■ Próxima, formación de grupo de trabajo para iniciar procedimiento
La solicitud de alerta de violencia de género en Zacatecas fue presentada por la modalidad de violencia feminicida y abarca 11 municipios, que son Zacatecas, Calera, Fresnillo, Guadalupe, Jalpa, Juan Aldama, Ojocaliente, Pánuco, Pinos, Sombrerete y Jerez.
Gabriel González García, representante del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), quien acudió este miércoles a la sesión extraordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres, informó que todavía se está a la espera de que las organizaciones sociales que presentaron la solicitud cumplan con un requisito más para poder admitir el trámite.
Una vez que se inicie este procedimiento se procederá a conformar un grupo de trabajo para el que ya existe una convocatoria lanzada a nivel nacional y estatal, y que será el encargado de evaluar las condiciones que prevalecen en el estado.
Los integrantes de este grupo serán un representante del Inmujeres, otro de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), una persona de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dos representantes de instituciones académicas o de investigación especializadas en el tema de violencia de género ubicadas en el territorio que abarcan alerta y otras dos de instituciones nacionales.
El representante del Inmujeres explicó que hay dos conceptos por los que pueden ingresarse las solicitudes de Alerta de Género. Uno, el que se utiliza para la petición de Zacatecas, es el de violencia feminicida, mientras que el segundo es el de agravio comparado, que se refiere a las situaciones en las que un ordenamiento jurídico o política pública vulneran los derechos humanos de las mujeres.
Señaló que esta herramienta fue pensada como un “mecanismo emergente” para combatir la violencia en contra de las mujeres y erradicar las prácticas misóginas de manera coordinada entre instituciones de los tres niveles de gobierno.
El funcionario federal hizo hincapié en explicar qué no es una Alerta de Género, puesto que “hay muchos mitos” al respecto.
En este sentido, aseguró que no es un mecanismo de sanción a los gobiernos locales, tampoco es un procedimiento persecutorio de las administraciones estatales y municipales, no busca dañar la imagen de estas autoridades ni tampoco sirve para bajar recursos.
En relación al procedimiento, González García explicó que después de que se cumpla con el último requisito por parte de las organizaciones sociales que solicitaron la alerta y ésta se admita, se tiene un plazo de cinco días para conformar el grupo de trabajo antes mencionado.
Éste tendrá como objetivo, puntualizó, analizar el contexto del estado en este ámbito y verificar cómo se está atendiendo el problema, revisando aspectos como el conocimiento que los funcionarios tienen de las leyes estatales, nacionales e internacionales en esta materia, si existen protocolos de actuación y capacitación permanente.
Para este trabajo precisó que se tienen 30 días y posteriormente se emite un dictamen en el que se incluyen las propuestas de mejora y de reorientación de las políticas públicas, y el cual tiene que ser entregado a la Secretaría de Gobernación.
Esta dependencia es la encargada de notificar de estos resultados al titular del Ejecutivo estatal, quien tiene 15 días hábiles para aceptar las recomendaciones. En este caso, dispone de un plazo de seis meses para aplicarlas antes de que el grupo de trabajo regrese a la entidad para revisar los avances.
En caso de que no se hayan cumplido los indicadores establecidos, se declara la Alerta de Género y, también, en el supuesto en el que Gobierno del Estado no acepte el dictamen del grupo de trabajo la declaratoria se hace de manera inmediata.
El funcionario federal refirió que las fallas que se detectan con mayor frecuencia son la falta de coordinación interinstitucional, los vacíos de información, la ausencia de capacitación y de armonización legislativa, así como el acceso real a la justicia para que no haya impunidad.
Por tanto, agregó que las propuestas de acciones que se realizan principalmente se enfocan a tener programas permanentes de capacitación, implementar protocolos de investigación, crear programas de reeducación a agresores y transformación de patrones socioculturales, y generar un banco estatal de datos.
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