■ Coparmex exige que ciudadanos presidan Concejo de Participación y Secretaría Técnica
■ Indispensable, “no perder de vista que el tema del tipo penal” es facultad de la Federación: Jehú Salas
En diferentes momentos de su posicionamiento respecto del Sistema Estatal Anticorrupción, la representación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad reiteró su exigencia de que sea la ciudadanía quien “presida”, “decida” y “tome decisiones” respecto del mismo, concretamente, se refirió a su integración en el Concejo de Participación Ciudadana y la Secretaría Técnica.
“De una forma que no quede duda que somos los ciudadanos los que estamos vigilando el actuar de las autoridades y que en caso de existir alguna anomalía o acto de corrupción se castigue de manera eficaz y ejemplar, ya que estamos hartos y cansados de tantos supuestos actos de corrupción sin investigación, señalamientos ni castigo”, dijo el presidente del organismo empresarial, Alejandro Enríquez Suárez del Real.
El pronunciamiento fue expuesto ayer en el acto de entrega de La Ley Modelo para el Sistema Local Anticorrupción a la 62 Legislatura del estado, la Secretaría de la Función Pública y la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, en el que también se anunció que la Coparmex está preparando propuestas para las leyes secundarias del Sistema, entre otras, a la Ley de Archivos y Ley de Obra Pública.
Enríquez Suárez del Real adelantó asimismo la creación de una Comisión anticorrupción en el Centro Empresarial Zacatecas de la Coparmex, que ofrecerá herramientas para incidir en el Sistema Estatal Anticorrupción mediante “talleres y materiales de contenido”, y dio por iniciada una “campaña de denuncia ciudadana” de actos de corrupción y temas de seguridad, a los cuales les dará seguimiento “a través de los canales institucionales”.
La Ley Modelo para el Sistema Local Anticorrupción fue desarrollada por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO); Transparencia Mexicana; la Coparmex, el Colegio de Abogados, la Barra Mexicana de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), Mexicanos Contra la Corrupción, y seis centros empresariales del organismo empresarial.
La propuesta entregada ayer a las autoridades busca dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la correspondiente local y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, respecto de la creación en las entidades federativas de sistemas anticorrupción homólogos y centra su atención en la ciudadanización de los órganos que regirán al Sistema: la Secretaría Técnica y el Concejo de Participación.
Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, destacó el papel de la participación de la sociedad civil en la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción, y dijo que “las puertas están abiertas” para que “cualquier ciudadano que tenga una propuesta” la aporte.
Avance del SEAC del 50 por ciento
Todavía se revisa el marco de facultades que confiere el pacto federal a la entidad, dijo Jehú Edui Salas Dávila en contestación a la pregunta de si se integrará en el Código Penal local la figura de lavado de dinero.
“Creo que es indispensable no perder de vista que el tema del tipo penal” es facultad de la Federación, expuso.
Y sobre la extinción de dominio observó que la reforma constitucional no sólo “marca el destino”, sino que obliga a generarla ya no sólo para temas de crimen organizado “como hasta hace unos meses”, sino para casos de corrupción referidos a la adquisición de bienes, imputables a servidores públicos o particulares. Esta figura legal se integrará en las leyes secundarias de la Ley Estatal Anticorrupción.
El coordinador general Jurídico de Gobierno del Estado dijo luego sobre la creación de Unidades de Investigación Patrimonial y Financiera o Económica que “habremos de estar visualizando cuáles son los modelos más oportunos” para su establecimiento.
“La existencia de unidades administrativas de inteligencia habrá de estarse desarrollando en las normas reglamentarias respectivas que emita el Gobierno del Estado en ejercicio de su facultad (…) como tal no vienen ordenadas en la Ley, pero tenemos no sólo la obligación sino la necesidad de establecerlas en cada una de las dependencias y unidades de la administración pública estatal”.
Sobre la posibilidad de creación de un Tribunal de Cuentas propuesta en la administración anterior, dijo que “como entidad federativa tenemos un margen de configuración legal muy acotado”.
“La Constitución general de la República ordena que la revisión de las cuentas públicas se dé por la Legislaturas de los estados, por órganos técnicos que habrán de depender de ellas y en ese sentido creo que fue muy cuestionada la probable constitucionalidad de un Tribunal de Cuentas”.
Dijo que los tribunales son órganos jurisdiccionales cuya labor va más allá de una simple revisión, “tenemos un marco general que hay que atender y acatar en los términos que nos ordena la propia legislación federal”.
El avance para la implementación en Zacatecas del Sistema Estatal Anticorrupción se encuentra en un 50 por ciento, estimó el funcionario. El plazo fatal para que la adecuación e implementación del marco normativo vence el próximo 18 de julio.
