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viernes, 29 marzo, 2024
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Los ataques a los periodistas también afectan a la sociedad democrática

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Por: La Jornada Zacatecas •

Los medios de comunicación y sus periodistas tienen la función de colectar la información, sistematizarla, difundirla, además de convertirse en plataforma para hacer pública la pluralidad de opiniones de la sociedad. El debate social es indispensable para la democracia y razón de ser de los medios, lo que explica la diversidad de sus líneas editoriales, cualidad indispensable para que la población ejerza la libertad de expresión y su derecho a la información.

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Sin embargo, el ejercicio periodístico en nuestro país se complica año con año por dos causas: el creciente número de agresiones contra periodistas y la impunidad de los agresores. En 2015 se documentaron 397 ataques en comparación con 326 en 2014. Además, durante la actual administración federal se han registrado, según Artículo 19, más de mil 150 agresiones, lo cual afecta gravemente el ejercicio de la libertad de expresión y expone nuestra incipiente democracia de nuestro país; la segunda causa que dificulta el trabajo libre de los periodistas es la ausencia de una ley que norme la asignación de la inversión pública destinada a la comunicación social gubernamental.

Cuando se ataca con impunidad a la prensa se vulneran los derechos de los mexicanos a la libre expresión y a la información, se debilita la democracia y termina por desestimar la labor de los periodistas en la sociedad. Lamentablemente, el Estado ha sido omiso y negligente en su obligación de brindar justicia, verdad y reparación del daño en los casos de violencia contra los periodistas. Permite que la impunidad prevalezca, propiciando que este tipo de actos se repitan, lo que se demuestra con los 103 asesinatos de periodistas en el lapso del año 2000 a la fecha, y los 30 comunicadores que han perdido la vida de forma violenta en el actual sexenio. Y lo peor, el 99.75% de los casos queda sin castigo.

En el indignante asesinato de Miroslava Breach corresponsal de La Jornada en Chihuahua, igual que con todos los anteriores, es inaceptable la justificación de la impunidad, reiterada por las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia a las víctimas, señalando que los responsables son miembros del crimen organizado. Cada periodista caído, igual que los más de 200 mil asesinados desde que inició la guerra contra el narcotráfico, son personas igualmente dignas y no nos resignamos a aceptar que las autoridades responsables simplemente abandonen las investigaciones y recomienden a los comunicadores la autocensura como medida preventiva.

En México nadie niega públicamente que para que un régimen sea democrático debe garantizarse la libertad de expresión, pero la falta de garantías a la seguridad de los periodistas comprometidos con la verdad, y la indiferencia gubernamental ante la inexistencia de una ley en la materia y la inestabilidad económica de medios que todos los días hacen posible que fluya el debate público responsable, muestran con claridad cuan poco les importa la existencia de un vigoroso y plural sistema de medios de comunicación.

Justicia para Miroslava. Ya basta.

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