Propuesta de Ley de Responsabilidad Ambiental para Zacatecas ante la ausencia de impuestos ecológicos

Propuesta de Ley de Responsabilidad Ambiental  para Zacatecas ante la ausencia de impuestos ecológicos

Una vez que se ha hecho evidente la complicidad entre el Poder Ejecutivo federal y los empresarios que se niegan a contribuir con el pago de un impuesto ecológico que garantice simbólicamente la recuperación de los sitios que han sido contaminados en detrimento de la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones de zacatecanos, propongo que los diputados que integran la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la LXII Legislatura Local, Julia Olguín Serna, María Isaura Cruz de Lira y Santiago Domínguez Luna, se den a la tarea de crear una Ley Estatal de Responsabilidad Ambiental a partir de la cual, se garantice que el daño ambiental que produzcan tanto las personas físicas como las colectivas (empresas), sea compensado a través de sanciones y multas que se destinen a un fondo que tenga como único fin, la realización de acciones de remediación de los lugares afectados. Para lograr lo anterior, se deberá armonizar toda la normatividad que se involucra con el aspecto ambiental y que se encuentra vigente en Zacatecas partiendo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas (Artículo 30), el Código Penal para el Estado de Zacatecas (Artículos 386 al 392) la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley de Desarrollo Social, Ley de Salud, Ley del Cambio Climático, Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Orgánica de la Administración Pública y, como parte de las reformas de ésta última disposición, el Ejecutivo Estatal deberá promover en el ejercicio de sus atribuciones, la creación de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente para facilitar la ejecución de las disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidad Ambiental que estoy proponiendo. Debo puntualizar que en el ámbito federal, ya se cuenta con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que tiene como propósito regular la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de los daños cuando sean exigibles por procesos judiciales federales descritos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, procedimientos administrativos y los que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente; esta ley, es reglamentaria del artículo 4º constitucional y tiene por objeto proteger, preservar y restaurar el ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar y, a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental. En este contexto, propongo también la realización de debates convocados por la Legislatura Local y el Poder Ejecutivo, donde se invite a expertos en materia de recursos hídricos, cambio climático, derecho ambiental, minería, suelo, aire y, en general, en todas aquellas áreas que deben tener un tratamiento especial para incorporar parámetros científico-jurídicos a la Ley, con el fin de contar con una disposición de vanguardia y jurídicamente bien sustentada para que ni el mismo Presidente y el poder económico que le tira los hilos, puedan evadir sus alcances. Es necesario fortalecer también las instituciones que ya trabajan por los derechos humanos inherentes al ambiente, tal es el caso de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y las Delegaciones Federales de PROFEPA y SEMARNAT, sobre estás últimas, es urgente pensar en los próximos perfiles idóneos para ser incorporados en calidad de delegados, pues ahora, los que ejercen el cargo se encuentran en la promoción de campeonatos mundiales de rebote y próximas candidaturas a presidencias municipales; actividades decorosas y que corresponden a aspiraciones exclusivamente personales en contraposición a los intereses ambientales que nos son comunes y que gracias al Presidente de la República, se encuentran en el subsuelo como resultado de la controversia constitucional interpuesta el pasado14 de Febrero contra los impuestos ecológicos descritos en la Ley de Hacienda del estado y que dan un golpe bajo a las aspiraciones ambientales de los zacatecanos. El mensaje es claro, prevalece el interés económico por sobre los intereses de un desarrollo sostenible que no acaba por ser una realidad ni a nivel nacional y menos a nivel estatal. Así, considero que Zacatecas no debe ser visto como una entidad endeble y a las órdenes de los hombres más ricos del mundo, por el contrario, propongo el fortalecimiento del sistema jurídico ambiental, de las instituciones y de la coordinación respetuosa entre los poderes estatales, solo así, tendremos otro trato de las divinidades económicas y lograremos un territorio más equilibrado, sano y ambientalmente sostenible. Ojalá. ■

*Integrante del Consejo Mundial para la

Defensa de los Derechos Humanos

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