■ Nueva normativa incluye la revalidación y equivalencia educativas, dice Hortensia Aragón
■ Los diputados federales introdujeron en la propuesta el derecho de tránsito en la educación, pues contemplaba nada más, los de acceso y permanencia
El presidente de la República promulgó el pasado martes una reforma a la Ley General de Educación para facilitar a los jóvenes deportados de los Estados Unidos su ingreso al Sistema Educativo Nacional.
La diputada federal perredista Hortensia Aragón Castillo precisó en entrevista para La Jornada Zacatecas, que más allá del planteamiento original que tenía como foco a los denominados dreamers, la nueva normativa incluye la revalidación y equivalencia educativas, por lo que no es para deportados sino “para todos”.
El tránsito, dijo la presidenta de la presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, es un concepto de las nuevas sociedades, que por primera vez se involucra en la Ley de Educación mexicana, misma que antes sólo integraba los derechos de acceso y permanencia.
La Iniciativa Preferente sobre la Revalidación y Equivalencia de Estudios para los Mexicanos que regresan al país enviada por el presidente Peña al Congreso de la Unión, fue modificada en la Cámara Baja para convertirse “a esto que nosotros hemos llamado la Ley de Revalidación y Equivalencia de Estudios en el Sistema Educativo Nacional Mexicano”, citada así por Aragón Castillo.
“Acabamos de aprobar la semana pasada la ley que hace posible trasladar de un nivel a otro, salir de un país a otro, y que no se entiende que no es una ley para los que vienen repatriados, es una ley para todos”, pues también involucra las personas en migración interna del país.
“No había un tema de tránsito y el tránsito es un concepto que en las nuevas sociedades de migración que hoy existen en el mundo debe regularse. Por primera vez lo hace la Ley –General- de Educación”.
Los diputados federales introdujeron el derecho de tránsito en la educación, pues contemplaba nada más, los de acceso y permanencia.
Esto se traduce, por ejemplo, en que niños y niñas en esta condición a lo largo y ancho de la República Mexicana, como es el caso de los hijos de los jornaleros agrícolas que trabajan por temporadas en diferentes estados del país, puedan acceder a la escuela en cualquier momento sin que se les requiera a los padres documentación alguna.
La obligación de los centros escolares desde el nivel básico y hasta los estudios profesionales, estos últimos que se involucrarán a través de la celebración de convenios con la Secretaría de Educación Pública, será recibir a los alumnos en cualquier momento del ciclo escolar, y egresarlos también en cualquier momento que lo requieran, expidiendo “un documento que dice hasta aquí aprendió esto y va en tal unidad, para que a donde vaya tenga posibilidades”.
Hortensia Aragón subrayó que los ingresos deberán realizarse en caso de alumnos en tránsito y en otras circunstancias de vulnerabilidad, como es el caso de discapacitados, niños indígenas, víctimas de acoso escolar, entre otras razones por motivo de su orientación sexual, o en situación de pobreza, que requieran este tipo de atención, “sin documentos, sin identificación”.
“Pusimos por delante de todo el derecho a la educación, primero lo dejas entrar a la escuela y ya que lo dejas, si no trae documentos de grado de la otra y te dice que va en tercero le aplicas un examen en tercero de primaria para ver cómo viene y lo ubicas”.
La documentación que acredita el grado escolar pasará a ser un problema del Estado y no de los padres de familia, expuso.
“Si nosotros no hacemos eso, el problema de los documentos se convierte en un impedimento para que tengan acceso a la escuela”, opinó.
Es más fácil que la dirección de la escuela actual los solicite a la anterior, pues a veces el que los padres de familia no los obtengan tiene que ver con el tema de no haber pagado la cuota que se les exige de manera ilegal, pero originalmente se propuso así porque en el caso de las deportaciones de connacionales “los documentos se quedan en los Estados Unidos”.
En este caso será otra vez responsabilidad del Estado el obtenerlos a través de los consulados, enfatizó.
En el caso de las universidades por su cualidad de autónomas se tendrán que hacer convenios con la SEP, “para que la ley se aplique también allí.
En un principio este tipo de centros educativos adujeron que ya lanzadas sus convocatorias de ingreso y sus procesos de selección no les era posible integrar educandos en estas circunstancias por falta de espacios pero “ellos ya revisaron (…) ahora ya cambiaron su actitud y van a abrir convocatorias para los dreamers”, y otros jóvenes inscritos en nivel universitario en situación de tránsito en el país.
Luego de que el pasado martes Enrique Peña Nieto publicó la citada normatividad, habrán seis meses para que la Secretaría de Educación Pública haga las adecuaciones reglamentarias, “para ver a detalle cómo va a normar y cómo va a funcionar esto, cómo va a ser posible que se cumpla”.
Habrá asimismo un periodo de un año para la implementación de un sistema de cualificaciones antes inexistente en el país.
“México lo tenía como un asunto de la secretaría, cómo era un asunto administrativo, y por eso no lo hacía”.
Se introdujo entonces en la normativa, este sistema que significará que “ahora nos van a decir, no a qué escuelas les entregan el Reconocimiento de Revalidación Oficial de Estudios (RVOE), y que esta escuela es buena porque los padres de familia lo dicen, sino que van a tener que calificar a las instituciones de Educación, porque ya nada más llega el inspector y revisa cuestiones administrativas, pero no hay un sistema para ver la calidad de las instituciones educativas, para eso nos pidieron un año”.
La SEP reconoció que es un sistema que no tienen y por tanto lo implementarán, la dependencia tendrá para ello que trabajar sobre los indicadores con que se medirá la calidad de las escuelas.
”Por eso tienen un año, porque los indicadores tienen que irlos trabajando y piloteando. A mí me hubiera gustado acelerar los tiempos, pero si no tienes el sistema, si nunca los has echado a andar…porque luego a las escuelas privadas nada más les entregas el RVOE, las echas a andar y las administras, y no sabes si realmente tienen calidad educativa o no”.
Además se introdujo el tema de la transparencia, pues las revalidaciones “no van a ser un asunto de una escuela con otra”.
La Secretaría de Educación Pública tendrá que actualizar su sistema de información, “que no lo tiene”. Y firmará un convenio con el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), “para poder saber qué escuelas tienen RVOE, qué escuelas revalidaron, a quién revalidaron, o sea, la información que nosotros no tenemos sobre lo que está pasando en las escuelas”.
“Entonces ampliamos –la ley- al tema de transparencia, al tema de la medición de calidad de las escuelas. No nada más si cumplen los requisitos administrativos. Y el concepto de migrante lo ampliamos, porque no podemos hacer una ley particular para dreamers, si no hubieran hecho un decreto o un programa especial. La ley es general, tenemos que hacerla para todos, pero nos agarramos del artículo primero –constitucional- para hacer excepciones de trato diferenciado –en el caso de sectores sociales vulnerables-”.
