■ Es un empréstito de 550 mdp celebrado en condiciones desventajosas para el estado: Ortiz
■ Ex funcionarios de primer nivel en el gobierno de MAR podrían estar involucrados, señala
La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene abiertos varios procedimientos contra ex funcionarios de la administración gubernamental pasada derivados de auditorías practicadas. Y en fechas próximas “es muy probable” que la Secretaría de Finanzas interponga una denuncia ante el órgano estatal de control por el crédito de alrededor de 550 millones de pesos contratado con Interacciones, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha desconocido.
Paula Rey Ortiz Medina, titular de la SFP, dijo que el empréstito fue celebrado en condiciones desventajosas para el estado “porque los intereses al no haberse registrado como deuda, son muy altos y eso le representa al erario un daño”. Agregó que aún no se sabe con precisión la cifra de esta afectación a las arcas públicas.
En el tema podrían verse involucrados dos funcionarios de primer nivel de la administración anterior, “pero tendríamos que esperar a que nos entregaran la denuncia formalmente, se ratificara y entonces podríamos empezar a trabajar en ello”.
Luego de la denuncia que hará la Secretaría de Finanzas puede instaurarse un procedimiento de responsabilidad administrativa y derivado de sus resultados procederse a una denuncia penal, “pero depende de la valoración” que se haga con el procedimiento, dijo.
La funcionaria también se refirió a la auditoría practicada a la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho (Benmac), que informó fue concluida y notificadas las observaciones, por lo que el tema se encuentra en proceso de solventación.
Dijo que debe dejarse transcurrir un plazo para permitir que la institución presente documentación justificativa de los gastos, “si no solventan ya procederíamos a enviarlo al área jurídica de responsabilidades para que elaboren el pliego de responsabilidades”.
Las observaciones de la SFP a la Normal refieren la falta de documentación comprobatoria del ejercicio del gasto, o que buscan ampararlo sin reunir los requisitos fiscales y asimismo la asignación de recursos a actividades fuera del destino justificado para ejercerlo.
En caso de que la institución no solvente las observaciones realizadas por la SFP, ésta turnará el asunto a la Dirección Jurídica, quien emitiría un dictamen de “presunta responsabilidad” dirigido de manera directa a quienes pudieran haber violados las normas.
