■ Empresas del ramo dejan a nivel nacional 15 centavos por cada mil dólares: Marco Torres
■ Fue recomendación del Gobierno Federal diseñar una nueva política de recaudación para incrementar los ingresos propios de Godezac, dijo Manuel Gómez, funcionario de Sefin
Los daños ecológicos causados por la actividad minera en el país durante 2014 ascendieron a 107 mil millones de pesos, de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esta cifra la dio a conocer el académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Marco Torres Inguanzo, en el programa Synergia que transmite La Jornada Zacatecas Tv y en el que estuvo presente como invitado Manuel Gómez García, jefe de la Unidad de Proyectos de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, para abordar el tema del Impuesto Ecológico.
En su primera intervención Marco Torres Inguanzo aportó el dato referido, que el Gobierno del Estado no había difundido con anterioridad y que, dijo el investigador, es fundamental para sustentar la necesidad de gravar más a este sector económico.
El costo económico de los daños ambientales en todo México durante 2014, provocados por cualquier actividad, fue de 910 mil millones de pesos, lo que equivale a 5.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
De esta cifra, 107 mil millones de pesos son los costos por daños ambientales generados sólo por la actividad minera y, aunque el académico resaltó que es una cifra nacional y no existen desagregados por entidad, consideró que pedir un impuesto anual de unos mil 200 millones de pesos, que además no solamente tendrían que pagar las empresas extractivas, es insuficiente.
Calificó la situación de los costos por daños ambientales como un problema “gravísimo” porque, teniendo en cuenta el impacto que tiene esta cifra en el PIB nacional y los niveles de crecimiento de este indicador en los últimos años, el resultado final es negativo, es decir, de decrecimiento de la economía debido a las afectaciones ambientales.
En el estado, precisó Torres Inguanzo, se puede asegurar que existe el mismo fenómeno de pérdidas económicas. Señaló que “ese daño ambiental que ellos (las empresas mineras) están provocando se va integrando en sus ganancias; es un costo de utilidad, es una riqueza que extraen y se la llevan, y nos dejan sólo con números negativos”.
En Zacatecas, recalcó, las condiciones son todavía peores puesto que el promedio de ganancias que las mineras dejan a nivel nacional es de 15 centavos por cada mil dólares, mientras que en la entidad dejan 8 centavos de cada mil dólares de ganancia.
Agregó que, si a los 8 centavos que dejan como riqueza en territorio zacatecano se le restan los costos ambientales que provocan las mineras, el resultado se queda en números rojos o negativos.
Manuel Gómez García recordó que fue por recomendación del propio Gobierno Federal, en concreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que diseñaron una nueva política de recaudación para incrementar los ingresos propios del gobierno.
Y es que, puntualizó, después de entregar apoyo económico para el cierre de año, el Gobierno Federal aseguró que era la última vez que ayudaba a Zacatecas de esa forma debido a que ni la UAZ había aplicado una reestructura a sus finanzas ni tampoco el Gobierno del Estado para lograr hacer frente a los compromisos principalmente educativos.
Ante este ultimátum, dijo, Gobierno del Estado “se pone las pilas” y decide implementar este Impuesto Ecológico.
Calificó la actitud de las empresas mineras en el estado como un “robo en despoblado” y puntualizó además que el cálculo del impuesto se hizo en base a lo reportado por las compañías, sin saber a ciencia cierta si es la cifra real; “esto está calculado si las mineras fueran honestas a la hora de declarar”, concluyó.
De esta forma, se llegó al debate de la postura del Gobierno Federal en relación a este impuesto y su decisión de impugnar el gravamen con una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Pese a que este esquema impositivo se derivó de recomendaciones de la Federación, ahora es este nivel de gobierno el que está posicionándose en contra del Impuesto Ecológico. No obstante, Gómez García dijo que “quisiera pensar que no es alevoso”, aunque añadió que “las cosas están puestas para que se pudiera pensar así”.
Expuso que cabe la posibilidad de que el fallo sea en contra del Gobierno estatal y, en ese caso, destacó que “lo mínimo que puede hacer la Federación es compensar a Zacatecas, y no solamente una limosna o dádiva, sino replanteando el esquema redistributivo del recurso”, por lo que consideró que, si se pierde el proceso, “aún existe la posibilidad de la negociación”.
Por su parte, el académico de la UAZ Torres Inguanzo apuntó que el Gobierno Federal “se está viendo muy mal poniéndose del lado de los grandes ricos mineros que están despojando al estado”.
A la espera de conocer el contenido de la argumentación, indicó que sería aceptable que pugnara porque este gravamen se declarara como de competencia federal y, así, poder cobrarlo desde la Federación y hacer un convenio con la entidad para poder regresarlo a Zacatecas por medio de otra vía como la de las participaciones.
Sin embargo, y retomando el tema de los costos por daños ambientales, Torres Inguanzo puntualizó que lo grave sería que no se cobrara nada por este concepto, es decir, que se supiera que generan afectaciones al ambiente por 107 mil millones de pesos y de esa cantidad se decidiera que “no se les va a cobrar ni un peso”.
El investigador de la UAZ hizo una serie de recomendaciones, independientemente del resultado que se obtenga en la controversia.
Mencionó, al respecto, la creación de un centro o una instancia formal que denominó “De Contabilidad Ambiental”, la presentación de iniciativas de modificación a la Ley Minera para que los costos ambientales se incluyan como variable a la hora de calcular el pago del impuesto minero federal, y la elaboración de iniciativas de ley para mejorar la distribución de los recursos federales que llegan a los estados como participaciones y aportaciones.
Mientras tanto, el funcionario de la Secretaría de Finanzas insistió, en varios momentos del programa, en que estos conflictos derivados del Impuesto Ecológico han logrado un mayor acercamiento entre sociedad y gobierno.
En concreto, indicó, se ha logrado que haya una mayor empatía con el mandatario estatal Alejandro Tello Cristerna y por ello opinó que “existe todavía la posibilidad de reencontrar a los políticos y gobernantes con la sociedad; sólo hay que hacer las cosas bien”.
Consideró que la postura del gobernador ha sido clara y decidida pero, como “no le gusta la confrontación y esperará los resolutivos”, sostuvo que será la sociedad la que deba “asumir un papel más firme”.
