■ “Aquí ni siquiera se ventilan adecuaciones que en otros estados ya están plenamente vigentes”, dice
■ Tenemos que seguir concediendo el beneficio de la duda, opina Carlos Peña Badillo
“Nos quedamos en la etapa del atraso político, donde se pueden hacer promesas que simple y sencillamente se van a ignorar”, dijo Luis Medina Lizalde respecto del nivel de cumplimiento de los primeros seis meses de la presente administración gubernamental, periodo “nada celebratorio” del que también denunció para el caso del Congreso local, la “parálisis legislativa”.
El líder de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al interior de la 62 Legislatura, observó ayer, que “aquí ni siquiera se ventilan adecuaciones que en otros estados ya están plenamente vigentes”.
Se refirió así a los ofrecimientos de campaña de quien se convirtió en gobernador, Alejandro Tello Cristerna, para introducir en la legislación local figuras jurídicas como la Revocación de mandato y la Eliminación del fuero.
“Yo recuerdo que Alejandro Tello abanderó la Revocación de mandato, él hizo una promesa contundente de que si no cumplía se iba. Recuerdo que asumió el compromiso de la Eliminación del fuero”, sostuvo.
Sin embargo, puntualizó, “la bancada que expresa su visión política aquí y constituye mayoría, no se ha ocupado del tema. No ha dictaminado las iniciativas que pudieran conducir al cumplimiento de la promesa del gobernador”.
El morenista también hizo un recuento de temas que le han “estallado” a Tello Cristerna, tales como la crisis provocada por años consecutivos de abandono del subsistema educativo, el problema de inseguridad pública ostentado como “casi resuelto”, la situación financiera de la UAZ a quien se le redujo el presupuesto, pero se utilizó para incrementar hasta el 10 por ciento un impuesto cobrado a los contribuyentes.
Exhibió asimismo la fragmentación de la clase política manifiesta en un conjunto de normas ya rebasadas en el tiempo y por último, la falta de productividad legislativa que se hace manifiesta de manera reiterada con las dificultades para conseguir el quorum legal en casa sesión.
Luis Medina Lizalde dijo que sus pares no han advertido que el Poder Legislativo es el instrumento de cambio y modernización por excelencia, de los pueblos. Pero si la representación popular esta atrofiada, dijo, “entonces el cambio va a transcurrir por cauces diferentes (…) a veces no pacíficos”.
En réplica el diputado priísta, Carlos Peña Badillo, expuso a los retos que enfrenta su correligionario, el gobernador Tello Cristerna como “mayores” también refiriéndose al tema educativo, de recaudación y combate a la inseguridad.
Pero expuso que más allá de “juzgar” sus primeros seis meses de gobierno como bueno, mediano o no grato, “creo que tenemos que apostarle y seguir concediendo el beneficio de esa duda y del compromiso que él tiene para dar buenas cuentas”.
Luego de trasladar la evaluación al final de la administración de Tello Cristerna y no a mediados de su gobierno como se comprometió con su “Si no cumplo me voy”, el legislador instó a ofrecer el respaldo al mandatario “y hacer la parte que nos corresponda desde el Poder Legislativo”.
Trajo a colación de entre los temas posibles, al Sistema Estatal Anticorrupción, mismo que cabe recodar, tiene un plazo fatal para su implementación que se cumple el próximo 18 de julio, y del que dijo, “va caminando”.
Respecto de los compromisos del Ejecutivo sentenció que “él sabrá cómo” cumplirlos y atenderlos y en el caso de omisión, “también será sujeto de que la sociedad y la historia lo juzguen”, mientras que el Poder Legislativo debe asumir su propia responsabilidad.
Llamó a “concientizarnos del respeto a las instituciones” que exhibió como fundamental para argumentar que “rebasarlas y juzgarlas” es equivocado, pues aseveró que “vulnera el estado de Derecho”.
Respecto de esta última postura, Luis Medina Lizalde reviró al señalar sobre la expresión, que “se me hace muy arriesgado decir que juzgar a las instituciones es vulnerar el Estado de Derecho”, pues no sólo es un derecho de los ciudadanos hacerlo sino esencial “para toda la vida democrática”.
Observó que la deliberación pública se hace respecto del comportamiento de las instituciones y que el espacio por excelencia para ello es el Parlamento, “en cualquier lugar del mundo”.
La falta de este ejercicio republicano comentó, es lo que empobrece, atrofia e impide el crecimiento no solo colectivo sino individual, pues el debate y por tanto el libre pensamiento es el motor de avance más importante de la humanidad.
Medina Lizalde había mencionado ya que la actividad legislativa actual, misma que se inscribe en la primera generación con opción a reelección, “ya se anuncia como la reelección de los despenseros”, pues los diputados y diputadas han abandonado su función “por andar recorriendo el Distrito con mentalidad clientelar”.
Mencionó luego que es un gran desperdicio tener parlamentos que se hacen cargo de sus responsabilidades “de la manera como lo estamos haciendo nosotros”, pero observó que aún están a tiempo para trascender esa forma de actuar y tomar en cuenta que tienen para ello solo una tercera parte del tiempo normal “para ser más productivos”:
Sobre la introducción de las figuras legales de Revocación de mandato y Eliminación del fuero en la Ley de Participación Ciudadana, subrayó también que fue “un compromiso prácticamente de todos. No hay alguna fracción parlamentaria que se haya opuesto a estas reformas”.
Y sin embargo, agregó ahora la diputada por el Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos de la Torre, quien coincidió con la postura de Medina Lizalde, las fracciones parlamentarias “del poder” no presentaron iniciativas al respecto y las cuatro que fueron iniciadas por la oposición no se han discutido en comisiones, no obstante que fueron compromiso de campaña del gobernador.
La legisladora también habló de una falta de respeto al trabajo legislativo, pues además de que sus procesos son largos, “nos encontramos con la frustración” de que los productos “cuentan con el veto de bolsillo” esto es, que no se realiza la reglamentación de las legislaciones por parte de la Coordinación General Jurídica.
Bañuelos de la Torre también criticó la supeditación del trabajo legislativo a los mandatos del Ejecutivo del estado, pues dijo que concluido el primer periodo ordinario de sesiones, el Poder Legislativo “ha cumplido muy bien la función de Oficialía de partes”, ya que la agenda que rigió fue la del Ejecutivo aun cuando había por procesar iniciativas que tenían amplio consenso en todas las fracciones parlamentarias.
También en esta discusión participó la diputada perredista María Elena Ortega Cortés para hacer un llamado a que luego de 40 días de la presencia en las instalaciones de la Legislatura del estado de la Asamblea Estatal de Resistencias Ciudadanas y Civiles, quienes demandan la revisión y modificación al Paquete Económico 2017 para la reducción de impuestos, derechos y pago de servicios públicos, se establezca una agenda puntual para darles solución hasta donde tenga facultades la 62 Legislatura.
“No podemos seguir siendo insensibles en el sentido de que a 40 días, el movimiento tiene sus desgastes, sus condiciones específicas. No puede ser la frivolidad y la falta de oficio político lo que esta Legislatura deje ver a las y los ciudadanos”, dijo.
