■ Difícil, dejar a un lado los apoyos otorgados por requerimientos que tienen los ciudadanos: Peña
■ Es una forma de perpetuarse en el poder comprando voluntades y simpatía con recursos públicos: Medina
Los denominados recursos para “gestión” que existen en la Legislatura bajo el nombre de herramientas legislativas y, ahora, en el ayuntamiento de Guadalupe son motivo de choque entre las posturas de los diputados locales.
Mientras algunos defienden su pertinencia ante las necesidades de la ciudadanía y la obligación del legislador de dar respuesta inmediata, otros abogan por su eliminación ya que sólo es utilizada como forma de control político a través de la pobreza.
El diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo, defendió la partida presupuestal de las herramientas legislativas porque la ciudadanía sigue teniendo la concepción de que el diputado es un gestor de apoyos.
Sostuvo que sí es necesario evolucionar socialmente “para concentrar el quehacer legislativo en las leyes e iniciativas”, pero añadió que en estos momentos es difícil dejar a un lado los apoyos que se otorgan por los requerimientos que tienen los ciudadanos.
En este sentido, recalcó que cuando una persona llega a pedirte apoyo porque “no hay para la renta de la casa, para la beca del niño, no le puedes decir que acabas de presentar iniciativas, por la premura de sus necesidades”.
Asimismo, en relación al trabajo de los diputados, Peña Badillo dijo que sí incluye la presentación de iniciativas, dictámenes y puntos de acuerdo, pero no se ciñe a acudir a las sesiones los martes y jueves; por el contrario, añadió que hay trabajo al interior de las comisiones y de igual forma señaló como una obligación del legislador el visitar su distrito y atender a la ciudadanía.
El tema de las herramientas legislativas lo calificó como polémico y aseguró que “ha desgastado mucho” la figura del diputado y del Poder Legislativo en general.
Expuso que este recurso cada legislador lo destina a los rubros que considera pertinentes y destacó que no conoce algún diputado que no lo esté ejerciendo.
Por tanto, indicó que lo que debe hacerse es revisar cómo se está aplicando este presupuesto y garantizar que cada peso erogado por este concepto sea comprobado de acuerdo con la normativa de la Legislatura local.
En su caso, dijo que de manera permanente hace recorridos por el distrito que representa entregando apoyos de diferente índole, como alimentarios, educativos, invernales, de salud y de mejoramiento de vivienda, entre otros rubros; “siempre buscando cambiar la realidad de la ciudadanía”, puntualizó.
En este sentido, apuntó que “habrá a quien le resulte un apoyo alimentario algo que ofende, pero habrá otros a quienes les resuelve el día donde no tienen que comer”.
Tras estas declaraciones, el legislador priísta argumentó que “únicamente con este recurso se atiende la demanda de la ciudadanía, que no sólo espera que produzcas iniciativas y quehacer legislativo, sino que ve en el diputado una persona con quien tiene gestión”.
Por su parte, el diputado por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luis Medina Lizalde, describió estas prácticas como una forma de perpetuarse en el poder comprando voluntades y simpatía con recursos públicos.
El legislador dijo que ni el PRI y sus aliados ni la oposición entienden que “de lo que se trata es de convertir en derecho lo que es una dádiva, porque convertirlo en derecho hace que deje de ser manipulable electoralmente”.
En el caso de los ayuntamientos, sostuvo que algunos presidentes municipales “descubrieron que para tener control político sobre sus cabildos había que darles privilegios ilegítimos”, lo que derivó en la asignación de estos recursos “para que hagan clientelas o se queden con ellos”.
Con este tipo de actitudes, consideró que se pervierte el concepto de gestión que debe enfocarse a que los servidores públicos sean portavoces, promotores y enlaces de quienes no tienen voz y habitualmente no pueden tener acceso a la atención de las instituciones.
Medina Lizalde abundó en el tema asegurando que “lo trágico es que se hace con dinero público de ayuntamientos y estados que carecen de solvencia para cumplir sus obligaciones rutinarias; para pagar cuotas del seguro social, para liquidar conforme a derecho a los empleados que despiden y, a veces, hasta para mover las patrullas porque no tiene para gasolina”.
En el caso de las herramientas legislativas que ejercen los diputados, y que insistió en que deberían ser eliminadas, señaló que el mayor daño que provocan en la ciudadanía es el hecho de que la aplicación de este recurso en la entrega de dádivas deriva en que los diputados no dedican el tiempo que deberían a su función, que es legislar.
Hizo referencia a las declaraciones de legislador Carlos Peña sobre este tema, en el sentido de que debe trabajarse en un cambio de cultura por parte de la ciudadanía para que conozca la responsabilidad de un diputado, pero quien apuntó que en este momento no es posible por la enorme necesidad de apoyo que tiene la sociedad.
Al respecto, comentó que estos problemas económicos que enfrentan los zacatecanos no se resuelven con las herramientas legislativas, además de que consideró que “la gente entiende razones cuando se le explica”.
Por tanto, concluyó que la eliminación de esta partida presupuestal al interior del Congreso beneficiaría a los propios diputados y debe ir aparejada a una tarea de comunicación hacia la sociedad para que sepa que los legisladores ya no tienen recursos para poder otorgarlos en este tipo de ayudas.
De esta forma, dijo que “seguramente la demanda de gestión sería más razonable porque le demandarían gestión y no dadiva”.
Medina Lizalde puntualizó que no tiene justificación alguna “que diputados o regidores reciban recursos públicos para conseguir simpatías; eso es hacer, de una modalidad de corrupción, un modo de control político”.
El diputado por el Partido de Acción Nacional (PAN), Arturo López de Lara, aseveró que “en lo personal creo que sí ayuda que tenga algo de movimiento el diputado y el regidor” con estos recursos. Aun así, reconoció que es un tema polémico que “evidentemente se usa con carácter político”, pero puntualizó que finalmente en la Legislatura, en concreto, es una práctica legal.
