Madrid. La Guardia Civil española está registrando en estos momentos la sede central de la multinacional española OHL en el marco de una trama de corrupción política y tráfico de influencias que afecta al derechista Partido Popular (PP) de Madrid. La tesis de los fiscales que investigan el caso es que a través de la filial de OHL en México -es decir, OHL México- se realizó el pago de un millón 400 mil euros (35 millones de pesos), que se depositaron en Suiza y se puso como beneficiarios a una serie de “prestanombres” del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que ayer mismo fue detenido y durmió en los calabozos.
La vinculación de la empresa española OHL con la principal trama de corrupción político-empresarial del país ibérico es añeja. Sobre todo por la estrecha relación de su presidente, Juan Migue Villar Mir, y su yerno y ex consejero delegado, Javier López Madrid, con las autoridades madrileñas en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid cuando gobernaba con mayoría absoluta el PP.
De hecho, la primera pista que apunta a OHL como pagadora de “mordidas” para recibir a cambio contratos públicos se encontró en la investigación sobre la financiación irregular del PP, en concreto en la llamada “contabilidad B” del ex gerente del PP durante dos décadas, Luis Bárcenas, procesado por diversos delitos y que ha permanecido en prisión varios meses. En esos documentos aparecen los nombres de OHL, Villar Mir y López Madrid como uno de los que daban dinero de forma ilegal al PP para su financiación irregular, con lo que a cambio eran beneficiarios de los contratos públicos de sus administraciones de forma preferente. Es decir, un sistema idéntico al que utilizó OHL en México para conseguir contratos en el Estado de México y que todavía está en fase de investigación de la justicia mexicano.
En el caso que se registró hoy en España, la Guardia Civil investiga en concreto los documentos que probarían que OHL México desvió un millón 400 mil euros a Suiza que estaban destinados para el enriquecimiento personal de Ignacio González, quien a cambio se habría comprometido con OHL a adjudicarles la construcción y operación del metro de Navalcarnero, como así ocurrió pero el proyecto finalmente no salió adelante y la empresa reclamó una indemnización de más de 50 millones de euros.
Ignacio González, quien fue la mano derecha de la influyente líder del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, también está siendo investigado por otra serie de corruptelas, en las que también habría cobrado comisiones millonarias a empresas de diversos sectores para la adjudicación de contratos públicas. Además de la utilización del Canal de Isabel II -la empresa pública responsable de gestionar el agua en Madrid- para el desvío de varias decenas de millones de euros en su propio beneficio, ya sea con la compra fraudulenta de empresas quebradas o incluso con proyectos humanitarios que finalmente nunca realizaban, como ocurrió con el dramático terremoto que sufrió Haiti en el 2010 y que provocó una de las mayores crisis humanitarias de América Latina de las últimas décadas.
