Ayer domingo, una amplia diversidad de personalidades y organizaciones se manifestaron en distintas ciudades mexicanas. Expresar su repudio al trato que ha venido dando a México y a los mexicanos el nuevo presidente de Estados Unidos fue la demanda unificadora, sin embargo, entre los asistentes se expresaron diferencias en relación con el presidente Enrique Peña Nieto; algunos le manifestaron su apoyo para fortalecerlo ante los graves retos que tiene por delante, como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mientras que otros expresaron su repudio por los agravios acumulados durante su gestión: la desaparición forzada de los de Ayotzinapa, la Casa Blanca, la visita de Trump a Los Pinos, los gazolinazos y otros asuntos que, en su momento, conmovieron a la opinión pública. Lamentablemente, las marchas y publicaciones en las redes sociales y medios de comunicación no expresaron la unidad que algunos de sus convocantes pretendían, sino que lo que emergió, una vez más, fue la gran polarización que afecta a toda la sociedad mexicana.
Ante el hecho evidente que en este momento la investidura presidencial no es fuente de unidad, como lo fue en el viejo régimen, hoy se requiere un gran esfuerzo de todos para encontrar los acuerdos en lo fundamental, en lo que garantice nuestra coexistencia pacífica y la inserción creativa de nuestro país en un mundo dominado por la incertidumbre.
Lo primero es reconocer que, como lo refiere el “Grupo nuevo curso de desarrollo” algunas de las explicaciones del fenómeno Trump son de naturaleza económica, entre las cuales destaca la abrumadora evidencia de la explosión de la desigualdad del ingreso y la riqueza al interior de las naciones y la concentración de los beneficios en un muy reducido porcentaje de la población, así como el debilitamiento progresivo, a nivel mundial, de la proporción que representan los ingresos del trabajo frente a los del capital. Estas tendencias han sido exacerbadas por el modelo de globalización adoptado, que ha provocado un muy desequilibrado reparto de los beneficios, al favorecer a grandes consorcios en detrimento de amplios segmentos de empresas y trabajadores; por la creciente automatización y el incremento de la exclusión de millones (principalmente jóvenes) del trabajo y del consumo; por el retiro progresivo de las redes de protección social asociadas al concepto de Estado de bienestar; por el abandono de políticas impositivas de corte redistributivo, y por el trato fiscal preferente que se ha dado al capital financiero sobre las actividades productivas. Éstas son, entre otras, algunas de las causas profundas de la irritación social en México, a las que se suman la exacerbación de la corrupción y la impunidad, la erosión profunda del sistema electoral en su conjunto y la incapacidad gubernamental para reconocer el fracaso de la política contra el crimen organizado.
Mientras la élite del poder en México no reconozca lo anterior, así como la necesidad de buscar unidos los elementos fundamentales de un nuevo rumbo para el país, se mantenga en la idea de que las exportaciones seguirán siendo el motor casi único del crecimiento, y siga apostando a que la simulación en materia de derechos humanos y en el ámbito electoral le seguirá siendo útil para mantener la gobernabilidad, la crispación social aumentará cada vez más rápido y la cohesión social se debilitará hasta niveles insostenibles.
