Zacatecas, que como la mayor parte de las entidades federales enfrenta una situación económica bastante difícil, tiene la firme esperanza de que el popularmente llamado Impuesto Ecológico sirva para aligerar las dificultades derivadas de un presupuesto insuficiente para sostener la buena marcha del estado.
Tal esperanza, sin embargo, ahora está amenazada porque la Presidencia de la República entabló una controversia constitucional contra el Impuesto de Responsabilidad Ecológica, incluido en la Ley de Ingresos de 2017, aprobada por la LXII Legislatura del estado.
Ese gravamen significaría para el gobierno de Alejandro Tello Cristerna la inyección de un mil 230 millones de pesos, que se destinarían a la construcción e infraestructura de servicios de salud, educación, mejoramiento y restauración del equilibrio ecológico y otras acciones de dispersión y vigilancia de fuentes contaminantes.
Contra el impuesto ya se habían amparado las empresas mineras Gold Corp., Frisco y Peñoles y el Grupo Modelo, el mayor fabricante mundial de cerveza.
El Juez Primero de Distrito, con sede en Zacatecas, concedió la suspensión provisional a las demandas de amparo interpuestas por las mineras, pero todavía deberán esperar que el juez conceda o niegue la suspensión definitiva.
A la Cervecería Modelo el Juez Segundo de Distrito, en Zacatecas, ya le otorgó la suspensión definitiva para que por ahora no pague el Impuesto Ecológico, pero deberá esperar el fin del juicio y la sentencia definitiva que dirá si procede o no el tributo.
Del otro lado, el gobierno de Zacatecas tiene derecho a solicitar a los jueces la revisión de las suspensiones definitivas, y serán ellos quienes ratificarán su sentencia o negarán la suspensión de amparo.
Como lo ha dicho el gobernador Alejandro Tello: la moneda está en el aire, y será en el terreno de la ley donde se dirimirá la procedencia o improcedencia del Impuesto Ecológico.
Tras la controversia de constitucionalidad planteada por el Ejecutivo federal, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resolverá los diferendos.
Lo que realmente está en tela de juicio es si las entidades federativas tienen derecho a establecer gravámenes para proteger el ambiente, incluso tratándose de bienes nacionales, como los de la minería, o si éstos serán también de dominio exclusivo del Gobierno central.
Como argumenta el gobernador Tello, no se trata de duplicar impuestos, porque la Federación ya grava la extracción, proceso, comercialización y exportación minera, sino de un gravamen por eventuales daños al ambiente provocados por la explotación de bienes extraídos del subsuelo zacatecano.
La Ley General del Cambio Climático y la de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente dan potestad a las entidades federativas para tener una estrategia de recaudación para financiar las políticas públicas de carácter ambiental, así lo ha mencionado el Gobernador.
Tal impuesto, está claro, servirá para, entre otros usos, subsanar, remediar los impactos ambientales que deja la explotación de minerales que, bien sabemos, son muchos y bastante graves.
No solo para quienes orgullosamente vivimos en este estado, sino para todos los mexicanos, fue una ingrata sorpresa que la misma Presidencia de la República impugnara un impuesto que esencialmente es de justicia social y para mejor preservar el ambiente.
Cuando Enrique Peña Nieto ordena entablar una controversia constitucional contra el gobierno de Zacatecas, lo que hace es ponerse del lado de las empresas –70 por ciento extrajeras—, y ayudarles a continuar, sin el mínimo menoscabo de sus multimillonarias utilidades. Cabe recordar que solo en el primer trimestre de 2016, Gold Corp, registró ingresos de 9 mil 200 millones de pesos, sólo eso registró. Además, en 2012 las mineras solo tributaron en impuestos 2.9 por ciento del total de sus ingresos y 0.3 por ciento en impuestos indirectos.
Establecer impuestos para proteger y remediar daños ecológicos, como es objetivo del gobierno estatal, es sentar un precedente aplicable en todas las entidades donde haya industrias extractivas. Por esto el intento de Alejandro Tello Cristerna tiene una profunda trascendencia nacional. Si Zacatecas gana esta lucha en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el beneficio será para todo el país. Ya es tiempo de que los mexicanos recuperemos un poco de lo mucho que se llevan las industrias mineras.
En estos días los zacatecanos vigorizaron su apoyo al gobernador Tello, y ojalá las empresas reconozcan que en el Impuesto Ecológico anida un espíritu de justicia social. Algunas de ellas pregonan ser “empresas socialmente responsables”. Pues es hora de que en los hechos lo demuestren, porque Zacatecas exige a ellas su solidaridad.
Muchas veces el Estado ha equivocado su actuar, sin embargo confío en que podemos reformar las instituciones, desde adentro o por fuera. Lo importante es hacerlo en beneficio de la gente, no de los intereses fácticos, justo por defender tales intereses, la ciudadanía se aleja más de la confianza que puede generar el Estado. Orgullosamente apoyo a Tello, porque él ama Zacatecas, ojalá todos los gobernantes amaran su labor, y buscaran alternativas para resolver problemas.
La lucha de Alejandro Tello debe ser la de todos los zacatecanos y también la de todos los mexicanos. Es de justicia. ■
*Coordinación Estatal de Planeación
MAR
FECHA
