Trascendencia del impuesto de responsabilidad ambiental

Trascendencia del impuesto de responsabilidad ambiental

El pueblo mexicano ha venido manifestando de múltiples maneras que está harto de la corrupción, de la inexistencia de una efectiva rendición de cuentas de sus autoridades y de su ineficiencia para garantizar la seguridad de todos. Una de las formas de expresar ese descontento es la nula disposición de toda la población a aceptar incrementos en sus contribuciones fiscales. Sin embargo, es necesario admitir que uno de los principales obstáculos para garantizar la vigencia real de todos los derechos humanos para toda la población es la baja tasa de recaudación. En 2010 obtuvo una recaudación de 18.8% de su producto interno bruto (PIB), la tasa más baja entre todos los integrantes de la OCDE y la quinta más baja de América Latina (AL). Si descontamos los ingresos provenientes de la explotación de hidrocarburos, la recaudación mexicana desciende a un 14.1 por ciento del PIB para 2010, quedando como la cuarta más baja de AL. Los recursos han llegado a representar hasta la tercera parte de los ingresos del gobierno federal, se ha echado mano de los mismos para financiar, no proyectos de desarrollo con visión a mediano y largo plazo, sino el gasto corriente del Estado mexicano que debería ser cubierto por una recaudación fiscal sana.

Además de la falta de crecimiento económico sostenido a lo largo de las últimas tres décadas, el país tiene alto grado de desigualdad social. Una parte de los mexicanos viven en condiciones materiales similares a los ciudadanos de los países más ricos del mundo. Algunos, inclusive figuran entre las personas más acaudaladas del planeta, lo que coexiste con una realidad de pobreza endémica en la cual se encuentran 53.3 millones de personas, mismas que no pueden gozar de los derechos que les garantiza la Constitución. Los impuestos no se cobran bajo los principios de equidad y proporcionalidad a los que se refiere la fracción IV, del artículo 31 de la Constitución. En las últimas décadas, el gobierno mexicano obtiene sus recursos a partir de dos fuentes: el cobro de impuestos indirectos (impuestos al consumo, por ejemplo) o cobros extraordinarios a la extracción de materias primas. Sin embargo, presenta un descuido sistemático en lo que respecta al cobro de impuestos sobre ingresos, utilidades y ganancias de capital, sobre todo en industrias como la minería. En consecuencia, la política fiscal mexicana no contribuye, como en otros países, a reducir la desigualdad, la que prácticamente no se modifica antes y después de la recaudación fiscal.

Por lo anterior, es evidente que se requiere una reforma hacendaria muy ambiciosa. Algunos especialistas habían sugerido que para cumplir con todos los compromisos del Pacto por México se necesitaba al menos aumentar la recaudación entre 7 y 10 puntos del PIB para que el Estado pudiera contar con los recursos necesarios y cumplir con sus obligaciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los mexicanos. En esa lógica es fácil comprender la pertinencia del llamado “impuesto minero” sobre la extracción aprobado en 2013, con el cual el gobierno mexicano registró una recaudación de alrededor de 2 mil 200 millones de pesos. Para dimensionar lo que representan esos 2 mil 200 millones de pesos, y otra cantidad igual que se recaudaría si se aplica el llamado impuesto de responsabilidad ambiental, aprobado por la Legislatura local en diciembre pasado, en comparación con las utilidades de las empresas mineras, es pertinente citar aquí datos publicados por los periodistas Enrique Méndez y Roberto Garduño que señalan que “Durante los tres siglos de colonia la minería novohispana extrajo 190 toneladas de oro. Ahora, en los últimos 10 años, las empresas mineras extranjeras y nacionales han obtenido del subsuelo nacional 774.667 toneladas del metal áureo.” Según ellos, el negocio de la producción minera entre los años 2009 y 2013, produjo ganancias por 992 mil 702 millones de dólares, lo que significó, al tipo de cambio de 2013, un billón 138 mil 498 millones 821 mil pesos, que se afectó fiscalmente por un raquítico impuesto minero que sólo representaba el 1.8 % del valor de la producción minera nacional.

En el estudio “Survey of mining companies 2011-2012”, el Frasier Institute, de Canadá, señala que de 1990 del siglo pasado a la fecha se han entregado en concesión 96 millones de hectáreas para la explotación minera, y que de ese total 60% lo ocupan empresas de aquel país. También indica que México se encuentra ubicado en quinto lugar, de un total de 94 países, por su potencial minero pues tiene un riesgo-país bajo y está clasificado como el cuarto en el mundo para inversiones mineras favorables; tiene estabilidad política y financiera, así como sistemas legales y contables estilo norteamericano; tiene baja tasa de impuestos y carece de regalías mineras; permite la propiedad extranjera y la repatriación de capital; tiene fuerte apoyo gubernamental, burocrático, y el sector público para la minería cuenta con una fuerza laboral bien entrenada y experimentada, y se encuentra fácilmente disponible. Este reconocimiento de ventajas para el desarrollo de la industria minera se manifiesta en las pingües ganancias de las compañías canadienses ubicadas en México, y permite concluir que están muy lejos de entrar en situación de crisis si aportan al fisco zacatecano el equivalente a cerca de 100 millones de dólares. Mientras que la hacienda estatal logrará disminuir, por primera vez, la proporción de las aportaciones federales en los presupuestos estatales.

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