Es imposible que los proyectos que la Universidad pactó con instancias de Gobierno Federal no los haya firmado el rector, que en ese entonces era Armando Silva Cháirez. Y también es fácil saber que las irregularidades cometidas por funcionarios universitarios (y reportadas por esta casa editorial) fue posible por algunos avales de la cabeza de la institución y representante legal de la misma; es decir, que las anomalías fueron posibles gracias al consentimiento de Silva Cháirez. Diremos por qué eso es así: la normatividad dice que esos recursos debieron ser administrados por conducto de funcionarios centrales, y tuvo que haber una orden expresa del rector para trasladar su manejo íntegro a una facultad específica, en este caso la unidad de Contaduría. Los convenios para dichos proyectos los firmó el rector porque es el único representante legal autorizado para hacerlo, y por los montos destinados a dichos proyectos (hablamos de millones de pesos) no puede no haber monitoreo sobre los mismos. Así las cosas, es imposible que en las irregularidades no esté involucrado el rector en turno. De la misma manera el contralor: es obvio que sabía qué se hacía con dichos recursos y sin embargo firmaba los documentos para hacer aparecer que todo estaba en orden.
Con este escenario, debemos preguntar: ¿quién va a investigar el caso?, ¿los mismos involucrados? (pensando en el contralor), ¿el Tribunal Universitario que está bajo el control del grupo del Secretario Administrativo?, ¿o una instancia externa? Cualquiera que sea el caso, la máxima autoridad de la UAZ debe tratar el tema para poner las cartas claras. Traer a comparecer a los involucrados y decidir una ruta para resolver con credibilidad el hecho en cuestión. No hay experiencia en este tipo de asuntos y por ello es comprensible que las autoridades ejecutivas no sepan qué exactamente hacer; y justo por eso, deben poner el caso en manos de la máxima autoridad colegiada de la institución. La Universidad padece de un enorme déficit reglamentario que impide tener certeza en lo que toca hacer en este o en otros casos. Por ejemplo, no cuenta con un reglamento que norme los “ingresos propios” en donde están ubicados los recursos de los que ahora hablamos. En los presupuestos que el Consejo Universitario aprueba, sólo aparecen el subsidio federal y el aporte estatal, pero nunca toman en cuenta los ingresos de la propia Universidad para darles un destino específico; con ello, abren la posibilidad del uso arbitrario de ese dinero. Y a su vez se despliega la posibilidad de la corrupción. La cosa es llegar a la aplicación de la Ley de Responsabilidades en estos casos. Ya existe el antecedente de la orden de detención de un exrector en la Universidad Autónoma de Nayarit. En la UAZ lo importante es que la transparencia ocurra y la impunidad desaparezca. Y con eso, se sustente la confianza de la ciudadanía en el uso de los recursos que se le asignan a nuestra Máxima Casa de Estudios.
