La calidad de vida de los habitantes de una ciudad depende en buena medida del disfrute y apropiación de todos sus espacios. En muchas ciudades, tanto en México como en el mundo, estas libertades se ven limitadas por varias razones: una infraestructura deficiente, escaso desarrollo económico y poca planeación urbana, pero sobre todo, por la falta de seguridad que se vive todos los días en sus calles.
Si bien todos, hombres y mujeres, niños y adultos, jóvenes y personas de la tercera edad, pueden ser víctimas de la inseguridad y la violencia, las mujeres están expuestas a situaciones particulares que vulneran su integridad y violan sus derechos, en medio de situaciones y contextos que a la mayoría le parecerían de lo más cotidianos.
Según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ésta se define como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
El maltrato, el aislamiento involuntario y los ataques sexuales son sólo algunas de las formas en las que las mujeres experimentan la violencia cotidiana en las ciudades. Existen otras acciones que también suponen un grado de violencia y que, debido a su frecuencia, a veces son vistas como normales por buena parte de la sociedad.
De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, “47% de las mujeres en México mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia, sea física, sexual, emocional o económica”. Las agresiones verbales y físicas que constituyen el acoso callejero y que suceden todos los días en las calles y en el transporte público de nuestras ciudades implican la restricción de los derechos fundamentales de las mujeres.
Una forma de combatir el acoso en contra de las mujeres y así garantizar que tengan una vida libre de violencia es el empoderamiento a través de su participación en la vida pública y en las actividades económico-laborales de la sociedad.
En los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre los que se encuentra México, las mujeres perciben un salario 16% menor que el de los hombres. Esta brecha salarial conduce a una brecha económica de mayores dimensiones, por la que muchas mujeres viven en relaciones de dependencia que no les permiten conocer sus derechos y hacer uso de ellos.
Gozar de una educación plena y poder acceder al mercado laboral, en cualquier área que deseen, son algunos de los derechos humanos fundamentales de las mujeres, los cuales además benefician a toda la sociedad, ya que “las mujeres destinan más de 70% de sus ganancias a la comunidad y a su familia, en tanto que los hombres sólo inyectan entre 30 y 40% de sus recursos para dichos fines”, según la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE).
El empoderamiento económico de las mujeres, a través de su inserción en la vida pública y de su participación dentro del ámbito laboral, bajo condiciones de igualdad, mejora su calidad de vida al otorgarles las capacidades para combatir los muchos tipos de discriminación y violencia que existen en su contra. ■
