■ Junto con la UAZ, la dependencia simuló un esquema para la transferencia de recursos: ASF
■ Sugiere auditoría se investigue y se inicie el procedimiento administrativo correspondiente
Oscar Octavio Olivares Plata, director general de Administración de Riesgos de la Sagarpa, fue el enlace de Edmundo Guerrero Sifuentes, secretario administrativo con licencia de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), para la realización de proyectos por 219 millones de pesos que, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, fueron simulados.
Según el portal de Internet de la Sagarpa, Olivares Plata fue nombrado en el cargo mencionado el 16 de enero de 2013, es licenciado en Actuaría por el ITAM, tiene maestría en Administración de Riesgos y cuenta con posgrados en Administración de Riesgos Bancarios y Mercadotecnia por la misma institución académica.
También se constata que el entonces rector de la UAZ, Armando Silva Cháirez, cedió a Edmundo Guerrero Sifuentes la facultad de gestionar, administrar y desarrollar los proyectos en cuestión.
En un acta administrativa circunstanciada de auditoría del 3 de noviembre de 2016, el rector de la UAZ al momento de los hechos, manifestó que la persona que operó íntegramente los proyectos fue el director de la Unidad Académica de Contaduría y Administración y actualmente secretario administrativo de la Universidad.
“Como constancia proporcionó copia del escrito del 27 de junio de 2014, mediante el cual designó a la citada persona como Representante Institucional de Proyectos Estratégicos de la Universidad, para darle atención y seguimiento a cualquier situación que derive de la suscripción de los instrumentos jurídicos de proyectos estratégicos con la Administración Pública Federal, cargo que según manifestó no ha sido revocado, no obstante no presentó documento alguno para refrendar el escrito al ejercicio sujeto a revisión”.
El mismo 3 de noviembre de 2016, mediante acta administrativa circunstanciada de auditoría, Guerrero Sifuentes manifestó que “derivado de mi actividad como director, me otorgó el señor Rector de la UAZ un nombramiento para que en su nombre y representación pueda signar convenios no sólo con unidades gubernamentales sino con todo tipo de entidades, a efecto no solamente de establecer vinculación de la universidad sino también para allegarnos de posibles recursos extraordinarios que permita la operación de la Unidad Académica de Contaduría, iniciando para ello visitas a la Ciudad de México con la intención de poder participar en convocatorias de esta naturaleza”.
En tanto, señala que la UAZ no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; toda vez que conjuntamente con la Sagarpa, simularon un esquema para la transferencia de los recursos a través de cesión de derechos suscritos con los beneficiarios de los apoyos para transferir recursos; además se corroboró que para la ejecución de los 36 proyectos asignados, contrató a 16 proveedores, pagó a 624 personas por honorarios asimilados a sueldos y salarios.
También erogó diversos gastos que no son inherentes a la operación por la cantidad de 205 millones 393 mil pesos, no obstante haber manifestado que tenía la capacidad técnica y humana para desarrollarlos; y la diferencia por 14 millones 36 mil pesos, los consideró como cuotas administrativas, sin presentar la documentación comprobatoria de su aplicación.
Además, 15 beneficiarios no reconocieron haber firmado ningún trámite con la Sagarpa ni con la UAZ, y 32 entregables proporcionados provenían de diversas páginas de Internet, y por tanto no fueron realizados por la Universidad ni por los proveedores ni por los prestadores de servicios, así como contrató a proveedores que no contaban con el perfil para llevar a cabo los servicios encomendados y prestadores de servicios que no tenían la experiencia para llevar a cabo la ejecución de dichos proyectos.
La ASF sugiere entonces una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y que la Contraloría Interna de la UAZ realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión suscribieron los convenios de colaboración sin que la Universidad contara con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto de los convenio , y declararon con falsedad que no se requería de la contratación con terceros para el cumplimiento de los trabajos contratados.
Respecto a los pagos a personal contratado por honorarios asimilados a salarios por 76 millones 325 mil pesos, la auditoría explica que la UAZ proporcionó un informe de actividades de los 624 prestadores de servicios contratados, pero sólo contienen conceptos muy generales de las actividades realizadas, como son: “organizar y coordinar todas las actividades técnicas y administrativas relacionadas con el proyecto; la supervisión y buen desarrollo de las mismas; coordinar y suministrar los recursos obtenidos del proyecto; se apoyó con la ejecución del programa”; entre otras cosas, pero no se comprobaron las visitas realizadas para cada proyecto ni las acciones para el levantamiento de información, es decir, entrevistas o encuestas.
La UAZ tampoco proporcionó evidencia de las comisiones realizadas a cada uno de los estados de la República Mexicana donde se ubican los proyectos de los beneficiarios de los apoyos, de los gastos inherentes a las comisiones como son: pasajes de avión, autobús, gasolina, casetas, hospedajes y alimentación, por lo que no se acredita fehacientemente que se realizaron las comisiones tendentes a cumplir con los objetivos acorde a la contratación y pago a los prestadores de servicios contratados por honorarios.
Respecto a los entregables presentados por la UAZ a la Sagarpa, derivados de los cinco convenios de colaboración suscritos entre la Universidad y esa dependencia, así como de los 36 convenios de concertación suscritos entre esa secretaría y los beneficiarios, en cada proyecto proporcionaron dos libros impresos, debidamente encuadernados y empastados y en archivo digital, denominados “Informe Detallado e Informe Ejecutivo”. Sin embargo, en su contenido se observó que 32 de ellos no fueron realizados por la UAZ, los proveedores contratados por la Universidad ni por los prestadores de servicios contratados por honorarios asimilados, ya que provenían de diversas páginas de Internet.
Al ser consultado sobre el impacto social que tuvieron esos proyectos para la UAZ, Guerrero Sifuentes declaró a la auditoría “que se tenía como intención primordial el beneficio a la institución y sus estudiantes con los remanentes de la operación, se logró una derrama económica con el trabajo de las personas físicas y morales, asimismo el beneficio fundamental con la sociedad y los beneficiarios apoyados; al cumplir con el objetivo del proyecto, se busca realizar cierto número de acciones, nosotros llegamos hasta la entrega del diagnóstico, estudio o análisis, según sea el caso”.
En ese sentido, el director de Administración de Riesgos de la Sagarpa manifestó en acta administrativa circunstanciada de auditoría del 13 de julio de 2016 que “Para las personas que lo piden es un beneficio, una evidencia del beneficio a la población objetivo es complicado. Se realizará una verificación de los beneficios los cuales se presentarán a los auditores en la ejecución de la auditoría”; por lo que, con oficio del 10 de agosto de 2016, informó que “los beneficios tangibles serían entre otros, los análisis, asistencia técnica, capacitación, diagnósticos, estudios, sistema de información e investigaciones, elaborados por los beneficiarios a través de instituciones académicas o de investigación de cobertura nacional o internacional o empresa”.
De lo anterior se desprende que en los 36 proyectos relativos al análisis, asistencia técnica, capacitación, diagnósticos, estudios, sistema de información e investigaciones, elaborados por la UAZ, con los cuales se erogaron recursos por un importe de 219 millones 430 mil pesos, no se presentó evidencia de que las personas físicas o morales apoyadas por la Sagarpa hayan recibido algún beneficio tangible, menos aún las empresas dedicadas a la misma actividad social en el estado y a nivel nacional.
Una de las personas físicas que la auditoría menciona como beneficiario es un estudiante de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la UAZ, quien trabaja en un negocio particular de fotografía, pero que aparece en el equipo para desarrollar el Programa para el Diagnóstico y Fortalecimientos comerciales de los Productores de Aguacate de la Zona Centro Occidente (Colima, Guanajuato y Jalisco).
