■ Trascendente, que Tello “se haya por lo menos atrevido” a intentar gravar a la minería
■ Necesario, evitar la destrucción ecológica y el despojo de muchas comunidades: Delgado
El momento es propicio políticamente” para que el gobierno de Alejandro Tello enfrente al correspondiente federal a fin de sacar adelante su propuesta de Impuesto Ecológico, pues observó Raúl Delgado Wise, director de la Unidad Académica en Estudios de Desarrollo de la UAZ, “el Ejecutivo federal se encuentra en una situación crítica” al no responder eficazmente a los cambios en el modelo de desarrollo del país que exigen las políticas que está implementando Donald Trump.
El presidente de los Estados Unidos está “dinamitando” el andamiaje sobre el que se ha construido el imperialismo norteamericano, conformado por organismos internacionales, entre ellos, los que controlan el libre comercio a nivel internacional como la OMC, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
El mandatario estadounidense es entonces “producto y resultado” de la crisis del capitalismo y “está realmente marcando el fin” del imperialismo que ha ejercido su país en el mundo, “porque está atacando sus pilares”. No obstante, el gobierno mexicano persiste un modelo de desarrollo neoliberal.
Así el gobernador de Zacatecas “endereza algunos de los elementos donde cometió errores –al tratar de implementar su Impuesto Ecológico-, pero sobre todo, exigir a las corporaciones que paguen algo que es justo y correcto”, y que permitirá abrir “nuevas avenidas” para un desarrollo profundo de la entidad a través de recursos procedentes de la renta minera.
El pasado 14 de febrero la Presidencia de la República a través de su Consejería Jurídica interpuso una controversia constitucional ante la SCJN que busca “anular” el gravamen acuñado por la actual administración del estado de Zacatecas.
Al respecto dijo Delgado Wise, “es importante una lucha de resistencia, y por lo menos, ver cómo parte de esos enormes excedentes que obtienen las mineras se pueden sembrar en proyectos que cambien el perfil de Zacatecas”.
Es ya trascendente que Alejandro Tello “se haya por lo menos atrevido” a intentar gravar a la minería, aunque lo haya hecho “de manera contradictoria y con mala asesoría jurídica”.
Pero es urgente, expuso, que pueda hacerse “algo serio para captar una buena parte” de esta riqueza del estado para Zacatecas mismo, algo “que hasta ahora no se ha tenido”.
El tema es importante en primer lugar porque “es una lucha federalista, hay que recordar a García Salinas en este momento, y segundo, para evitar esta destrucción ecológica y este despojo que se está dando para muchas comunidades”.
“Creo que –Alejandro Tello- ya no tiene mucho que perder y que debería de aventarse porque realmente ahorita está en una situación crítica el Gobierno Federal y tiene que cambiar. Si no se sabe mover en este momento simplemente se va a seguir hundiendo como lo ha hecho hasta ahora”.
“Entonces creo que es un momento propicio políticamente para enfrentarlo y tratar de sacar algo distinto, que además es justo y correcto” para el estado de Zacatecas.
El también docente-investigador en la UAED dijo que es correcto tratar de cobrar un impuesto estatal a la minería, pero el gobernador requería de mejores asesores, y más, de un proyecto, “porque ahorita está huérfano de proyecto de desarrollo para Zacatecas”, como lo está el país.
Es momento de revisar lo que el estado requiere, pues la apuesta por la minería se presenta como “sumamente limitada”, aunque comentó, es importante enfrentar a los consorcios en esta coyuntura para que la riqueza de la entidad, que lleva explotándose y saqueándose desde hace 470 años, se extraiga primero “bajo normas ambientales adecuadas, que no se esté creando este proceso de despojo brutal que se viene dando en Zacatecas y que ha sido muy denunciado”.
Como ejemplo de las posibilidades para el estado en este tema trajo a colación la experiencia del denominado Nuevo extractivismo que se practica en América del Sur, mismo que aunque ha sido criticado, por lo menos a gobiernos como el de Ecuador que encabeza Rafael Correa, les ha permitido cobrar impuestos mucho más altos a la minería que los implementados en México y que le sirven al país sudamericano “para abrir líneas de otros proyectos de desarrollo”.
“Muchos decían: se van a ir las empresas, pero ahí están a pesar de que les cobran un impuesto que es 20 veces o más que lo que cobran en México por la extracción minera”.
En Zacatecas entonces, opinó, sí debe cobrarse un impuesto a las empresas extractivas, pero además de corte federalista cuyos recursos se queden en la entidad.
Recordó el referente de los implementados en Tabasco al momento de iniciar el boom petrolero en los años 70.
Aquella entidad exigió un gravamen por la extracción de petróleo de su subsuelo y recibe aún recursos por esta vía “muy grandes”.
“Aquí en Zacatecas nunca ha habido ningún gobernador que haya sido capaz de exigir un impuesto por los recursos mineros que se extraen en Zacatecas”, por lo que valdría la pena revisar la estructura jurídica del gravamen tabasqueño y aun el caso de Campeche, entidad que también recibe beneficios por sus recursos petroleros.
“Controversia constitucional de EPN confirma su papel en favor del capital”
El que la Presidencia de la República haya interpuesto una controversia constitucional para echar abajo el impuesto ecológico propuesto por la administración de Alejandro Tello “confirma su papel en favor del capital; cumple el guión que le redactaron hace mucho tiempo”.
Enrique Peña Nieto no iba a correr el riesgo de tener que enfrentar a las empresas mineras en los tribunales internacionales establecidos a través de acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio, expuso René Ruiz Garduño, investigador en el Centro Regional de la Universidad Autónoma de Chapingo.
“Dotado de un equipo que funciona como una maquinita aceitada en favor del capital mundial no corrió el riesgo de sentar un precedente, que la gente incauta pensábamos se podía establecer positivamente para los demás estados de la República, para que ahora sí dictaran el pago de impuestos estatales” a la minería.
En lo político, la lectura que puede hacerse del episodio aún pendiente de resolverse en el máximo tribunal del país, es “que estamos acudiendo a una derrota más para el tellismo, una derrota directa que evidencia su falta de equipo de políticos, políticos”.
Su Secretaría General de Gobierno y las correspondientes de Finanzas (Sefin) y de Agua y Medio Ambiente (SAMA), no fueron capaces de advertirle de la “inoportunidad legal” de los impuestos ecológicos, pues ya se había observado por algunos investigadores que no eran procedentes.
Estamos en un país donde se hacen cumplir las leyes que hacen subsistir al modelo económico vigente, “no se vale que una ley estatal las ponga en entredicho, por ejemplo, a la Ley Minera que está a favor del capital globalizado”.
El impuesto propuesto por la administración de Alejandro Tello seguirá la misma dinámica que una hipotética negativa que pudiera ofrecer el Servicio Geológico Mexicano en términos de información a cualquier empresa extractiva, “inmediatamente lo demandarían porque por Ley como país estamos obligados a entregar toda la información a las que lo soliciten, si lo pido yo no me darán nada”, dijo el investigador.
“Entonces no hay quien le advierta al señor gobernador de los pasos que se dan y con esto se abre una puerta para caer en el vacío de manera directa. No hay quien le ponga redes, mallas de protección”.
Económica y políticamente, lo grave es que se sentará un precedente para los 32 estados que conforman la Federación, “de que ningún gobernador puede bajo el esquema que intentó Tello Cristerna (y que en el fondo fue una buena idea solamente, el allegarse recursos vía gravámenes estatales a la minería).
Ese precedente “sentaría jurisprudencia para que a partir de ahí: cero impuestos por parte de las Legislaturas y los mandatarios estatales”.
El Gobierno Federal “tiene abogados un poco más inteligentes” para hacer funcionar el sistema para el que trabaja, que le advirtieron que no podía correr el riesgo de tener que dirimir este asunto en tribunales internacionales, pues era “mandar una señal negativa para un indicador que para ellos es básico, el índice de la inversión directa de las compañías mundiales”.
Rene Ruiz Garduño expuso que hay “una total armonía” entre el Gobierno Federal y los corporativos nacionales e internacionales extractivistas mineros, que implicó incluso que se borrara del discurso del mandatario la declaratoria de creación de la Reserva de la Biósfera para el desierto semiárido de Zacatecas en el contexto de la COP13 celebrada en Cancún, Quintana Roo a finales del año anterior.
“Les iba a implicar límites a los emprendimientos mineros por eso lo borraron de la COP, porque había establecidos compromisos mundiales”.
A reserva de mayores precisiones en el aspecto técnico-fiscal en que se centraría la resolución de la SCJN, queda claro que el Ejecutivo federal está argumentando con la medida que el impuesto ecológico no procede, y garantizando con ello “el cumplimiento de leyes superiores y las tasa de ganancias de las empresas trasnacionales y de sus amigos: Larrea, Bailléres y Carlos Slim”.
En el aspecto económico este revés perpetrado desde la Presidencia de la República a la iniciativa del gobernador del estado de Zacatecas, “nos pega directamente, pues no va a poder recaudar los más de mil millones de pesos que tenía proyectados”.
En ese sentido, el pueblo zacatecano debe prepararse para más restricciones “porque los diputados no van a dejar de ganar, tampoco el Ejecutivo estatal. Prepararnos para más impuestos y ajustes” que absorberá el “pueblo llano”, el que viaja en autobús, pagar renta e impuestos, y que no puede ampararse.
