despojo, la represión, la explotación y el desprecio hacia su cultura e historia. Se pensará que el despojo de los territorios de los pueblos indios se acabó en el México independiente, tras la conquista y la colonia. No es así.
Los pueblos indígenas de México continúan resistiendo el despojo, así como la falta de respeto y vulneración sus culturas. En buena medida se debe a que los pueblos indios están asentados en territorios enormemente codiciados por intereses privados y mercantiles que buscan explotar sus bienes comunes y naturales.
Los pueblos indígenas de México son dueños de 22 millones 624 mil hectáreas, que representan 21.9% de ejidos y comunidades que hay en el país. Según los censos agropecuarios, en el país hay 1,115 municipios con población indígena. Según la misma información, de los 971 núcleos agrarios con selvas en el país, 526 están en comunidades indígenas; los pueblos indios además poseen 35.1 por ciento de los bosques del país.
El territorio mexicano está plagado de casos de resistencias de pueblos indios en contra de intereses mineros; de proyectos de infraestructura gubernamentales, como los negocios eólicos, presas o carreteras que se llevan a cabo sin consultar a las comunidades; y de pueblos como el yaqui que defienden su agua. Y también enfrentan intereses empresariales turísticos en bosques, montes o playas. De modo que poco tienen qué celebrar los pueblos indígenas del país, ante esta marejada despojadora.
No obstante, en los años recientes la resistencia de los pueblos indios del país avanzó significativamente gracias al alzamiento zapatista de 1994 y con los Acuerdos de San Andrés de 1996. Aunque dichos acuerdos fueron traicionados por la clase política mexicana, muchos pueblos indígenas están poniendo en práctica su derecho a la autodeterminación.
Es momento de ponerle un alto a la política rapaz de robo hacia los habitantes del campo. Es tiempo de recuperar la dignidad de la vida de los habitantes rurales, por lo cual tenemos que defender nuestros territorios, agua, bosques, semillas.
Quizá sea tiempo de tomar la ofensiva y construir una estrategia para recuperar las tierras. En otros tiempos grupos organizados de campesinos tomaron las tierras y las repartieron para producir al grito zapatista de La Tierra es de quien la Trabaja.
Quizá sea el tiempo de que los pueblos tomen lo que es suyo.
Quizá sea el tiempo de los campesinos y de que los territorios vuelvan a sus legítimos dueños.
Quizá… ■
