■ Señalamientos mediáticos no sirven, deben presentarse las denuncias correspondientes, afirman
■ Diputada propone que autoridades proporcionen seguridad a la exfuncionaria y su familia
La renuncia de Mara Muñoz Galván como directora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Zacatecas fue un tema de debate en la Legislatura local. El reconocimiento al desempeño de la ex funcionaria fue unánime y también coincidieron en la necesidad de que se investiguen las acusaciones hechas por la ex funcionaria.
Pero hubo discrepancias en las formas. Los diputados Carlos Peña Badillo y Guadalupe Flores Escobedo insistieron en que las declaraciones públicas y los señalamientos mediáticos no sirven, sino que deben de presentarse las denuncias correspondientes y llamaron a Muñoz Galván a interponerlas.
Además, Peña Badillo consideró que no se puede estar, “sin que concluya una investigación, anticipando culpables. (…) Si ella tiene los elementos, está en todo su derecho de hacerlo valer y se llegue a las últimas consecuencias. Pero también tienen derecho (los imputados) de defenderse, argumentar su dicho y de que puedan ser susceptibles de ser inocentes”.
Por su parte, la diputada Guadalupe Flores Escobedo lamentó la renuncia de Muñoz Galván y coincidió con el legislador Peña Badillo al comentar que “no basta con los señalamientos en medios de comunicación y redes sociales”, sino que es necesario que la ex directora interponga las denuncias para que puedan ser investigadas.
Consideró, además, que hay una “amplia diferencia entre lo que se dice públicamente y lo que se hace formalmente”, pues sostuvo que frente a las cuatro cuartillas de escrito que difundió detallando las acusaciones que le orillaron a dejar su cargo, la renuncia entregada al procurador únicamente tenía tres párrafos sin hacer la relación de denuncias.
Ambos diputados intervinieron después de que la legisladora Geovanna Bañuelos de la Torre introdujera el tema en asuntos generales de la sesión de este jueves e iniciara su discurso reconociendo a Mara Muñoz como “una mujer valiente que de manera decidida declara que dentro del aparato gubernamental hay corrupción, obstrucción a la justicia y tráfico de influencias”.
En cuanto a las denuncias formales que se le están solicitando a la ex funcionaria acerca de sus acusaciones, recordó el caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y la instrucción que le dio al secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, para que le investigara.
En este sentido, expuso que “le piden que denuncie los hechos. ¿Ante quién? Para que le garanticen que no actuarán en protección de sus patrones. ¿Ante los mismos que se han hecho sordos y ciegos por los desfalcos de Miguel Alonso?”.
Al mencionar la reciente designación de Jesús Manuel Valerio Pérez como subprocurador de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEZ), Bañuelos de la Torre aseguró que “quiero suponer que al momento del nombramiento (el gobernador) desconocía los señalamientos ahora públicos”.
Consideró que de ser ciertas las acusaciones de intromisión en las investigaciones contra elementos de la Policía Ministerial, el funcionario no cumpliría con los principios básicos que ha defendido el mandatario estatal y, si no fueran ciertos, añadió que de todas formas debería ser separado de su cargo para llevar a cabo las indagatorias correspondientes.
La diputada concluyó que hay una “clarísima sintomatología de que las cosas no se hacen de la manera correcta. Y si no se hace caso a los síntomas, la enfermedad puede ser devastadora”.
La legisladora María Elena Ortega expuso una serie de puntos que presentará al interior de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) para que se elabore un punto de acuerdo conjunto, por parte de la Legislatura local, en el que se hagan varios exhortos.
Uno de ellos, dijo, debe ser el de exhortar al gobernador Alejandro Tello Cristerna a que ordene una investigación a fondo de los señalamientos; además de que se instruya también a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que revise el presunto desvío de cerca de 8 millones de pesos de la construcción del Centro de Justicia para Mujeres de Zacatecas, y que es lo que se ha señalado como impedimento para obtener el recurso de 19 millones para las instalaciones de Fresnillo.
Asimismo, propuso que se revise la situación financiera y laboral del centro de mujeres, y también planteó que se atienda de inmediato el nombramiento de la nueva directora de esta institución, “garantizando que cumpla fehacientemente con el perfil que se requiere y no se reduzca al pago de facturas políticas o de personas cercanas a círculos del poder”.
De igual forma, solicitó a las autoridades que proporcionen seguridad a Mara Muñoz y su familia “por las persecuciones que se puedan suscitar por el pronunciamiento público realizado”, al igual que a los defensores de derechos humanos que están trabajando en el esclarecimiento de este tipo de hechos como las integrantes de la Red Plural de Mujeres que “ya se sienten amenazadas”.
