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La organización de los comicios es una función estatal que se realiza a través del INE, y de los organismos públicos locales de acuerdo con lo establecido por la CPEUM. Se trata de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos conforme lo establecido legalmente. En el ejercicio de esta función, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, son principios rectores.
Este organismo, cuenta en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General es un órgano superior de dirección y se integra por: un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurren con voz, pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo. Actualmente son: Lorenzo Córdova Vianello, consejero Presidente. Los diez consejeros: Enrique Andrade González; Marco Antonio Baños Martínez; Adriana M. Favela Herrera; Beatriz Eugenia Galindo Centeno; Ciro Murayama Rendón; Benito Nacif Hernández; José Roberto Ruiz Saldaña; Pamela San Martín Ríos y Valles; Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo. Como secretario Ejecutivo es Edmundo Jacobo Molina. Cada uno, percibe como ingresos mensuales cantidades elevadas.
Vea usted:
De acuerdo con el DOF, los consejeros electorales perciben un sueldo mensual entre $151 mil 672 pesos y 182 mil 212 pesos, mismos que constituirán el sueldo base y compensación garantizada. Reciben además prestaciones que son beneficios adicionales a los servidores públicos en razón de su sueldo y del grupo jerárquico al que pertenezcan. Estas prestaciones se clasifican:
Seguridad social. Son beneficios que reciben los servidores públicos de conformidad con la Ley del ISSSTE de acuerdo con lo señalado en el artículo 206 de la LGIPE
Prestaciones económicas y sociales:
Prima quinquenal.
Prima vacacional.
Pagos de defunción.
Ayudas para despensa.
Día de las madres.
Día del niño.
Día de Reyes.
Gastos de traslado.
Becas estudiantiles.
Seguros.
Otras prestaciones inherentes al puesto.
Además, cuentan con vehículo asignado del cual, todos los gastos de combustible y mantenimiento, son cubiertos por la institución. El INE cubre también, el gasto de telefonía móvil de los consejeros.
Nuestro país es pobre. Incluso, el gobierno federal como medidas de austeridad, recortó recursos en el presupuesto del año actual, para importantes rubros como la educación y la salud. Tomando en cuenta estas condiciones, el 11 de enero pasado, la Junta General Ejecutiva del INE dio a conocer diversas medidas de austeridad, que sin poner en riesgo sus funciones sustantivas, buscaban contribuir a enfrentar con responsabilidad la difícil situación:
1.- Suspensión de la construcción de las instalaciones proyectadas para realizarse en las oficinas centrales del Instituto.
Medida que se hizo efectiva el 2 de febrero del año actual, poniendo a disposición de las autoridades hacendarias un mil 70 millones de pesos.
2.- Reducción del 10% de la remuneración de los consejeros electorales; integrantes de la Junta General Ejecutiva ampliada y cargos homólogos. Para cada consejero se rebajó sus percepciones de $177 ciento setenta y siete mil a $160 ciento sesenta mil pesos mensuales.
A partir de la primera quincena del mes pasado, se hizo efectiva.
3.- Establecimiento de un mecanismo de rendición de cuentas, mediante el cual se hará público el ejercicio del presupuesto del Instituto de manera trimestral, es decir, durante el propio ejercicio fiscal, y no hasta su conclusión.
Igualmente, se hizo efectiva en la misma fecha que la anterior.
Benito Nacif Hernández, presentó un recurso de inconformidad respecto de la reducción del 10% a las percepciones, y al resolverlo el viernes 10 del mes actual, el TEPJF, revocó la medida porque consideró que la Junta General Ejecutiva no tiene competencia legal para aprobarla. De esta manera los consejeros electorales volverán a recibir $177 mil pesos mensuales, en lugar de $160 mil como establecía la medida de austeridad revocada.
Y, en acatamiento de lo que resolvió la autoridad electoral, los consejeros declararon capítulo cerrado a la reducción de sus percepciones; señalaron que no disminuirán sus gastos de representación como medida compensatoria, porque no es parte del salario. Estos gastos incluyen comidas, pues dijeron que el ahorro sería simbólico, puesto que sólo se erogarían 4 millones de pesos, y ya pasó el tiempo para acordar la aplicación de una medida de este tipo. Que será una decisión personal si algún consejero dona parte de sus percepciones.
La soberbia e insensibilidad social, de los consejeros y magistrados responsables de este despilfarro electoral, constituye una grave ofensa para el pueblo de México, que actualmente cuenta con más de 20 millones de trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos, es decir, reciben al mes entre 2 mil 400 y 4 mil 800 pesos. Igualmente, para los 3.4 millones de personas que trabajan sin recibir remuneración alguna, sólo propinas o comisiones. Además, hay estados del país en los que entre el 70 y 80 por ciento de su población se mantiene en la informalidad. (La Jornada. Miércoles 15 de marzo de 2017. P. 19). ■
