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jueves, 28 marzo, 2024
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Cómo lograr la gobernabilidad en un sistema plural de fuerzas políticas

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Por: RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ •

Durante el año de 1996 me tocó participar como parte del equipo encabezado por Porfirio Muñoz Ledo, a la sazón presidente nacional del PRD, en las negociaciones que produjeron una nueva reforma electoral, que el presidente Ernesto Zedillo denominó como la definitiva, en la que se diseñó la regla vigente para traducir los votos emitidos en favor de cada partido, en curules en la Cámara de Diputados y escaños en el Senado. Se confrontaron dos posiciones polares: por un lado, los representantes del gobierno sostenían que en México era peligroso carecer de mayoría absoluta en el Congreso y por ello defendían una mal llamada cláusula de gobernabilidad, que convertía, por mandato de ley, a cualquier mayoría relativa de votos en una mayoría absoluta de curules y, por otro, quienes pugnábamos porque la representación fuera estrictamente proporcional al número de votos. Al final de la negociación se estableció que el ganador no podría tener más de un 8% de posiciones en relación a sus votos. Fue, desde nuestro punto de vista, un regalo a la mayoría que tendría un porcentaje de curules mayor que el que le correspondería por su votación (si la traducción fuera estricta). El PRI aceptó ese acuerdo porque pensó que le sería fácil alcanzar 42.2% de los sufragios para seguir conservando la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. (Sus votaciones inmediatamente anteriores habían sido de 58.5% y 48.6% en 1991 y 1994.)

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Cómo es evidente, no fue la ley la que impidió que un solo partido tuviese la mayoría absoluta de curules a partir de 1997 hasta la fecha, sino que ninguno de ellos logró el mínimo del 42.2% de la votación, lo que no ha impedido que al PRI se le hayan regalado cerca de 40 diputaciones (8%) en cada elección a costa de los partidos menores. Muchas personas no se sienten cómodas con el pluralismo equilibrado que integra el Congreso, no obstante que la sociedad mexicana es muy diversa y se expresa en un pluralismo partidista sin mayoría de votos para nadie, lo que explica las numerosas propuestas para que se elimine el principio de representación proporcional, de manera que integren el Congreso solamente quienes logren la mayoría relativa de votos en los estados (senadores) y distritos (diputados). Para ejemplificar el efecto que tendría una medida como esa en la integración del Congreso local es bueno recordar que, de acuerdo a los resultados oficiales, en el más reciente proceso electoral local la coalición gobernante logró cerca del 35% de la votación emitida y, dada la dispersión de la oposición, eso fue suficiente para que lograra la mayoría relativa en 15 de los 18 distritos de mayoría (83%). Ello significa que cada voto del 35% de los electores que integran la mayoría más grande vale por 2.5 votos del 65% restante por causa de su dispersión.

La existencia de gobiernos electos por una minoría, así sea la más grande, equivale a una espada de Damocles pendiendo sobre la gobernabilidad del país y de sus entidades, y el riesgo de que caiga se incrementa cada vez que los gobernantes toman decisiones muy impopulares, como si tuvieran asegurado un apoyo ampliamente mayoritario. Parecen no darse cuenta de que la percepción social es cada día más crítica de la actuación de las autoridades, sobre todo en materia de corrupción e impunidad, desigualdad y pobreza, y violencia e inseguridad. Parece evidente que aprobar una reforma legal para producir mayorías absolutas regalando posiciones a la minoría más grande, en lugar de disminuir el riesgo de ingobernabilidad lo incrementa, por el agravio a las minorías despojadas de su legítima representación, en virtud de lo cual hay que desaparecer la cláusula de gobernabilidad (8%) y avanzar en asegurar la representación más exacta de la votación lograda por cada fuerza política participante.

Avanzar hacia un sistema representativo más fiel de la voluntad popular implicaría otra reforma constitucional, para que cuando el partido ganador no obtuvo la mayoría de votos ni, consecuentemente, de curules en la Cámara, esté obligado a integrar una coalición gobernante con otros partidos afines, pactando un programa de gobierno y un gobierno de coalición integrado por ministros propuestos por el titular del ejecutivo y ratificados por una mayoría de los legisladores que integran la Cámara, mayoría que también tendría la atribución de emitir votos de censura sobre uno o varios de los ministros cuyo efecto sería su dimisión inmediata. Esa es, a mi juicio, la única fórmula legítima de garantizar la gobernabilidad del país y sus entidades federativas, en estos tiempos de grave y peligrosa incertidumbre.

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