El libro “Pensiones… ¿y con qué?” (Fineo, 2014) de Francisco Miguel Aguirre Farías (director general de la empresa “Valuaciones actuariales del Norte S. C.) fue escrito, según su autor, para ayudar a que quienes toman decisiones las tomen bien. Dado que el libro es de carácter general y divulgativo no se encontraran en él las escabrosas ecuaciones que los políticos, rectores y secretarios generales de sindicatos no pueden entender por incapacidad, falta de tiempo o ausencia de buena voluntad. Nos gustaría apoyarnos en ese libro para explicar porqué el problema financiero de la UAZ no tiene salidas económicas, como creen los que analizan intensiva, pero poco extensivamente, el presupuesto universitario, pero sí soluciones políticas que involucran a los universitarios en su conjunto. La estrategia es la siguiente: enumeraremos (no exhaustivamente) el conjunto de errores que han sido cometidos en la universidad a lo largo del tiempo en el manejo de las pensiones, para concluir que la presente situación financiera es resultado natural de esas acciones. Establecido eso argumentaremos que las soluciones económicas no son viables sin antes haber sido fijadas las soluciones a los problemas políticos de fondo. Comenzamos con la enumeración de los errores más notorios. 1.- El sistema de pensiones que estableció la UAZ en los años 70 prometía mucho (el total de prestaciones) pero no fijó aportaciones periódicas que lo capitalizaran. 2.- Aunque hubiera fijado esas aportaciones (de más del 70% del salario para hacerlo medianamente viable financieramente) haber definido como criterio para otorgar la pensión por antigüedad viciaba el sistema porque otorgaba pensiones a personas que no la necesitarían por seguir estando en condiciones de trabajar. 3.- Aunque hubiera tenido aportaciones periódicas y edad mínima, sin un crecimiento exponencial en la población de universitarios no habría, por ser sistema solidario, suficientes universitarios para mantener a los jubilados. 4.- El crecimiento de esa población no resultaba posible porque el crecimiento de la matrícula no lo soportaba. La conclusión de estos primeros 4 puntos es que el sistema de pensiones de la universidad nació muerto. Los universitarios se dieron cuenta de ello y acordaron una reforma seria hasta 1991 (todas las previas eran irrelevantes). En esa reforma lo que hicieron fue abolir ese sistema de jubilaciones para las nuevas generaciones, con mínimos cambios para los que ya tenían ese derecho. Sin embargo…5.- Al reformar a los docentes de nuevo ingreso no hubo liberación inmediata de liquidez: los resultados de esa reforma tendrían impacto en 40 años. 6.-Dado el creciente problema se usó de indicador para tomar decisiones el monto del “pasivo contingente”, que son las obligaciones a pagar por la universidad a futuro. Y ese es un mal indicador. 7.- Con ese indicador a la mano se le otorgó dinero en efectivo a docentes bajo condiciones que no los motiva a jubilarse. Por eso no hubo liberación de efectivo para pagar pasivos inmediatos. 8.- En los convenios de los “vendedores de prestaciones” se estipuló que no cobrarían ciertos beneficios, que se les otorgaron. Así que no hubo liberación de efectivo inmediata, y se siguió pagando a estas personas sin que hubiera obligación de hacerlo. 9.- Ante la creciente deuda se toma la decisión de incrementar el número de docentes sin sustento en la matrícula, lo que incrementa el problema financiero. Conclusión: el presupuesto ordinario no cubre el costo de los contratos colectivos. ¿ Se puede cubrir con la suma de los presupuestos ordinario, extraordinario y propio?. No se sabe, porque la miopía está instalada en el Spauaz: se ignoran plenamente el presupuesto extraordinario y los ingresos propios. Quizá en la creencia que con ello se beneficia a la patronal al darle un “margen de maniobra”. Es irrelevante, porque el asunto clave no es lo económico ya que la situación es bastante clara: la UAZ no tiene los medios de pagar sus obligaciones. Esto liquida el problema económico: su solución vendrá de fuera. Pero lo de fuera no es gratis, y obliga a reformas en los contratos y la administración universitaria. Pero en el escenario previo, de ausencia de dineros, es claro el sentido de las reformas: todos deben poner. Y esto transforma el asunto en un problema político porque ¿quiénes son los que podrán y cuánto?. En el gobierno del Estado ya lo dicen sin caretas: las prestaciones del COBAEZ son “un crimen social y económico” (Gema Mercado dixit, La Jornada Zacatecas, 25/01/17). En la universidad el andamiaje político del Grupo Universidad ya está echado a andar tratando de conseguir que, por las buenas, los diferentes sectores universitarios cooperen: va en ello el éxito de la presente administración. Si no lo logra por esa vía le queda colocar a un secretario general manipulable, cosa que ya está también encaminada en la persona de Miguel Sánchez Salas. Narrado de la manera previa la situación del universitario de a pie no es nada halagueña porque enfrenta fuerzas que desconoce y no quiere conocer. A todos ellos, y entre ellos vamos nosotros, les queda una opción: negarse a negociar cualquier movimiento de lo contratado y no ceder en cuanto a los derechos. No cooperar, no “abonarle”, no “ayudar” a la rectoría. Reconocer que los intereses de la rectoría son diametralmente opuestos a los de los asalariados. ■
