Patético, que fracción del sindicato minero de Pavón realice acciones con argumentos similares a la parte patronal: Burnes

■ Discurso en rechazo del Impuesto Ecológico es similar al de la Cámara Minera de México

■ “Hay que saludar toda política fiscal que pretenda arrebatar una porción de la renta minera”

■ Necesario, transparentar daños ecológicos provocados por empresas así como su cuantía

Arturo Burnes Ortiz, profesor de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), calificó como “patético, paradójico y contradictorio que una fracción del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana (liderado por Carlos Pavón) realice acciones con argumentos similares a la parte patronal”.

Incluso afirmó que el discurso que emitió esa organización sindical, durante las manifestaciones que ha realizado en días anteriores, en rechazo del Impuesto Ecológico anunciado por Gobierno del Estado, es similar al de la Cámara Minera de México.

Aunado a ello, el sindicato “apela al anticonstitucional Artículo Sexto de la Ley Minera, diciendo que no va a proceder porque esa ley se va a aplicar. Por fortuna la Constitución está por encima de cualquier artículo de cualquier Ley Minera”.

Consideró que un sindicato debe asumirse como representante de los derechos laborales de los trabajadores y no fungir como portavoz de los empresarios al emitir argumentos pro patronales “para querer sacarle las castañas del fuego a las mineras con la mano del gato”.

De acuerdo con Burnes Ortiz, este caso evidencia la profunda crisis de representatividad, de gestión y de democracia al interior del sindicalismo, la cual ha tenido como consecuencia un menor grado de credibilidad, especialmente en los gremios mineros y petroleros, donde “no han aceptado la democracia en su accionar”.

Por otra parte, comentó que toda política económica, en este caso fiscal, no solamente tiene un propósito financiero, sino también un fundamento ideológico y político, por lo que el Impuesto Ecológico responde a determinados objetivos en ese sentido.

Recordó que Gobierno del Estado, independiente de la administración en turno, ha estado a favor de las empresas mineras cuando éstas se confrontan con campesinos o pobladores de las comunidades.

Es decir, el gobierno ha mostrado “una actitud anticonstitucional porque la Constitución determina que el bien común está por encima de todo y el bien común significa el acceso a la tierra y seguir teniendo el disfrute y el modo de vida campesino que ha sido gravemente lesionado por la inversión minera y la aquiescencia del Gobierno estatal”.

Respecto al Impuesto Ecológico del que se ha inconformado el sindicato minero, Burnes Ortiz señaló que “hay una gran paradoja y una contracción: en la conformación de un modelo económico neoliberal, el gobierno zacatecano se anima a plantear una política fiscal que va a contracorriente de la política nacional. Es una paradoja y por eso yo saludo ese intento de reivindicación a nivel estatal de una pequeña parte de la renta minera”.

Sin embargo, Gobierno estatal debe definir, con criterios claros, la asignación final de esos ingresos que se obtengan por medio del denominado Impuesto Ecológico, además de transparentar los daños ecológicos que han provocado las empresas mineras así como su cuantía.

“Debe haber claridad en relación al destino del recurso que se va a recaudar mediante el impuesto, que no sea pragmático y que apoye un auténtico proyecto de desarrollo regional integral. Lo que sería interesante es que se antepusiera el bien común y en ese sentido no fuera solamente la remediación, porque es un impuesto a un daño ya hecho y que debe cuantificarse y demostrarse que existe, sino también la prevención, lo que implica la aplicación de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental que contiene más de 30 procedimientos para regular y disciplinar al gran capital minero”.

No obstante, destacó la iniciativa de Gobierno del Estado de aplicar dicho impuesto, porque se trata de un hecho que no tiene precedente a nivel estatal y nacional desde la entrada en vigor de la Ley Minera de 1992.

Explicó que en la historia de Zacatecas, la minería fue el eje central de su crecimiento económico, pero desde la década de los 80 del siglo pasado, con la aplicación de políticas neoliberales, las utilidades se las lleva el capital extranjero.

Es decir, Burnes Ortiz indicó que “la minería ya no tiene la relación positiva que había entre los sectores y el mercado interno zacatecano: la agricultura, la ganadería, caminos, transportes, y otros sectores que se beneficiaban de la producción minera. Hoy, a partir de los años 80, con la primer mega-minera que hubo en México, Real de Ángeles, desapareció esa relación”.

Con base en esa circunstancia histórica, “hay que saludar toda política fiscal que pretenda arrebatarle una porción de la renta minera, que es una regalía, para Zacatecas. Y más si trata de responder a un dilema central del desarrollo económico regional zacatecano: de parte de las empresas, la maximización de la ganancia a corto plazo y la rentabilidad inmediata sin importar el agotamiento de los recursos naturales; y de parte de la sociedad y la economía zacatecana, el aseguramiento de un desarrollo sostenible con una inversión responsable y que mire al propio desarrollo regional”.

Contrario a ello, manifestó que las empresas mineras que operan en este momento en Zacatecas solamente “arrancan los tesoros de la tierra y no son regresados nunca. No miran hacia un desarrollo regional”.

En ese sentido, el académico señaló que es de llamar la atención que un gobierno se atreva a rescatar una parte, aunque sea mínima, de las cuantiosas ganancias que obtienen las corporaciones mineras, porque “el capital minero es considerado el quinto poder, al grado que ha arrodillado al Gobierno Federal y ha enarbolado la anticonstitucional Ley Minera aprobada en el régimen de Carlos Salinas de Gortari”.

Se refirió al Artículo Sexto de la Ley Minera, el cual plantea que la minería es una actividad de interés público, cuando en realidad es de lucro privado, dispone que es una actividad que no puede ser gravada por estados y municipios, lo cual contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y establece que es una actividad preferencial sobre otras como la silvicultura, la ganadería y la agricultura.

Burnes Ortiz indicó que “este Impuesto Ecológico sobresale a nivel nacional porque contraviene la política de desregulación minera que el modelo neoliberal-extractivista le pone en bandeja de plata al gran capital minero acostumbrado a comportarse con prepotencia y agresividad ante los reclamos sociales de una mayor justicia distributiva de sus grandes ganancias y la ridícula proporción que de ellas dejan en la región, el 0.4 por ciento”.

Insistió que la sociedad es la posesionaría original de los recursos naturales, según lo establece el Artículo 27 de la Constitucional, por lo que toda política fiscal que se aplique al gran capital es de llamar la atención.

El académico concluyó que nadie puede estar en contra del Impuesto Ecológico aplicado a las corporaciones que generan impacto ambiental, “porque las grandes empresas tienen una deuda ecológica y una huella hídrica que es cientos de veces mayor a ese derecho mínimo que se pretende cobrar y que fue aprobado por el Congreso en diciembre del año pasado”.

Arturo Burnes Ortiz, profesor de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), calificó como “patético, paradójico y contradictorio que una fracción del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana (liderado por Carlos Pavón) realice acciones con argumentos similares a la parte patronal”.

Incluso afirmó que el discurso que emitió esa organización sindical, durante las manifestaciones que ha realizado en días anteriores, en rechazo del Impuesto Ecológico anunciado por Gobierno del Estado, es similar al de la Cámara Minera de México.

Aunado a ello, el sindicato “apela al anticonstitucional Artículo Sexto de la Ley Minera, diciendo que no va a proceder porque esa ley se va a aplicar. Por fortuna la Constitución está por encima de cualquier artículo de cualquier Ley Minera”.

Consideró que un sindicato debe asumirse como representante de los derechos laborales de los trabajadores y no fungir como portavoz de los empresarios al emitir argumentos pro patronales “para querer sacarle las castañas del fuego a las mineras con la mano del gato”.

De acuerdo con Burnes Ortiz, este caso evidencia la profunda crisis de representatividad, de gestión y de democracia al interior del sindicalismo, la cual ha tenido como consecuencia un menor grado de credibilidad, especialmente en los gremios mineros y petroleros, donde “no han aceptado la democracia en su accionar”.

Por otra parte, comentó que toda política económica, en este caso fiscal, no solamente tiene un propósito financiero, sino también un fundamento ideológico y político, por lo que el Impuesto Ecológico responde a determinados objetivos en ese sentido.

Recordó que Gobierno del Estado, independiente de la administración en turno, ha estado a favor de las empresas mineras cuando éstas se confrontan con campesinos o pobladores de las comunidades.

Es decir, el gobierno ha mostrado “una actitud anticonstitucional porque la Constitución determina que el bien común está por encima de todo y el bien común significa el acceso a la tierra y seguir teniendo el disfrute y el modo de vida campesino que ha sido gravemente lesionado por la inversión minera y la aquiescencia del Gobierno estatal”.

Respecto al Impuesto Ecológico del que se ha inconformado el sindicato minero, Burnes Ortiz señaló que “hay una gran paradoja y una contracción: en la conformación de un modelo económico neoliberal, el gobierno zacatecano se anima a plantear una política fiscal que va a contracorriente de la política nacional. Es una paradoja y por eso yo saludo ese intento de reivindicación a nivel estatal de una pequeña parte de la renta minera”.

Sin embargo, Gobierno estatal debe definir, con criterios claros, la asignación final de esos ingresos que se obtengan por medio del denominado Impuesto Ecológico, además de transparentar los daños ecológicos que han provocado las empresas mineras así como su cuantía.

“Debe haber claridad en relación al destino del recurso que se va a recaudar mediante el impuesto, que no sea pragmático y que apoye un auténtico proyecto de desarrollo regional integral. Lo que sería interesante es que se antepusiera el bien común y en ese sentido no fuera solamente la remediación, porque es un impuesto a un daño ya hecho y que debe cuantificarse y demostrarse que existe, sino también la prevención, lo que implica la aplicación de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental que contiene más de 30 procedimientos para regular y disciplinar al gran capital minero”.

No obstante, destacó la iniciativa de Gobierno del Estado de aplicar dicho impuesto, porque se trata de un hecho que no tiene precedente a nivel estatal y nacional desde la entrada en vigor de la Ley Minera de 1992.

Explicó que en la historia de Zacatecas, la minería fue el eje central de su crecimiento económico, pero desde la década de los 80 del siglo pasado, con la aplicación de políticas neoliberales, las utilidades se las lleva el capital extranjero.

Es decir, Burnes Ortiz indicó que “la minería ya no tiene la relación positiva que había entre los sectores y el mercado interno zacatecano: la agricultura, la ganadería, caminos, transportes, y otros sectores que se beneficiaban de la producción minera. Hoy, a partir de los años 80, con la primer mega-minera que hubo en México, Real de Ángeles, desapareció esa relación”.

Con base en esa circunstancia histórica, “hay que saludar toda política fiscal que pretenda arrebatarle una porción de la renta minera, que es una regalía, para Zacatecas. Y más si trata de responder a un dilema central del desarrollo económico regional zacatecano: de parte de las empresas, la maximización de la ganancia a corto plazo y la rentabilidad inmediata sin importar el agotamiento de los recursos naturales; y de parte de la sociedad y la economía zacatecana, el aseguramiento de un desarrollo sostenible con una inversión responsable y que mire al propio desarrollo regional”.

Contrario a ello, manifestó que las empresas mineras que operan en este momento en Zacatecas solamente “arrancan los tesoros de la tierra y no son regresados nunca. No miran hacia un desarrollo regional”.

En ese sentido, el académico señaló que es de llamar la atención que un gobierno se atreva a rescatar una parte, aunque sea mínima, de las cuantiosas ganancias que obtienen las corporaciones mineras, porque “el capital minero es considerado el quinto poder, al grado que ha arrodillado al Gobierno Federal y ha enarbolado la anticonstitucional Ley Minera aprobada en el régimen de Carlos Salinas de Gortari”.

Se refirió al Artículo Sexto de la Ley Minera, el cual plantea que la minería es una actividad de interés público, cuando en realidad es de lucro privado, dispone que es una actividad que no puede ser gravada por estados y municipios, lo cual contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y establece que es una actividad preferencial sobre otras como la silvicultura, la ganadería y la agricultura.

Burnes Ortiz indicó que “este Impuesto Ecológico sobresale a nivel nacional porque contraviene la política de desregulación minera que el modelo neoliberal-extractivista le pone en bandeja de plata al gran capital minero acostumbrado a comportarse con prepotencia y agresividad ante los reclamos sociales de una mayor justicia distributiva de sus grandes ganancias y la ridícula proporción que de ellas dejan en la región, el 0.4 por ciento”.

Insistió que la sociedad es la posesionaría original de los recursos naturales, según lo establece el Artículo 27 de la Constitucional, por lo que toda política fiscal que se aplique al gran capital es de llamar la atención.

El académico concluyó que nadie puede estar en contra del Impuesto Ecológico aplicado a las corporaciones que generan impacto ambiental, “porque las grandes empresas tienen una deuda ecológica y una huella hídrica que es cientos de veces mayor a ese derecho mínimo que se pretende cobrar y que fue aprobado por el Congreso en diciembre del año pasado”.

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