Califica el líder minero Carlos Pavón al Impuesto Ecológico como “un capricho”

Califica el líder minero Carlos Pavón al  Impuesto Ecológico como “un capricho”
Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico ■ foto: Alma Ríos

■ El gobierno tellista busca “satanizar” a las empresas mineras y al gremio con la sociedad, dice

■ El único fin del gravamen es cubrir los huecos que han dejado malas administraciones, afirma

Luego de que el Ejecutivo federal interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a fin de anular el Impuesto Ecológico propuesto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas por el gobierno de Alejandro Tello Cristerna, Carlos Pavón Campos, líder minero que se ha manifestado en contra del gravamen alegando que pone en peligro las fuentes de empleo que significan las mineras en la entidad, reiteró su postura y lo calificó como un “capricho”.

Alegó en entrevista, que “así como lo están poniendo”, los consorcios “tienen que pagar muchos millones de pesos”, con lo que aseveró, la actividad dejaría de ser un negocio para los inversionistas.

Para Pavón Campos la controversia constitucional es “una cuestión de legalidad porque las mineras están regidas por el ámbito federal”.

El secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico (SNMM) aseveró que el gremio que representa no fue azuzado por Minera Madero SA de CV para quien trabajan distintas de sus secciones, a fin de hacer las movilizaciones y tomas carreteras en las que han expresado la defensa de su fuente de empleo, pero dijo que la empresa sí le dijo “que ya fuéramos formando una comisión para ver el cierre de Madero”.

Aludió en repetidas ocasiones a las carátulas que ha presentado el consorcio ante la Secretaría de Hacienda para argumentar que según el documento, el año pasado tuvo ganancias aproximadas a los 9 millones de pesos, “y si entra el impuesto van a pagar 20 o 30 millones al año, entonces ¿qué negocio sería esto?”.

No obstante el líder sindical mencionó que él mismo ha impugnado cada año lo que Minera Madero SA de CV notifica a la dependencia federal que son sus utilidades al momento de reclamarlas en el reparto especificado por la Ley Federal del Trabajo.

“Es una carátula que está sellada por Hacienda y donde nosotros nos hemos inconformados todos los años porque tampoco estamos de acuerdo”, dijo.

No obstante, es con esta información que sostiene que la empresa no tendría capacidad para pagar más gravámenes, y por tanto, se encuentra en peligro de cerrar afectando a más de ocho mil familias que dependen de ella directa e indirectamente, si se logra implementar el Impuesto Ecológico.

El líder sindical dijo haber presentado el documento de 2016 a la secretaria de Gobierno, Fabiola Torres, “y nos dicen, es que están amañadas, yo no sé si están o no amañadas, pero es de Hacienda, inclusive nosotros nos inconformamos en cada reparto de utilidades de las empresa que vuelve Hacienda a revisar y nos dice, es que está correcto ¿entonces quién está mal, ellos o Hacienda?”.

Dijo que ante la implementación del gravamen estatal las empresas extractivas podrían cancelar sus actividades de explotación “porque los empresarios son económicamente fuertes, están acostumbrados a ´negociar´ y a invertir, entonces ¿quién nos no nos dice que empiecen a cerrar minas con tal de presionar al gobierno y quite el impuesto?”.

Los consorcios extractivos tendrían la posibilidad de dedicarse sólo a la exploración, sostuvo, ya que la Ley Minera les otorga concesiones por 50 a 100 años que, además, les permiten negociarlas entre sí, venderlas y comprarlas.

“Ahí está la Ley minera, hay que entrarle también a ese puntito para poder definir”, pues dijo, para el caso de las empresas “no puedes poner tu tienda aquí y al día siguiente te digo la tienes y ahora me tienes que pagar tanto, díganles qué significa a las empresas y ellas sabrán si invierten o no invierten”.

Carlos Pavón Campos dijo reiteradamente defender sus fuente de trabajo y para eso se manifestó en contra de la orientación ecológica del impuesto estatal, pues sostuvo, “somos testigos de que las minas tienen auditorías sobre el impacto ambiental (…) entonces están cumpliendo con todas las normas mexicanas e internaciones”, como manifestó, también lo certifica la Semarnat.

Dijo que el único fin del impuesto es cubrir los huecos que han dejado malas administraciones gubernamentales y señaló como “curioso” que aunque Guillermo Huízar Carranza, secretario de Finanzas con Miguel Alonso Reyes hizo muchas denuncias contra el gobierno de Amalia García, ahora Jorge Miranda Castro, quien fuera el titular de la Sefin con la ex gobernadora, sea el encargado de la misma cartera en la presente administración, que por cierto, recibió otra vez de Huízar Carranza.

“Entonces entre ellos se cubren y llévese la fregada a quien se lleve”, por lo que pidió que primero se investigue los desfalcos que se han socializado hubo en estas administraciones y luego se incrementen los impuestos a las empresas extractivas. Aseveró que el gobierno tellista busca con este tema “confrontar “y “satanizar” tanto a las empresas mineras como al gremio con la sociedad.

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