El gobierno estatal enfrenta un nuevo round: la controversia constitucional que interpuso el Poder Ejecutivo federal contra el llamado Impuesto Ecológico con el que se pretende colectar mil 200 millones de pesos principalmente de grandes industrias que pagarán por ello por la contaminación que produzcan.
Ante las lagunas legales que ponen en duda la viabilidad de este impuesto, atrás quedó el discurso de que en la Coordinación Jurídica estaba al frente un prodigio que pese a su corta edad y poca experiencia podría sacar adelante el trabajo de su área.
Atrás quedaron también las amenas conferencias de prensa con el sonriente secretario de Finanzas que salía a reflectores una semana sí, y otra también, en los primeros meses del quinquenio, hasta que tuvo que postergar una rueda de prensa debido a la presencia de manifestantes en Plaza de Armas que reclamaban los nuevos impuestos.
Ninguno de estos dos funcionarios salió a la luz pública a responder la controversia interpuesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por Humberto Castillejos, Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, sino que fue el propio gobernador quien al estilo presidencial, emitió un mensaje oficial en vídeo, a través de sus cuentas en redes sociales, mismo que fue replicado por las de funcionarios y secretarías que nada tenían que ver con el tema, como la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal, o la Secretaría del Zacatecano Migrante.
En dicho mensaje, el mandatario estatal se atribuyó como un triunfo el que la controversia contra el impuesto Ecológico llegara a la SCJN, y reiteró que estaba a favor de la industria, el desarrollo de la entidad y la generación de empleos.
También reiteró que no se afectaría a los trabajadores, y ofreció sostener diálogo con ellos a través de sus sindicatos; generosa oferta que no han recibido los trabajadores del Colegio de Bachilleres, o los de los medios de comunicación, que recientemente le cuestionaron si así como se hizo un decreto gubernativo para proteger a los mineros se haría algo para proteger a los periodistas que estaban perdiendo sus empleos por el recorte al gasto de publicidad, a lo que por cierto el mandatario respondió que no.
Pareciera, a juzgar por el discurso del mandatario, que espera una respuesta popular solidaria del tamaño y carácter de la que recibió Lázaro Cárdenas en los momentos de la expropiación petrolera. En el mensaje transmitido por redes sociales, el gobernador expresa “cuento contigo”, y la gente de su equipo promueve el mensaje de que “estar con Tello, es estar con Zacatecas”.
Es notable que el mandatario se siente solo, pues recrimina al presidente de la República que se la jugó con él, votando por las reformas que tanta antipatía despiertan en el país como la energética, la educativa, hacendaria, etcétera. Y luego de recordar su “servicio a la nación” dice con todas sus letras que espera reciprocidad por ello. ¿Confiesa con ello que no fue la ideología sino lealtad partidista lo que determinó el sentido de sus votos?
Admite que el gobierno federal no comparte la instauración del impuesto porque esta idea se podría propagar a otros estados, la de cobrar tributos locales por la explotación de los recursos naturales que cada entidad posee, esto, además de la minería, también podría suceder con el petróleo o el gas.
La posibilidad de que viniera la batalla jurídica por esto no debiera tomarles por sorpresa, basta ver los vídeos de la 62 Legislatura cuando se discutió el tema para constatar que esto fue advertido por los diputados de oposición, mismos que fueron ignorados por el poder ejecutivo, y visto está que también por los diputados oficialistas que nada hicieron para proteger la Ley de ingresos ante esta posibilidad. Sin embargo, contra ellos, y su presunta ineficiencia, nada ha dicho el mandatario.
En cambio a quienes también ha manifestado su sensación de traición es a las grandes empresas que mantienen la batalla contra el Impuesto Ecológico, y de quienes el mandatario ha dicho: “puede verse que de inmediato te dan la espalda. (…) Cuando les conviene, eres el gran amigo y hay aplausos, y cuando no, eres el peor de los enemigos”.
Pese a la irritación que causa el saqueo minero, tampoco se ha sentido un desbordado apoyo ciudadano para quien ahora se enarbola como defensor de los zacatecanos, y esto tiene una explicación: están enredados en la telaraña que ellos mismos han construido al venirnos con el discurso de que la minería era la panacea para el estado.
Durante años nos han dicho que la minería es la actividad que más le aporta al Producto Interno Bruto de la entidad, aunque han omitido decir que se crea una cantidad muy mínima de empleos comparada con la que producen las actividades agropecuarias.
Pasando por alto que sólo 8 centavos de cada mil dólares de sus ganancias se queda en las comunidades, nos han dicho que las minas son puntas de lanza del desarrollo de los pueblos, y ahora se extrañan de que haya comunidades en pánico por la posibilidad de que se cierren las minas que dan trabajo a sus habitantes.
Cada vez que se denunciaba la contaminación que producían las empresas mineras, por ejemplo, en el derramamiento de 450 toneladas de material tóxico en diciembre del 2015 en Minera Saucito, nos dijeron que no había daños, y que lidiábamos con empresas socialmente responsables y perfectamente reguladas por las instancias procuradoras en materia ambiental. Hoy, nos dicen que no son tan ecofriendly como nos habían asegurado, pero en lugar de obligarlas a serlo, se ha decidido que es mejor sacarles dinero por ello.
Poco faltó para que llamaran oscurantistas a quienes defendieron la posibilidad de que el semidesierto zacatecano fuera declarado zona natural protegida, y nos dijeron que ante todo estaba el desarrollo económico, la creación de empleos y el “progreso”, hoy todo eso parece haber perdido vigencia, y, ahora sí, es por “el bien de los zacatecanos” que las empresas regresen un poco de lo que se llevan.
A todo esto, hay que sumar que hay descontento entre Juan Pueblo porque también se ven afectados por aumento de impuestos, y el discurso de austeridad suena hipócrita mientras se mantenga una partida de 640 millones de pesos para “estímulos” a funcionarios pero se recorta prestaciones a trabajadores del Cobaez.
El gobierno estatal se encuentra en una encrucijada porque el ciudadano de a pie no cree que haya un compromiso real contra la explotación minera irresponsable, y sus antiguos aliados no están contentos con el cambio de bandera.
La salida implica un compromiso más profundo y real que ponerle precio a la contaminación ambiental de la actividad minera, y requiere dejar de lado este modelo extractivista que no ha dejado más que pobreza y desolación en nuestros suelos.
Si de verdad se quiere gobernar “diferente”, es tiempo y oportunidad de escuchar las voces académicas que tienen años advirtiendo que otra minería, una más responsable con la ecología, pero también social y económicamente más justa, es posible. ■
