■ Hay elementos técnicos, jurídicos y constitucionales para sostener su viabilidad: Salas
■ En caso de decretarse la suspensión de pagos, no afectaría este año, señala coordinador
Gobierno del Estado “era consciente” de que la oposición al Impuesto Ecológico podía llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); “no nos extraña”, aseguró el coordinador general Jurídico, Jehú Eduí Salas Dávila.
Tras la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo federal, el funcionario sostuvo que “sabíamos que con toda seguridad podía ocurrir y creo que tenemos los elementos técnicos, jurídicos y constitucionales” para sostener la viabilidad legal del impuesto.
Asimismo, dijo que todavía no tienen una notificación formal de este procedimiento y recalcó que no conocen los argumentos esgrimidos por Gobierno Federal.
Aun así, expuso que “sí los suponemos” pues desde el diseño del gravamen en la Ley de Hacienda del estado, y teniendo en cuenta que es una “novedad” en el país, sabían “con mucha seguridad que iba a ser muy fuertemente cuestionado” por las empresas sujetas al impuesto y por el hecho de que puede generar “variaciones de criterios entre la Federación y los estados”.
Salas Dávila puntualizó que en la nueva figura impositiva se ejercen algunas facultades concurrentes en materia de creación de gravámenes “que pudieran generar visiones distintas”, ya que la propia Constitución establece que tanto el estado como la Federación tienen la facultad de establecer impuestos en materia ecológica y de impacto ambiental.
Esto, abundó, está determinado de manera más precisa en la Ley de Equilibrio Ecológico, puesto que se deja abierta la posibilidad de que las entidades normen todo lo relacionado con controles de la contaminación que se genere por el aprovechamiento de sustancias que no están reservadas para la autoridad federal.
En este sentido el coordinador general Jurídico añadió que, de las sustancias incluidas en los cuatro componentes del impuesto ecológico, “ninguna está regulada en forma exclusiva por la Federación”.
Estos son algunos de los argumentos que tiene Gobierno del Estado para defender la constitucionalidad del nuevo gravamen y, por tanto, el funcionario concluyó que tiene “confianza en el trabajo que se hizo y en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá emitir un fallo que determine con toda claridad y para todos los estados cuáles son los límites reales y efectivos para normar en materia ecológica”.
Salas Dávila dijo que por el momento desconocen si en su fundamentación de la controversia constitucional el Gobierno Federal está solicitando una suspensión del cobro de este impuesto. Reconoció que ésta es una posibilidad que existe pero expuso que, para admitirla, la SCJN debería valorar el impacto que esta decisión tendría “en la viabilidad financiera de todo un estado”.
En caso de que se decretara una suspensión de los pagos, es decir, que se le negara al Gobierno del Estado la oportunidad de recaudar más de mil millones de pesos por este concepto, el funcionario consideró que por los plazos de este tipo de procedimientos no sería una situación que afectara en este año.
Por ello, indicó que “este ejercicio fiscal podría transcurrir conforme a lo proyectado y, para el próximo ejercicio, tenemos condiciones para establecer mecanismos alternativos”.
No obstante, si se diera una medida de estas características en el presente año, apuntó que para hacer frente a la situación que se viviría ante la falta de estos ingresos tendrían que implementarse acciones de racionalización del gasto.
El coordinador se refirió a las opiniones que se han estado emitiendo sobre este tema y que apuntan a un trasfondo político en la decisión del Gobierno Federal. Sin embargo, recalcó en ese tenor que se trata de un asunto “eminentemente” jurídico.
Expuso que “no es nuevo” que la Federación cuestione ordenamientos locales por invasión de competencias o inconstitucionalidad. Recordó que ya en Zacatecas había sucedido en 2014 con la controversia constitucional en contra de la Ley de Educación y en 2015 con procesos en contra de otras tres leyes.
Admitió que en este tipo de procedimientos “es común que la corte establezca y ordene modificaciones de una parte de la norma”, y no del texto en su totalidad.
Aparte de la controversia constitucional del Ejecutivo federal, Salas Dávila informó que actualmente hay cuatro amparos que engloban la inconformidad de 25 empresas mineras y los cuales están siguiendo ya su curso.
Hay otros dos juicios de este tipo promovidos por compañías cerveceras que también se están desahogando y, además, advirtió que son los únicos en los que se ha decretado una suspensión provisional del pago del impuesto, la cual en próximos días estará determinándose si se aplica de manera definitiva o no.
Otro amparo corresponde a la Asociación de Ingenieros en Minas, Metalugistas y Geólogos de México (Aimmgm); éste precisó que fue admitido y se está desarrollando pero, en este caso, a la parte quejosa le fue negada cualquier suspensión del impuesto dado que la autoridad judicial “estimó que no se les afectaba de forma directa” con este gravamen.
El funcionario informó que hay otros 7 juicios de amparo, 5 de empresas mineras y 2 de sindicatos, que se encuentran “prevenidos” por el juzgado a la espera de que se corrijan y aclaren algunas fallas o deficiencias en el escrito de la demanda.
Coinciden legisladores en defender el gravamen creado por el mandatario estatal
La interposición de una controversia constitucional contra el Impuesto Ecológico por parte del Gobierno de la República fue un tema abordado en los asuntos generales de la sesión ordinaria de la comisión permanente de la 62 Legislatura local, llevada a cabo este martes.
La coincidencia entre los legisladores que intervinieron fue la de defender el gravamen para que se logre que “los que tiene más, paguen más”, de forma que las compañías principalmente mineras retribuyan al estado parte de la riqueza que por años han extraído del subsuelo zacatecano.
Las diputadas del Partido del Trabajo (PT) y de Acción Nacional (PAN), Geovanna Bañuelos de la Torre y Lorena Oropeza, respectivamente, mencionaron en sus intervenciones al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para criticar la postura del Gobierno Federal.
Bañuelos, por ejemplo, consideró que con esta determinación de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “el gobierno de la República, con la mano en la cintura, le da una bofetada al gobierno de Zacatecas”.
Aseguró que el actuar de Peña Nieto y de Gobierno Federal está repleto de “contradicción, ironía y cinismo”.
En este sentido sostuvo que, por un lado, se les pide a los “ciudadanos de a pie” que comprendan la situación crítica en materia financiera que atraviesa el país y el estado de Zacatecas y que, por ello, acepten los incrementos impositivos y de precios en los insumos básicos; mientras que por el otro se intercede para que las empresas mineras, propiedad de los hombres más ricos de México, no contribuyan con impuestos en la entidad.
Bañuelos de la Torre expuso que para el presidente “es preferible quedar bien con los personajes que, pese a su inmensa fortuna, se niegan a contribuir más con su nación”, es decir, con los empresarios mineros entre los que destacó a Alberto Bailleres.
“¿Dónde quedó el amigo de los zacatecanos?”, cuestionó al recordar un evento de Peña Nieto tras ser elegido como presidente, en el que aseguró que sería “amigo de los zacatecanos” por haber sido “el estado más priísta”.
La diputada petista concluyó asegurando que espera que el gobernador Alejandro Tello Cristerna “sepa defenderse y no se doblegue ante su líder político; que demuestre que tiene capacidad de conducir el estado. (…) Es una gran oportunidad que se le está dando para que demuestre que está del lado de los zacatecanos”.
Mientras tanto, la panista Lorena Oropeza sostuvo que “no podemos permitir que ahora hasta el Presidente de la República se venga en contra nuestra. Si Peña tenía un punto de aceptación, creo que en Zacatecas ya tiene menos uno”.
Calificó como errática la decisión federal de interponer esta controversia constitucional contra el impuesto ecológico ante la SCJN, además de que advirtió que de antemano desconfía en este órgano judicial “porque ha atendido a intereses de grupos minoritarios”.
La legisladora expuso que esta política del presidente Peña Nieto responde a los intereses del poder político-económico de México y no a las necesidades de los ciudadanos.
Por su parte el diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Osvaldo Ávila Tiscareño, aseguró que la situación en torno al impuesto ecológico pone de manifiesto la problemática de fondo que tiene que ver con que “son los grandes consorcios, los grandes empoderados de este país, los que menos benefician o aportan a la hacienda pública”.
Sostuvo que siempre, por parte de las autoridades, se les dan facilidades a estas compañías como las mineras o las de manifacturas. Precisó que, bajo el argumento de que generan empleos, se les construyen carreteras de acceso y se les pavimentan las entradas a sus instalaciones.
“No podemos perder de vista que no puede ser todo para allá y que deben entender el sentido de responsabilidad. Hoy se les pide que contribuyan a la hacienda estatal y no quieren”, concluyó.
El legislador tricolor recalcó la necesidad de que, ante los embates en contra la nueva figura impositiva creada en Zacatecas, se tienen que cerrar filas “y ojalá que el gobernador cuente con el respaldo de la razón, que es que, a final de cuentas, los que más reciben, aporten”.
