■ Pretende dar marcha atrás a “efectos y consecuencias jurídicas que deriven” de aplicación de gravamen
■ La SCJN determinará los límites de las facultades entre los estados y la Federación para reestablecer contribuciones que busquen proteger el equilibrio ecológico: Godezac
■ Gobierno Federal otorga a las mineras más crédito de lo que recauda por explotación
La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó el pasado 14 de febrero una controversia constitucional contra el Impuesto Ecológico creado en Zacatecas por el gobierno de Alejandro Tello Cristerna, con el que estiman que ingresen a las arcas públicas más de mil 200 millones de pesos.
El titular de la Consejería, Humberto Castillejos Cervantes, presentó el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el ministro Luis María Aguilar Morales, ordenó la instrucción del procedimiento bajo el expediente número 56/2017, radicado en la Sección de Trámites de Controversias Constitucionales.
Con la controversia, Gobierno Federal busca dar marcha atrás a los “efectos y consecuencias jurídicas que deriven” de la aplicación en ese estado, de un nuevo impuesto creado para la industria minera instalada en la entidad.
Responde Godezac
Mediante un comunicado, Gobierno del Estado de Zacatecas informó que no “ha sido notificado por ninguna vía” de la controversia constitucional que interpuso el Ejecutivo federal contra el Impuesto Ecológico propuesto por la presente administración.
Jehú Edui Salas Dávila, coordinador general Jurídico señaló no obstante, que a través de listados de acuerdos electrónicos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pudo conocer “del posible planteamiento” del citado recurso interpuesto por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
En este sentido precisa que se tiene conocimiento de la radicación de la demanda, pero no si fue admitida y turnada para su resolución por el máximo tribunal del país.
En el comunicado, Salas Dávila asevera que el proceso legislativo mediante el que se aprobó por mayoría en la Legislatura local la Ley de Hacienda que involucra el Impuesto Ecológico, “cumplió con todos los principios constitucionales”.
Señaló asimismo que la resolución que pudiera emitir la SCJN al respecto, “determinará los límites de las facultades concurrentes entre los estados y la Federación para reestablecer contribuciones que busquen proteger el equilibrio ecológico”.
Ayer el diario Reforma informó que el Ejecutivo federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la consejería jurídica que encabeza Humberto Castillejos, “invalidar los cuatro impuestos ecológicos” propuestos por la administración de Alejandro Tello Cristerna, ante los que las empresas mineras han expresado su rechazo, entre otras formas, con manifestaciones de su base laboral y amparos.
El recurso, según el diario de circulación nacional, habría sido interpuesto el pasado 14 de febrero como una controversia constitucional, que también precisa, implica como vía de impugnación el alegato de la Presidencia de la República de que el estado de Zacatecas “invadió atribuciones exclusivas de la Federación, por crear impuestos que gravan bienes nacionales, y que parecen estar claramente dirigidos a la industria minera”.
El medio también consigna la postura del gobierno de Tello Cristerna, al señalar que el gravamen no aplica a la extracción de minerales (ya sujeta a impuestos federales), sino que se sustenta en facultades que le otorgan a la entidad las leyes generales, de Equilibrio Ecológico y Cambio Climático.
Precisa asimismo que tanto mineras y su sindicato, como Grupo Modelo, se han amparado ya contra este impuesto estatal, y que se requeriría para invalidarlo, como lo solicita el Ejecutivo federal, por lo menos el voto de ocho de los 11 magistrados que integran la SCJN.
También ayer el periódico La Jornada, en nota de Susana González G., consigna con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que el Gobierno Federal otorgó en 2015 créditos a empresas mineras por un monto superior a los ingresos recaudados por derechos de explotación del subsuelo mexicano.
El pasado 2015 los créditos facilitados a las mineras por el Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi) dependiente de la Secretaría de Economía superaron “en 2.5 veces o 159.6 por ciento” lo recaudado por los derechos de explotación de minerales del país.
El Fifomi otorgó de manera directa 12 mil 389 millones 859. 8 mil pesos en créditos a consorcios extractivos, mismos que representan “más del doble de los 4 mil 774 millones 412 mil pesos que recaudó el Estado hace dos años por derechos mineros”, según la revisión aplicada por la ASF.
La información exhibe que aunque el Fifomi tiene como objetivo apoyar a empresas pequeñas y medianas, desde 2011 y hasta 2015 ha incrementado su respaldo a “grandes compañías”, quienes además recibieron apoyo del fideicomiso para gestionar 3 mil 745 millones 340 mil pesos en créditos adicionales obtenidos a través “de intermediarios bancarios y especializados”.
Da cuenta de que las grandes empresas extractivas acapararon ya 73.6 por ciento de la explotación mineral del país y también los títulos de concesión, pues “en 2001 el promedio de hectáreas de por concesión fue de apenas 300 y en 2015 rebasó 2 mil por título”.
En su auditoría, se apunta, la ASF revisó sólo créditos directos otorgados por el Fifomi a empresas mineras; en dos de ellos, que ascienden en conjunto a 127 millones 719.8 mil pesos, registra la nota periodística, “no se proporcionaron los informes de verificación de la garantía, con los que se constata la existencia, estado físico y posible valor de los inmuebles dejados en garantía”.
Frente Social por la Soberanía Popular respalda nuevo gravamen de Godezac
“A las empresas mineras no les asiste la razón cuando se oponen a pagar” el Impuesto Ecológico propuesto por el gobierno de Alejandro Tello Cristerna, pues sólo se aplicará a aquellas que contaminen, “si no contaminan, no tiene por qué preocuparse”, expuso José Santos Cervantes, dirigente estatal del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP).
Observó además que el gravamen se aplica a la extracción de “agregados pétreos, andesita, arcillas, arena, caliza, cantera, caolín, grava, riolita, rocas, piedras y sustrato o capa fértil, que son materiales no reservados a la Federación”.
Propuso que el Impuesto Ecológico es una medida tributaria “legítima y justa”, y si los consorcios mineros no están dispuestos a pagarlo o no quieren respetar las normas para proteger la biodiversidad existente en el estado, la administración estatal debe encontrar formas “para que el Gobierno Federal les retire las concesiones y las retome el Estado mexicano”.
No obstante el respaldo expuesto al gravamen acuñado en la presente administración, señaló también que el gobernador contradijo su propia Ley de Hacienda en la que incluyó el citado impuesto, al oponerse a la par al decreto de creación del Área Natural Protegida (ANP) para el Desierto Semiárido de Zacatecas, “porque ha dicho que afectaría a la actividad minera”.
De esta manera señaló que dio “manga ancha” a las empresas extractivas, pues en su lógica, en la medida en que contaminen, “su gobierno recibirá más impuestos”.
La postura del FSSP entonces, es advertirle a Tello Cristerna que si quiere el respaldo del pueblo de Zacatecas frente a las mineras (quienes se han opuesto al gravamen de diferentes formas), “tendrá que defender” el cuidado de la biodiversidad del estado, “sobre todo”, en la zona que comprende el proyecto de declaratoria de la ANP bajo la figura jurídica de Reserva de la Biósfera.
El tema de la emisión de una recomendación dirigida al gobierno de Alejandro Tello en este sentido, fue planteado al relator de la ONU al momento de hablar con él hace pocas semanas, sobre el caso del conflicto entre los habitantes de la comunidad de Salaverna y la empresa de Carlos Slim Frisco-Tayahua, mencionó también Efraín Arteaga Domínguez, integrante del FSSP y representante en la entidad de la Unión de Trabajadores Agrarios (UNTA).
La organización expuso asimismo que la defensa de la zona es también un compromiso adquirido por México en la pasada COP13, celebrada en Cancún, Quintana Roo, en la que se especifica la integración de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad en los planes, programas y políticas sectoriales e intersectoriales, destacándose la preponderancia de aquellos agrícola, forestal, pesquero y turístico, y no así el minero.
El Frente reiteró también su planteamiento a la 62 Legislatura del estado de revisar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2017, pues el gobernador está cobrando “impuestos sobre impuestos”, como en el caso del cobro del 20 por ciento más a la tarifa mínima de agua potable, por concepto de “alcantarillado”, expuso José Santos Cervantes.
Ante la negativa de los Legisladores de abrir un periodo extraordinario de sesiones para este propósito, no queda más que la inminencia del tiempo, pues el próximo primero de marzo deberán iniciar el periodo ordinario, en el que se insistirá aborden la revisión y modificación del Paquete Económico 2017, observaron.
El FSSP anunció una próxima movilización para exigir la apertura de la discusión de estos temas en el Congreso local, para la que aún no ofrecieron fecha, pues deberá consensarse con otras organizaciones.
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