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martes, 19 marzo, 2024
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Zacatecas no podrá enfrentar inseguridad sin el respaldo federal

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Por: RAQUEL OLLAQUINDIA •

■ Osorio Chong dijo que la ayuda federal para los estados estaba llegando al límite

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■ Respaldo del gobierno de la República a estados y municipios dependerá de que estos dos niveles de gobierno cumplan con su responsabilidad de brindar seguridad pública, dice

En Zacatecas no se podría enfrentar el problema de la inseguridad sin el apoyo de las fuerzas federales, aseguró el gobernador Alejandro Tello Cristerna, después de que la semana pasada el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señalara que el apoyo federal para los estados en este tema estaba llegando a su límite.

El mandatario estatal sostuvo que “gran parte del cuerpo de seguridad en este estado depende de la Policía Federal, dependía en una parte de la Marina, que hoy ya no está aquí, pero depende también mucho del Ejército, quienes nos apoyan en todo momento y quienes con los destacamentos de Fresnillo, de Guadalupe y de Jalpa han estado soportando este tema en Zacatecas”.

En una reunión sostenida la semana pasada entre Osorio Chong y diputados federales, el funcionario aseguró que el respaldo de la Federación a los estados y municipios en materia de seguridad dependerá de que estos dos niveles de gobierno cumplan con su responsabilidad de brindar seguridad pública.

Inclusive, como se consignó en una nota publicada en el periódico La Jornada, el secretario de Gobernación informó que se estará enviando a cada entidad un diagnóstico de la seguridad para dar un plazo en el que puedan solventar algunas de las deficiencias encontradas por el Gobierno Federal.

En caso de que no se hagan estos cambios, advirtió, se impondrán sanciones como el retiro del apoyo de las corporaciones federales como la exhibición pública de sus incumplimientos.

El mandatario estatal coincidió en señalar que en el ámbito de la seguridad “hay que cada quien asumir nuestra responsabilidad” y puntualizó que “definitivamente creo que los municipios y el estado todavía tenemos mucho compromiso con la ciudadanía; a cada quien nos toca una parte importante”.

Tras agregar en este sentido que “yo no me hago a un lado de esa responsabilidad”, consideró que el secretario de Gobernación “sabe de mi compromiso e inversión en este tenor, con elementos, con equipamiento, con inteligencia, con prevención”.

Además, recordó que en las dos últimas semanas se ha reunidos un par de veces con el funcionario federal para abordar “la difícil situación del centro-norte del país en el tema de seguridad”.

En otro tema, el gobernador hizo referencia a la decisión de la aerolínea Interjet de abandonar Zacatecas por la poca rentabilidad de los vuelos que ofrece desde la entidad.

En este sentido, explicó que los más demandados son los vuelos que salen “muy temprano en la mañana para poder hacer todas sus actividades en el centro del país y los horarios que Interjet estaba ofertado en Zacatecas no estaban siendo solicitados y, por ende, no estaba teniendo ocupación y, obvio, no estaba resultando negocio”.

Al respecto, Tello Cristerna indicó que se está buscando que esta compañía no se vaya de Zacatecas, sino que se encuentren otras opciones con horarios más adecuados a las demandas que hay desde el estado.

Además, dijo que el secretario de Turismo del estado, Eduarto Yarto, realiza dichas gestiones y también se está reuniendo con otras aerolíneas, como Aeroméxico, para “ver si nos pueden dar más opciones de horarios y a final de cuentas darle el servicio a la ciudadanía”.

En 2014, 40% de las personas encarceladas en Zacatecas no tenía sentencia condenatoria

■ Realizan Foro Nacional de Unidades de Medidas Cautelares

■ Abuso de la prisión preventiva atenta contra los derechos humanos

En Zacatecas, durante el año 2014, 40 por ciento de las personas encarceladas no contaba con una sentencia condenatoria. Esta cifra la expuso el gobernador Alejandro Tello Cristerna para ejemplificar el abuso de la prisión preventiva como medida cautelar.

Aunque apuntó que la entidad “está en números verdes” en esta materia, dijo que hay otros estados en los que se registra el uso indiscriminado de este encierro preventivo mientras se da el proceso del juicio es un “vicio administrativo”.

Estas declaraciones las dio el mandatario estatal durante la inauguración del tercer Foro Nacional de Unidades de Medidas Cautelares, conocidas como Umecas, en cuyo discurso inicial aseveró que el abuso de la prisión preventiva atenta contra los derechos humanos y se aleja de los estándares internacionales del debido proceso y del estado de derecho.

Los datos de 2014 a los que hizo referencia hablan de que en las prisiones de Zacatecas había mil 103 reclusos del fuero común, de los cuales 364 no tenían una sentencia en su contra; mientras que de los 420 reos del fuero federal, sólo la mitad se encontraba ya sentenciado.

Esta cifra de 574 internos procesados arroja la cifra del 40 por ciento de personas encarceladas en la entidad “que podrían ser inocentes o no y se les podría haber impuesto medidas diferentes que generarían el minimizar los costos sociales y económicos.

El gobernador consideró, por tanto, el uso excesivo de la prisión preventiva como uno de los problemas más serios del sistema penal en el país y, entre los riesgos que implica, mencionó el de la dimensión humana, ya que “provoca que personas inocentes se vean mezclada con reclusos de alta peligrosidad durante años hasta definir su situación”.

Ante esta situación “insostenible que vulnera los derechos humanos”, y que se agrava en otras partes del país, señaló que este foro deberá servir para analizar la situación del abuso de la prisión preventiva y para fortalecer los mecanismos que protejan tanto a las víctimas del delito como los derechos de los imputados.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Álvaro Vizcaíno Zamora, aseguró que el reto precisamente de las Umecas es lograr un equilibrio entre un “uso racional” de la prisión preventiva y la lucha contra la “percepción de impunidad” que, dijo, se ha generado con el sistema penal acusatorio adversarial al contemplar salidas alternativas a la reclusión.

El funcionario federal aseveró que con la llegada del sistema de justicia oral se produjeron críticas de la sociedad civil en las que se señala que este modelo “no sirve porque existe la percepción de que se detiene a una persona e inmediatamente está en libertad. Hablan de la puerta giratoria y se genera la percepción de impunidad porque existe la creencia de que, para que un sistema de justicia funcione, todos deben estar en la cárcel”.

Por tanto, las Umecas tienen que trabajar para “poner tope a esas puertas giratorias”, pero también para evitar el abuso de la prisión preventiva.

En el último caso, agregó que estas unidades deben ser las que faciliten a los jueces de control toda la información necesaria para que, independientemente de si el delito que se imputa no entra en los supuestos del encierro preventivo, esta medida pueda ser dictada en caso de que existan riesgos como “la posibilidad de fugarse y el causar más daños a las víctimas”.

Además, estos detalles del caso que proporciona la Umeca también servirán para la situación contraria, es decir, los “casos en que los imputados por delitos menores no tienen por qué estar en prisión preventiva porque, al llevarlos a la cárcel, lo que pasa es que afectamos a la familia y a las posibilidades de reinserción social; los criminalizamos dos veces”.

Algunas de las medidas cautelares que pueden aplicarse, enumeró, son las económicas, las órdenes de alejamiento de personas o lugares, así como el denominado “brazalete electrónico”, que calificó como una “tarea pendiente”, ya que debe analizarse la tecnología óptima para que tenga “un costo razonable y una eficacia probada”.

En el evento inaugurado este lunes estuvo presente Margaret Spears, directora adjunta de la oficina de USAID en México, quien mencionó algunos de los avances que se han obtenido en torno a las medidas cautelares y los cuales se expusieron en la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En este sentido, sostuvo que se registró de 2014 a 2015 una disminución de 25 por ciento en las prisiones preventivas dictadas a los imputados, la tasa de cumplimiento de las demás medidas cautelares fue de 90 por ciento el año pasado y en el mismo porcentaje se ubicó la “tasa de satisfacción” de los usuarios de las Umecas.

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