Hacienda, también ligada al entramado de irregularidades a través de la Universidad

Hacienda, también ligada al entramado de irregularidades a través de la Universidad
Campus Siglo 21 de la Universidad Autónoma de Zacatecas ■ foto: La Jornada Zacatecas

■ SHCP y la Universidad firmaron el 15 de noviembre de 2016 un Convenio de Coordinación

■ La ganadora, con una cantidad de 140 mil 940 pesos, fue la empresa Strategysys Consulting S.A. de C.V., ubicada en la colonia del Valle de la Ciudad de México

■ Una investigación de La Jornada Zacatecas reveló que también Sagarpa, Sedesol, y Conade están involucradas en compras y prestación de servicios simulados

La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se ha visto envuelta en las últimas semanas en un entramado de compras y prestación de servicios simulados con varias dependencias federales.

Hasta el momento, las instancias del Gobierno de la República que habían sido señaladas como operadoras de estos esquemas de simulación habían sido las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la de Desarrollo Social (Sedesol) y la Comisión Nacional para la Cultura Física y el Deporte (Conade).

No obstante, con estas dependencias no termina el listado puesto que ahora se añade la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La cifra global de irregularidades rebasa los 224 millones de pesos.

De acuerdo con un contrato de arrendamiento de equipo de cómputo publicado en la plataforma Compranet, la SHCP y la UAZ firmaron el 15 de noviembre de 2016 un Convenio de Coordinación para la ejecución del proyecto denominado “Servicios de desarrollo de sistemas y servicios de apoyo a la operación, así como administración de procesos funcionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Este documento es un acta de fallo del 27 de enero de este año, que es la conclusión de un proceso de adjudicación directa previa tres cotizaciones para el arrendamiento de equipo de cómputo por parte de la Universidad, para realizar trabajos relacionados con el proyecto referido.

De las tres empresas que enviaron cotizaciones, dos coinciden con compañías participantes en los proyectos de la UAZ con Sedesol y Conade. Éstas se encuentran domiciliadas en sedes abandonadas o no tienen una operación regular, además de que no se dedican al giro de la prestación solicitada. Se trata de Comercializadora Osemun S.A. de C.V. y Sistema Editor Láser S.A. de C.V.

En este fallo las dos empresas pierden, mientras que la ganadora con una cantidad de 140 mil 940 pesos es Strategysys Consulting S.A. de C.V., ubicada en la colonia del Valle de la Ciudad de México.

Aunque esta empresa prestó servicios de arrendamiento de equipo de cómputo, según información de la propia compañía publicada en Internet éste no es su giro de negocios.

La compañía se describe como una empresa dedicada al desarrollo de sistemas y a la consultoría, y en la página web de Linkedin enumera como parte de sus actividades el “desarrollo de aplicaciones, arquitectura de sistemas, especialización en aplicaciones comerciales, ingeniería y rediseño de procesos, metodologías, diseño creativo, aplicaciones con tarjeta inteligente, aplicaciones con terminales punto de venta”.

Aparte de no coincidir sus descripciones con el servicio prestado a la UAZ, la página web oficial de la empresa que se refiere en Internet no existe.

Al igual que en los convenios con Sedesol y Conade, en este caso es la Secretaría de Hacienda la que realiza la invitación a las tres empresas participantes para que envíen sus cotizaciones a la universidad.

Esto se advierte en el nombre del oficio de solicitud de cotizaciones al que responden las empresas y que empieza con las siglas “PSHCP” antes del número de identificación del documento.

El acta de fallo en la que se arrenda el equipo de cómputo para el periodo comprendido entre el primero y el 28 de febrero está firmada por Edmundo Guerrero Sifuentes, como “líder del Área de Proyectos Estratégicos” de la UAZ y quien actualmente funge como secretario administrativo de la Universidad, y también por Ramón Pasillas Sotelo como coordinador de Fiscalización de la Contraloría Interna de la Máxima Casa de Estudios del estado.

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Simulan con las mismas empresas

Las empresas Comercializadora Osemun S.A. de C.V., del Distrito Federal, y Sistema Editor Láser S.A. de C.V., ubicada en Puebla, que en la adjudicación directa de este proyecto pierden el proceso, son las beneficiadas en al menos 18 procesos de adquisición de productos y servicios derivados de los convenios de la UAZ con Sedesol y Conade.

En un reportaje publicado en La Jornada Zacatecas el pasado 15 de febrero se evidenció que la UAZ compró papelería, insumos de computación, impresiones y arrendó equipos de cómputo a dos empresas cuyos giros de negocios no abarcan la venta de estos productos.

En ocho meses estas compañías ganaron 18 procesos de “adjudicación directa previa 3 cotizaciones” por un monto global de 4 millones 465 mil 964.37 pesos.

Este recurso forma parte de una bolsa de 90 millones de pesos que se deriva de dos contratos firmados por la Máxima Casa de Estudios, a través del Área de Proyectos Estratégicos, con Sedesol y Conade.

La Sedesol, a través de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, contrató a la Universidad el 16 de mayo de 2016 con el objetivo de desarrollar el proyecto denominado “Integración de programas sociales estatales al Sistema de Información Social Integral (SISI)” por un monto de 70 millones de pesos.

Mientras tanto, la Conade contrató los servicios de la UAZ el 6 de mayo de 2016 para llevar a cabo el proyecto llamado “Análisis de áreas de oportunidad para potencializar la cultura del deporte y actividad física a nivel nacional” por un monto de 20 millones de pesos.

La empresa Comercializadora Osemun no presta los servicios para los que fue contratada por la Universidad, a petición tanto de Sedesol como de Conade.

Además, La Jornada Zacatecas acudió en dos ocasiones a la dirección de la Ciudad de México en la que asegura tener su sede y, en la primera visita, se confirmó la existencia de las oficinas a través de las declaraciones de Carlos Rodríguez, trabajador de seguridad del edificio. Sin embargo, este empleado comentó que el personal de Osemun sólo ocasionalmente asiste al lugar.

La segunda vez que se visitó el edificio, tres días después, se encontraron las puertas cerradas, por lo que se corroboró que no abren regularmente y que no tienen un horario de atención establecido. Asimismo, se impidió tomar fotografías del inmueble.

Con la ayuda de Carlos Rocha, de La Jornada Oriente, se visitaron las instalaciones desde las que dice operar la segunda de las empresas beneficiadas, Sistema Editor Láser, en la ciudad de Puebla. Rocha acudió al lugar y advirtió que se trataba de un local prácticamente abandonado.

Al tocar la puerta, que se encontraba entreabierta, salió una persona que aseguró que esta empresa ya no estaba en ese local y evitó dar más detalles al respecto.

Estas dos empresas, pese a la situación referida, fueron invitadas por la Secretaría de Hacienda, a través de la UAZ, apenas el 17 de enero pasado para que participaran en una cotización de arrendamiento de equipo de cómputo.

Desde hace 5 años, la ASF señala estas irregularidades

Aparte de Sedesol, Conade y la SHCP, también Sagarpa ha sido señalada de operar un esquema simulado de transferencia de recursos, así como de contratación de productos y servicios con empresas y particulares que no se dedican a los giros de actividades que presuntamente prestaron.

Pocos días después de que se publicara el reportaje en La Jornada Zacatecas sobre esta situación, se conocieron los resultados de la revisión a las cuentas públicas 2015 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En este informe se señala a Sagarpa de llevar a cabo este tipo de prácticas con varias instituciones educativas del país, entre ellas la UAZ. En concreto, con la Máxima Casa de Estudios de la entidad, el organismo fiscalizador advierte que podría haber un “probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por un monto de 219 millones 430 mil pesos.

La ASF explica que estos recursos provienen de cinco convenios de colaboración firmados entre la UAZ y la dependencia federal para llevar a cabo el proyecto denominado “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria”, con el que habría 36 beneficiarios, 24 de ellos personas físicas y 12 personas morales.

Entre las irregularidades que se advierten está el hecho de que la UAZ asumió el compromiso de llevar a cabo estos trabajos con su propio personal y sus recursos materiales. Sin embargo, la ASF informa que fueron contratadas 16 empresas y otras 624 personas por honorarios, por un monto total de 204 millones 832 mil 300 pesos.

Aparte de este hecho, también se asegura que entre las personas que fueron contratadas para llevar a cabo proyectos especializados de investigación en materia agropecuaria hay perfiles como “recepcionistas, encargados de hoteles, vendedores de seguros, columnistas de medios informativos, mercadólogos, diseñadores gráficos, asistentes administrativos, edecanes, telefonistas, auxiliares contables, carniceros, policías, responsables médicos, cajeros, nutriólogos, auditoría de impuestos, entre otros”.

En relación a los 36 beneficiarios, la auditoría sostiene que, tras hacer visitas domiciliarias, se encontraron inconsistencias ya que 15 de ellos aseguraron no haber firmado convenio alguno con la UAZ ni con Sagarpa. Inclusive, se advierte que algunos de ellos ni siquiera tienen el giro de actividad del proyecto que supuestamente presentaron.

Además de estas irregularidades, el organismo fiscalizador se refiere al trabajo entregado por la UAZ a Sagarpa. Al respecto se expone que 32 de los 36 informes “no fueron realizados por la UAZ, los proveedores contratados por la Universidad ni por los prestadores de servicios contratados por honorarios asimilados, ya que provenían de diversas páginas de Internet”.

En la parte de los antecedentes del caso, en el texto de la auditoría, la ASF expone que durante cinco años consecutivos se ha observado que dependencias y entidades de la administración pública federal han llevado a cabo con regularidad contratos, convenios y adquisiciones de manera directa, sin realizar licitaciones públicas.

Se advierte que se ha solicitado de manera reiterada que este tipo de procedimientos, pese a estar permitidos en la legislación, “se transparenten y acoten (…) para prevenir e inhibir actos ilícitos en las adquisiciones con proveedores que en colaboración con servidores públicos desvían el recurso público”.

La auditoría señala que ha presentado diversas denuncias ante las autoridades competentes por estos hechos pero “no se han obtenido resultados tangibles” y, por el contrario, la impunidad ha propiciado la reincidencia de los funcionarios en estas prácticas.

Edmundo Guerrero Sifuentes, secretario administrativo de la Universidad ■ foto: miguel ángel núñez
Edmundo Guerrero Sifuentes, secretario administrativo de la Universidad
■ foto: miguel ángel núñez

Edmundo Guerrero Sifuentes defiende resultados de convenios con Sagarpa

Mediante una misiva, Edmundo Guerrero Sifuentes, secretario administrativo de la Universidad, defendió los convenios que signó la institución educativa con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que ha sido señalada de operar un esquema simulado de transferencia de recursos, así como de contratación de productos y servicios con empresas y particulares que no se dedican a los giros de actividades que presuntamente prestaron.

El documento signado Guerrero Sifuentes refiere que “la Universidad Autónoma de Zacatecas, nuestra Alma Mater, con más de 180 años de historia, más de 37 mil alumnos, docentes de gran profesionalismo e investigadores, ha jugado un rol relevante en la vida y desarrollo de nuestra entidad, siempre con responsabilidad se ha vinculado y articulado con distintos actores del sector público y privado para sacar adelante proyectos estratégicos”.

En esta ocasión no es la excepción se dio la oportunidad de participar en proyectos de valor para el sector del campo a través de convocatorias que publicó la Sagarpa y que derivaron en varios convenios de colaboración para la realización de proyectos específicos, mismos que en lo administrativo, financiero y sustantivo se manejaron en la oficina de proyectos estratégicos en la UACyA, siempre en el marco de la legalidad y normatividad aplicables, presentado en tiempo y forma los informes de avance financiero, los entregables correspondientes y contando  con el finiquito que acredita por parte de quien nos da la confianza la satisfacción de los trabajos realizados.

Además de que con dichos proyectos se lograron apoyos importantes para la modernización de la FCA, la integración de los universitarios a la dinámica de gestión; específicamente en el sector agroalimentario, con la participación de más de 120 estudiantes, apoyos para intercambios nacionales e internacionales del alumnado; se cubrieron becas para  un número importante de profesores para estudios de doctorado consolidando los perfiles de la planta académica de 25 a 57, fomento de la actividad del deporte para 3 mil estudiantes, 100 docentes y 72 administrativos, aula con capacidad de conexión con 15 universidades del país para la formación docente, espacios dignos para la actividad docente de las académicas y otros beneficios que de otra forma no se habrían podido lograr.

Sin embargo, según la misiva, “como parte de la trasparencia y rendición de cuentas se hizo una auditoría a dichos proyectos de la cual recientemente se entrego el informe de observaciones por parte de la ASF (Auditoría Superior de la Federación), que corresponden a una etapa de la misma y que tenemos la certeza de que al presentar los elementos con que contamos se desvirtúen los hechos observados en las siguientes etapas antes de la conclusión de la misma.

Reitero que nuestro único interés y actuar tanto como ex director de la UACyA, así como en mi responsabilidad actual es y será siempre trabajar de manera institucional para que nuestra Universidad sea fuerte, con finanzas sanas, con transparencia y rendición de cuentas, que le permita seguir cumpliendo con su cometido.

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