Estimar el nivel de corrupción en un país, estado o municipio es bastante complejo. La dificultad radica en lograr que el denunciante no se sienta parte del delito y decida no reportar. Si te roban el celular está claro quién es la víctima y quién el delincuente. Esta diferenciación no es tan evidente cuando hablamos de corrupción. Para algunos, dar una mordida a un oficial de tránsito es una forma de astucia que pocos tienen, para otros es algo imperdonable que pudre nuestro sistema desde su base hasta la punta de la pirámide. Esta limitante representa un primer problema no solo en la medición sino en el combate a la corrupción. La falta de información y de una definición clara de qué es la corrupción y quienes deberían de ser castigados dificulta que la ciudadanía participe activamente en su detección y decremento.
Como resultado, la mayoría de las mediciones (el índice de Transparencia Internacional, por ejemplo) se enfocan en medir la percepción que las personas tienen respecto al problema de la corrupción. Sin embargo, existe una gran diferencia entre la percepción de la corrupción y sus tasas de prevalencia. En 2015, por ejemplo, el 41% de los zacatecanos declaró sentir que la corrupción es algo que ocurre muy frecuentemente en el estado. Sin embargo, del 80% de los zacatecanos que reportaron haber realizado un trámite de forma personal ante un empleado del gobierno, solamente el 6.8% declaró haber experimentado algún tipo de corrupción. Se trata de una estimación que resulta más baja de lo esperado (si basamos nuestras proyecciones únicamente en nuestra percepción) y aun así podemos decir bastante acerca de quiénes son las personas que están más expuestas a la corrupción en el estado.
Sabemos, por ejemplo, que 4.43% de las mujeres que realizaron al menos un trámite de forma personal ante un empleado de gobierno en Zacatecas experimentó algún tipo de corrupción, mientras que este porcentaje asciende a 15.4% en el caso de los hombres. Evidentemente, antes de realizar alguna conjetura sobre la diferencia de prevalencia entre mujeres y hombres, tendríamos que realizar un análisis más detallado que nos permita realmente aislar el efecto del sexo en la prevalencia de corrupción. Dicho esto, esta simple estadística nos permite aproximarnos a un diseño de política pública que facilite la reducción del número de trámites donde se experimenta corrupción. Por ejemplo, una primera pregunta a explorar es cuál sería el impacto de incluir a un mayor número de mujeres como empleadas de gobierno dentro de las dependencias donde se presenta la mayor frecuencia de corrupción.
Otro dato importante es cuáles grupos de edad reportaron haber experimentado más actos de corrupción durante 2015. Los jóvenes zacatecanos entre 18 y 25 años se llevaron el primer lugar con 12.4%, seguidos de personas entre 26 y 35 años con 7.7%. Más allá de conocer las causas, estas cifras nos indican lo importante que resulta la prevención de la corrupción desde las aulas. Es necesario reformular el contenido de las materias enfocándolas no solamente a cómo ser un buen patriota al saber respetar los símbolos patrios, sino dándole especial énfasis a cómo ser un buen ciudadano considerando los daños que provoca la corrupción.
Esta información proviene de una encuesta realizada en hogares por lo que solo explora un tipo de corrupción, la llamada “corrupción pequeña”. Resulta aún más difícil saber cuál es el tamaño de la “gran corrupción” que a su vez es la más visible y la que más impacta en la percepción ciudadana (un ejemplo emblemático de este caso es el escándalo de la casa blanca). Una buena aproximación a este tipo de corrupción es la estimación del porcentaje de empresas o unidades económicas que se vieron afectadas por la corrupción. Este indicador es estimado a través de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2016 (ENVE). De acuerdo a esta encuesta, la corrupción fue el segundo delito más frecuente en las empresas zacatecanas (siendo la extorsión el primero). Esta cifra refleja que las políticas para combatir la corrupción tienen que considerar a las empresas y no solamente a los funcionarios. Se trata de un trato entre ambas partes en donde aquellas empresas que puedan pagar el costo de oportunidad (el soborno, los regalos, los favores) lo harán y aquellas que no cuentan con el capital para hacerlo simplemente no podrán competir.
El esquema en el que se diseñan estrategias e incluso instituciones basadas en lo que creemos que es y no en lo que podemos probar ya caducó. El no utilizar los datos disponibles sería un error muy costoso. Esperemos que así lo hagan quienes tienen en sus manos la administración del estado. ■
1 Basado en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 elaborada por el INEGI.
