■ En la extracción de recursos naturales ha proliferado el esquema de “economía de enclave”: Medina
■ Este modelo se basa en “inversiones de capital extranjero, situadas en un espacio geográfico determinado y desligadas del entorno económico circundante, explica el legislador
■ El diputado Omar Carrera solicita a Sefin presentar reporte sobre refinanciamiento de deuda
La urgencia de insertar la actividad minera en las regiones en las que operan para que se genere un verdadero desarrollo local hace necesario que los Congresos de los estados puedan legislar en relación a la minería.
Así lo expuso el diputado Luis Medina Lizalde, quien presentó en la sesión ordinaria de la 62 Legislatura de este jueves una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de estipular desde la Carta Magna la concurrencia de facultades en esta materia entre los estados y la Federación.
En la exposición de motivos, el legislador refirió que sobre todo en las actividades de extracción de recursos naturales ha proliferado el esquema de “economía de enclave”.
Este modelo, precisó, se basa en “inversiones de capital extranjero, situadas en un espacio geográfico determinado y desligadas del entorno económico circundante, puesto que las relaciones son dependientes del país origen del capital, siendo el destino de la inversión, una extensión más de los intereses de la inversión capitalista”.
Esta forma de operar hace que sea “inexistente” la articulación entre la región y la empresa foránea. Esto, dijo, orilla a la generación de una economía dual “donde por un lado, el enclave, brazo tecnológico de las economías desarrolladas, sigue una tendencia de desarrollo pleno, programado y poco especulativo y, por otro lado, las economías locales, se integran a un alto nivel de competitividad con poco desarrollo tecnológico y capital”.
La necesidad de establecer facultades concurrentes, mencionó el diputado, tiene como meta que las autoridades estatales puedan legislar estas actividades económicas para buscar un beneficio local y terminen con la relación de “dominación por parte de los enclaves hacia las empresas locales”.
Esta iniciativa se presenta en el marco de la disputa legal entre el estado de Zacatecas y la Federación a consecuencia de la aprobación del Impuesto Ecológico; conflicto que actualmente se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) tras la controversia constitucional que interpuso el gobierno de la República en contra de la entidad por este motivo.
En este sentido, agregó que el federalismo que hay en México tiene que garantizar la libertad estatal para dictar leyes en los ámbitos económico y político, que busquen el beneficio de las diferentes regiones del país.
Por ello, sostuvo que “en el federalismo debe de existir paridad entre los estados parte y de ninguna manera se debe de disponer subordinación de estos ante la Federación. Se debe de garantizar la autonomía interna de los estados y respetar sus economías internas y la pluralidad cultural de sus habitantes”.
La modificación que se turnó a comisiones para su estudio y la elaboración del dictamen correspondiente consiste en cambiar la fracción décima del artículo 73 para que, en lugar de dejar las facultades de legislar en materia minera al Congreso de la Unión, se amplíe a las Legislaturas locales la capacidad para normar esta actividad.
Otro de los asuntos presentados este jueves fue el de la reglamentación para la elección de contralores municipales. Esta iniciativa con proyecto de decreto la presentó el diputado Carlos Peña Badillo y tiene como objetivo, dijo el legislador, lograr la implementación eficaz del Sistema Estatal Anticorrupción a nivel municipal.
En la exposición de motivos, señaló que la reforma plantea los requisitos que deberán cumplir los contralores municipales para estar en el cargo, la estructura administrativa que debe tener este departamento y la obligatoriedad de asignar presupuesto en cada ejercicio.
Asimismo, propuso que la omisión de designar al contralor municipal o el hacerlo fuera del plazo establecido sea considerada como una responsabilidad administrativa para los miembros del ayuntamiento.
En la sesión de este jueves, el diputado Omar Carrera Pérez también presentó una iniciativa de punto de acuerdo para solicitar al secretario de Finanzas que, a más tardar en 10 días hábiles, presente a la Legislatura local un reporte con “información precisa y a detalle del proceso de refinanciamiento que se lleva a cabo”.
