¿Puede el mercado dotar de recursos y servicios a la población, de tal manera que sean universales (para todos) y equitativos? Ha pasado mucha experiencia en relación a esta pregunta, y la idea de un mercado autorregulado que sea eficiente y genere beneficios equilibrados para todos, ha mostrado con creces su falsedad. Y entonces, ¿por qué se sigue insistiendo en esa idea? La privatización de los servicios públicos fue una característica clave de los programas de reforma económica de la década de los 90. La expectativa era que las empresas del sector privado fueran más eficientes en la gestión de estos servicios que los gobiernos o las autoridades locales. La privatización de los servicios públicos ha tomado muchas formas, ya sea a través de la venta directa incluyendo la infraestructura subyacente o, alternativamente, el otorgamiento de concesiones que les permiten a las empresas privadas prestar los servicios utilizando la infraestructura por un periodo de años determinado, por lo general bajo un marco regulatorio. A través de las privatizaciones se esperaba que los servicios fueran provistos de manera más eficiente por la introducción de incentivos de mercado: los inversores privados tendrían incentivos para invertir en infraestructura y proveer servicios de mejor calidad con el fin de obtener mayores beneficios. Pero estos supuestos no ocurrieron.
Pues bien, si la experiencia es basta en mostrar que la idea de eficiencia de dotación de servicios a partir de ponerlos en manos del mercado (privatizándolos) es falsa, entonces el motivo de recurrir a esa fórmula no es la reivindicación de esa hipótesis, sino la bárbara y elemental intención de deshacerse de obligaciones y suspender el gasto público; pero además es renunciar a la universalidad y equidad de los servicios. El municipio no gasta y no garantiza el servicio como un derecho. El mercado es un mecanismo de selección: dota de recursos o servicios únicamente a aquellos que puedan pagarlos, el resto queda marginado de los mismos. La privatización de servicios públicos presenta un buen ejemplo de cómo se construyen los mercados, dado que el cambio abrupto de la operación de empresas públicas a empresas privadas muestra el conjunto de factores que subyacen en la construcción de cualquier mercado.
Si el motivo para privatizar el servicio es la intención de deshacerse de las obligaciones del municipio por falta de solvencia financiera, entonces, dada la crisis en que se encuentran los municipios, es de esperarse que paulatinamente los municipios vayan deshaciéndose de todos los servicios que le marca el artículo 115 constitucional: agua, limpia, residuos, seguridad pública, y así los demás. Y con ello, podemos esperar que el desarrollo humano se desplome, porque justo la garantía que ofrece el Estado es mantener la visión de los servicios básicos como derechos universales, y por ello, aun las capas pobres de la población con bajos ingresos tienen acceso a esos beneficios. Los servicios en manos del mercado dejan de ser derechos universales para convertirse en mecanismos de selección: el mecanismo de la desigualdad. Si esto se convierte en tendencia podemos esperar más pobreza, desigualdad y el desplome del desarrollo humano.
